La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
"No hemos tenido ningún avance”, dice Mario Escobar, padre de Debanhi
A un año del feminicidio, y luego de varias indagatorias, recopilación de testimonios, revisiones de horas de material de videovigilancia, y la realización de dos autopsias al cuerpo de Debanhi, no hay líneas de investigación claras, ni personas detenidas como presuntos responsables.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
EMEEQUIS.– Dolores Bazaldúa, madre de Debanhi Escobar, siente la presencia de su hija todos los días en su hogar. “La sueño muy seguido. Me grita, me habla, es la manera en que se nos presenta. Yo pienso que no está descansando”.
La joven universitaria de 18 años desapareció tras salir de una fiesta y fue asesinada hace un año en Nuevo León. El 21 de abril de 2022, tras 13 días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en la cisterna del Motel Nueva Castilla, ubicado en el kilómetro 15 de la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo.
Se cumplió un año del feminicidio que enlutó al país y puso en evidencia el mecanismo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, que actuó por la urgencia de cerrar el caso sin esclarecerlo.
Tras varias indagatorias, recopilación de testimonios, revisiones de horas de material de videovigilancia, y la realización de dos autopsias al cuerpo de Debanhi, no hay líneas de investigación claras, ni personas detenidas como presuntos responsables.
En las primeras versiones oficiales de las autoridades de Nuevo León, se afirmó que la causa de muerte de la joven fue accidental, al caer de la cisterna, ahora se sabe que murió asesinada por asfixia por sofocación al menos tres días antes de que su cuerpo fuera encontrado; sin embargo, los responsables siguen prófugos.
“No tenemos presuntos responsables. Los avances significativos deben ser ubicar a los presuntos responsables, eso es lo que nosotros queremos y no hemos tenido ningún avance”, refiere Mario Escobar, padre de la joven. “No ha tenido paz mi hija”, cuenta en entrevista con EMEEQUIS.
Padres de Debanhi en la FGR, en enero de este año. Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro.com.
En septiembre del año pasado, la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, tomó la investigación por el feminicidio de Debanhi. Fue hasta noviembre de este año cuando a la familia se le notificaron los primeros avances de la investigación federal.
“Vamos en enero y nos dicen que todas las líneas de investigación están abiertas. En febrero vamos porque había avances, muy significativos pero no de decir ´tengo estos presuntos responsables´. Muy lentos han sido los avances dentro de la Fiscalía”, relata Mario Escobar.
Hasta el momento la familia ha decidido que, para no dañar la investigación en curso, los avances de las indagatorias se mantengan privadas, sin embargo, estas sólo se han centrado en lo que ocurrió al interior del lugar donde fue encontrado el cuerpo de la joven.
Pese a que hay más personas involucradas en el caso, quienes vieron por última vez a Debanhi con vida, no se les ha fijado en las investigaciones federales.
“Le corresponde a la FGR, hacer indagatorias tanto al taxista, como a las amigas de Debanhi y las personas que estuvieron en la fiesta”, explica el padre de la joven, sin embargo, no han comentado avances más allá de buscar en el Motel. “Seguimos con la esperanza de que pronto la Fiscalía tenga noticias, nos den líneas de investigación concretas. La verdad la FGR ha sido muy lenta, pero confiamos que saque información que nos ayude a tratar de esclarecer”.
Diversas colectivas han citado a una marcha para este 21 de abril.
SIN AVANCES CON EMPLEADAS DEL MOTEL
A principios de 2023 fueron vinculadas a proceso dos trabajadoras del motel Nueva Castilla. Se les señala como presuntas responsables por los delitos de encubrimiento y falsedad de declaraciones por el feminicidio de Debanhi.
En la vinculación se estableció un plazo de tres meses para que las imputadas aportaran con pruebas para esclarecer el caso. Tras cumplirse ese tiempo, su defensa solicitó otros tres meses más.
“Acabamos de tener una audiencia virtual, los abogados de la imputada solicitaron tres meses más de plazo…Ellos sólo están haciendo tiempo, pero las señoritas no hablan, no dicen nada, no sé si están compradas o tienen miedo de decir algo”, relata Mario, el padre de la joven.
Desde el momento de la vinculación, las imputadas y su defensa, se han abstenido de presentar más pruebas que permitan conocer quién asesinó a la joven. Tampoco se ha indagado con los dueños del Motel, ni otros representantes del servicio.
Ana Luisa “N” y Elida Yurith “N”, gerente y recepcionista del lugar, son las únicas imputadas por el caso; quienes de no cumplir con lo solicitado, podrán llegar a ser recluidas.
“Ya metiéndolas a la cárcel van a sentir lo que se siente, esperemos que de ahí pudieran aportar algo de información para esclarecer este feminicidio”, afirma Mario, quien espera que después de las trabajadoras también pueda seguir la investigación con los propietarios del establecimiento y las últimas personas que vieron con vida Debanhi.
MARCHA POR JUSTICIA PARA DEBANHI
Para Dolores y Mario, perder a su hija fue cambiar drásticamente toda su vida. Su atención se centraba en la educación y cuidados de la joven estudiante de derecho, quien aspiraba también en prepararse para la licenciatura en ciencias de la comunicación.
“Ha sido mucha impotencia, mucho coraje que tengo hacia las autoridades porque no hicieron el trabajo aquí en Nuevo León. Me siento muy desilusionada, decepcionada de todas las autoridades porque uno confía en que te van a defender y nada, uno es el que tiene que estar luchando para que se resuelva su caso”, dice su madre, Dolores Bazaldúa en entrevista con EMEEQUIS.
Está convencida de que la única forma que su hija y la familia tendrán descanso es con justicia. “Cuando salgan los presuntos culpables y nosotros ya estemos tranquilos. Pienso que también ella no descansa al saber que nosotros estamos acá luchando”.
Para honrar su memoria, y exigir justicia a las autoridades por los feminicidios en Nuevo León, la familia Escobar Bazaldúa convocó a una manifestación el próximo 21 de abril, fecha en que fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven.
El encuentro será a las 2 de la tarde en el Palacio de Gobierno de Nuevo León, donde a través de una movilización pacífica se busca la verdad y justicia para las víctimas.
“La sociedad está cansada de fiscales nefastos y corruptos, quisieron cerrar el caso de Debanhi, le quisieron dar carpetazo. Que México se entere de todos los casos que hay aquí en Nuevo León y de que la Fiscalía no hizo su trabajo”, afirma Mario Escobar.
Esperan que el caso de su hija marque un precedente en la lucha por los feminicidios en México, para que no vuelvan a ocurrir y que las autoridades sepan que las familias no se quedarán calladas ante el descuido e irresponsabilidad por sus investigaciones.
“Sentar el precedente como el 8M, que también existe un 21A, para que no le vuelva a pasar a ninguna niña y todas regresen a su casa con bien. Que se entienda que hubo un antes y un después del 21 de abril, y que la gente no se va a dejar y se va a manifestar por todos los feminicidios de Nuevo León para que esto no vuelva a pasar”.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
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