Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Polémica en SCJN: garantizan haberes con sueldos previos al recorte de 2025
La SCJN aprobó calcular los haberes de retiro de los Ministros salientes con base en los salarios de 2024, antes del recorte proyectado. Esto asegura pagos mayores, proporcional al tiempo en la Corte. La ministra Lenia Batres votó en contra
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los haberes de retiro de los Ministros que dejarán su cargo en 2025 serán calculados con base en los salarios vigentes al momento de su renuncia, en octubre de 2023, y no con los ingresos reducidos proyectados para 2025.
Esta decisión fue adoptada en una sesión privada del Pleno, con voto en contra de la ministra Lenia Batres, quien calificó la resolución como apresurada.
La reforma judicial de septiembre de 2023 establece que los ingresos de los Ministros deben ajustarse al tope salarial del Presidente de la República.
Para 2025, esto implicará que su ingreso neto anual pase de 3.7 millones de pesos (con prestaciones) a poco más de 2 millones antes de impuestos, eliminando además beneficios como el pago por riesgo.
El haber de retiro, vigente antes de la reforma, garantizaba:
100% del ingreso durante los dos primeros años tras dejar el cargo.
80% el resto de la vida del exfuncionario.
A partir de 2025, los nuevos Ministros ya no tendrán derecho a este beneficio.
IMPACTO Y CÁLCULO DE LOS HABERES
El Pleno aprobó que los haberes se calculen con base en el ingreso de 2024, lo que representa un aumento del 12.8% respecto al salario reducido de 2025. Además, los pagos serán proporcionales al tiempo que los Ministros hayan servido en la SCJN, ya que ninguno completará su periodo original de 15 años.
A continuación, el porcentaje de haber de retiro para cada Ministro, considerando su tiempo en el cargo:
POSICIÓN DE LENIA BATRES
La ministra Batres criticó la celeridad del acuerdo, argumentando que los Ministros que ingresaron después de 2009 no deberían haber ganado más que el Presidente de la República.
Sin embargo, la SCJN había mantenido desde entonces que las percepciones de jueces no pueden reducirse durante su encargo.
En su nota informativa, Batres señaló que aplicar los ingresos de 2024 beneficiará económicamente a los Ministros salientes, mientras los nuevos nombramientos de 2025 enfrentarán condiciones salariales más austeras.
Esta resolución subraya la transición de la Corte hacia un esquema de menor gasto, aunque no exento de controversias internas.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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