Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Oposición va por regulación de mañaneras. Denunciará persecución del gobierno de AMLO
Dirigentes del PRI, PAN y PRD condenan el “terrorismo de Estado” contra legisladores que votaron contra la Reforma Eléctrica. Dicen que la Reforma Electoral de AMLO no pasará porque es “un dardo envenenado” y anuncian contrapropuesta que incluye segunda vuelta en elecciones presidenciales.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.– La persecución política del gobierno de AMLO y Morena contra opositores, críticos y periodistas, será denunciada formalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Así lo anunciaron Marko Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas y Jesús Zambrano, dirigentes de PRI, PAN y PRD, partidos integrantes de la alianza Va por México, que el año pasado arrebató la mitad de los gobiernos de la Ciudad de México al obradorismo. Ofrecieron el respaldo de la alianza a todo crítico del poder que experimente la persecución.
Los dirigentes de los partidos de oposición condenaron el “terrorismo de Estado”, y en especial la campaña de odio destada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el partido Morena contra legisladores que en ejercicio de sus derechos constitucionales votaron en contra de la Reforma Eléctrica obradorista, desechada a medidados de mes.
Anunciaron, además, que la propuesta de reforma electoral de López Obrador no pasará, pues se trata de “un dardo envenenado” contra el Instituto Nacional Electoral (INE).
SU PROPUESTA DE REFORMA
No obstante, para cumplir con el proceso legislativo, los partidos de Va por México anunciaron que presentarán una contrapropuesta que, entre otros aspectos, instauraría la segunda vuelta para elección de presidente de la República, eliminaría la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, anularía todos los procesos electorales donde participe la delincuencia organizada y sometería a regulación las conferencias mañaneras presidenciales en tiempos electorales.
El dirigente priísta, Alejandro Moreno, consideró que México había superado ya la persecución del derecho a disentir, pero el gobierno obradorista ha emprendido un “terrorismo de Estado” contra políticos opositores, intelectuales, críticos y periodistas.
“Les han abierto investigaciones –condenó el campechano– y se les ha llamado traidores a la patria, por buscar tener un gobierno mejor (…). Es lamentable que todos los días se siga fomentando este discurso”.
Y subrayó que “cualquier tragedia que llegue a ocurrir por este discurso de odio y de división es responsabilidad del gobierno de la República”.
En su oportunidad, el dirigente panista, Marko Cortés Mendoza, consideró que es “inaceptable” que sea perseguido cualquier ciudadano “por alzar la voz, eso en México se había superado hace muchos años”.
Agregó que “no podemos permitir una regresión también en la libertad, en el derecho a disentir, y por eso la coalición Va por México y particularmente Acción Nacional, el partido que yo represento, hace un compromiso de respaldar a cualquier ciudadano de México que hoy se sienta perseguido por este gobierno autoritario”.
Los dirigentes del PAN, PRI y PRD durante conferencia de prensa para dar postura de apoyo al Instituto Nacional Electoral (INE). Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com.
REFORMA ELECTORAL DE AMLO, “UN DARDO ENVENENADO CONTRA EL INE”
Los dirigentes opositores coincidieron en que la propuesta de Reforma Electoral de AMLO no pasará, pero, como ocurrió con la abortada iniciativa de reforma eléctrica, cumplirán con el proceso legislativo y hasta presentarán una contrapropuesta para ello.
En principio dicha contrapropuesta dijo, abordaría seis temas: (1) segunda vuelta para elección de Presidente de la República, (2) obligatoriedad de elecciones primarias organizadas por el INE el mismo día para los todos los partidos para el proceso de selección de candidatos presidenciales; (3) eliminación de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados; (4) prohibición total, con sanciones graves, a quienes usen electoralmente los programas sociales o amenacen a la gente con quitárselos; (5) nulidad electoral en casos donde participe la delincuencia organizada y (6) regulación de las conferencias mañaneras en tiempos electorales.
El panista Marko Cortés Mendoza consideró que la propuesta obradorista de Reforma Electoral es “un dardo envenenado contra el INE”.
Por su parte, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, detalló que los partidos de oposición acudirán a la OEA y la CIDH y a todos los órganos que tengan que ver con la defensa de libertades políticas y de derechos humanos en el ámbito internacional: “Como ya lo empezaron a hacer nuestras legisladoras y legisladores de Va Por México, que acudieron ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, también acudiremos y estaremos mandando información cotidiana a la CIDH, a la OEA y a todos los órganos que tengan que ver con la defensa de libertades”.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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