La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Niños bajo fuego: balacera en Zitácuaro deja un menor muerto y dos heridos
El pasado 19 de junio, un enfrentamiento entre células del CJNG y otros grupos armados en el libramiento J. Múgica de Zitácuaro, Michoacán, dejó como saldo la muerte de un niño de 5 años y dos menores heridos (4 y 10 años), además de vehículos y establecimientos incendiados. A pesar del despliegue posterior de la SSP y la Sedena, no hubo detenidos inmediatos y la Fiscalía local ya investiga los hechos bajo el protocolo correspondiente.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
EMEEQUIS.– La violencia volvió a estallar en plena tarde y, como ocurre con frecuencia dolorosa en México, las víctimas no fueron criminales ni autoridades, sino una familia inocente: un niño de 5 años fue asesinado y sus hermanos de 4 y 10 años resultaron heridos durante un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en este municipio michoacano.
El ataque ocurrió este miércoles 19 de junio, cuando civiles armados protagonizaron una jornada de terror: balaceras, narcobloqueos, vehículos incendiados y comercios atacados en distintos puntos de la ciudad. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y la Secretaría de la Defensa Nacional confirmaron el despliegue de un operativo tras los hechos, aunque —como suele ocurrir— cuando el daño ya estaba hecho.
UNA INFANCIA SILENCIADA POR LAS BALAS
La Fiscalía General del Estado confirmó que el menor fallecido, identificado como E.A.R.R., viajaba junto a su madre y dos hermanos en un vehículo particular cuando fueron alcanzados por disparos cerca del libramiento J. Múgica, una de las zonas más afectadas. La madre y los dos menores heridos fueron trasladados al Hospital Regional, donde se certificó la muerte del niño.
Las escenas fueron propias de un país en guerra: autos calcinados, una tienda OXXO completamente incendiada, otras dos baleadas y el miedo desbordado en escuelas cercanas, donde alumnos fueron grabados resguardándose bajo pupitres mientras se escuchaban los disparos en el exterior.
De acuerdo con reportes oficiales y medios locales, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en pugna con otros grupos criminales en la región. Los enfrentamientos se habrían intensificado como represalia a recientes operativos federales.
Entre los presuntos responsables se encuentra William Edwin Rivera Padilla, alias “El Barbas”, señalado como jefe regional del CJNG en la zona. No hubo detenidos.
Este nuevo episodio de horror vuelve a exhibir la incapacidad del Estado para proteger a la población más vulnerable en territorios dominados por el crimen. La normalización de escenas donde niñas y niños se tiran al suelo en medio de clases para evitar ser alcanzados por una bala, es quizá una de las expresiones más brutales del fracaso institucional.
A pesar del despliegue posterior de fuerzas federales y estatales, la ciudadanía no recibió protección efectiva en el momento más crítico. El saldo: una familia destruida y una comunidad marcada por el miedo.
Las autoridades informaron que ya se realizan investigaciones, pero la historia se repite con dolorosa familiaridad: violencia sin justicia, impunidad sin fin.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
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