El gobierno venezolano anunció una amnistía general para presos políticos, medida inédita que busca borrar causas penales y restituir derechos civiles a cientos de opositores, activistas y periodistas encarcelados en los últimos años. Aunque el chavismo afirma que más de 600 personas han sido liberadas, organizaciones de derechos humanos solo han confirmado unas 300 excarcelaciones y advierten que aún entre 600 y 700 presos políticos permanecen detenidos
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) inició el despido de entre 350 y 500 empleados de confianza como parte de la política de austeridad del Poder Judicial. Analistas, técnicos y jefes de departamento fueron notificados de la terminación de sus nombramientos. El contraste es evidente: mientras se recorta personal y prestaciones, los ministros de la Suprema Corte adquirieron camionetas blindadas de 7 millones de pesos cada una, un gasto que exhibe la distancia entre la austeridad aplicada a la base y los privilegios de la cúpula judicial
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que una célula de “Los Chapitos” fue la responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán. El atentado dejó gravemente heridos a Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, quienes permanecen hospitalizados bajo custodia policial. El gobierno federal desplegó 1,600 militares en Sinaloa para reforzar la seguridad y contener la violencia
El caso del narcotraficante Ryan Wedding desató un choque de narrativas entre Washington y el gobierno de Claudia Sheinbaum. Estados Unidos lo presentó como un operativo encubierto del FBI, mientras México insistió en una entrega voluntaria para evitar reconocer intervención extranjera. La disputa refleja la tensión entre cooperación real y soberanía discursiva: México ha cedido en seguridad y migración bajo presión de Trump, pero cuida cada palabra para no validar una imagen de subordinación.
El gobierno venezolano anunció una amnistía general para presos políticos, medida inédita que busca borrar causas penales y restituir derechos civiles a cientos de opositores, activistas y periodistas encarcelados en los últimos años. Aunque el chavismo afirma que más de 600 personas han sido liberadas, organizaciones de derechos humanos solo han confirmado unas 300 excarcelaciones y advierten que aún entre 600 y 700 presos políticos permanecen detenidos
Mientras ministros compran camionetones de 7 mdp… recortan a 500 empleados del PJF
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) inició el despido de entre 350 y 500 empleados de confianza como parte de la política de austeridad del Poder Judicial. Analistas, técnicos y jefes de departamento fueron notificados de la terminación de sus nombramientos. El contraste es evidente: mientras se recorta personal y prestaciones, los ministros de la Suprema Corte adquirieron camionetas blindadas de 7 millones de pesos cada una, un gasto que exhibe la distancia entre la austeridad aplicada a la base y los privilegios de la cúpula judicial
El gobierno venezolano anunció una amnistía general para presos políticos, medida inédita que busca borrar causas penales y restituir derechos civiles a cientos de opositores, activistas y periodistas encarcelados en los últimos años. Aunque el chavismo afirma que más de 600 personas han sido liberadas, organizaciones de derechos humanos solo han confirmado unas 300 excarcelaciones y advierten que aún entre 600 y 700 presos políticos permanecen detenidos
EMEEQUIS.– El Órgano de Administración Judicial (OAJ) inició el despido de entre 350 y 500 empleados de confianza en todo el país como parte de los ajustes presupuestales de 2026. Analistas, técnicos administrativos y jefes de departamento recibieron notificaciones de terminación de nombramientos, en cumplimiento del acuerdo de disciplina presupuestaria aprobado en diciembre pasado, que ordena reducir en un 10% el costo anual de las estructuras orgánicas.
El OAJ justificó la medida señalando que 92 de cada 100 pesos del presupuesto se destinan a sueldos y salarios, lo que obliga a recortes para “eficientar recursos”.
Mientras cientos de trabajadores pierden su empleo, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación adquirieron recientemente camionetas blindadas valuadas en 7 millones de pesos cada una. La compra, destinada a reforzar la seguridad de los altos funcionarios, ha generado críticas por el contraste entre la austeridad aplicada a la base administrativa y el gasto millonario en privilegios para la cúpula judicial.
El OAJ, creado tras la reforma judicial, administra un Poder Judicial con casi 50 mil servidores públicos. De ellos, más de 11 mil pertenecen a áreas administrativas y auxiliares, donde se concentran los despidos. Este sector, integrado por trabajadores de confianza no sindicalizados, es el más vulnerable a los recortes.
Desde su inicio en septiembre, el organismo ha enfrentado protestas por falta de pagos y ajustes salariales. En noviembre, más de 500 jueces y magistrados reclamaron indemnizaciones extraordinarias que se retrasaron por meses. En enero, secretarios y actuarios denunciaron un recorte de 2,642 pesos quincenales en su salario por concepto de “ayuda de traslado”.
El discurso oficial habla de disciplina presupuestaria y eficiencia, pero los hechos muestran una austeridad selectiva: mientras se despide a cientos de empleados y se recortan prestaciones, se mantienen gastos de lujo para la élite judicial.
El contraste entre los despidos masivos y la compra de camionetas blindadas refleja la distancia entre quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de los tribunales y quienes ocupan las posiciones más altas del Poder Judicial.
El recorte de personal y la adquisición de vehículos de lujo envían un mensaje contradictorio: austeridad para la base, privilegios para la cúpula. En un contexto de creciente descontento laboral y presión social, la legitimidad del Poder Judicial enfrenta un nuevo desafío: justificar cómo se despide a cientos de trabajadores mientras se destinan millones a blindar la comodidad de unos pocos.
El gobierno venezolano anunció una amnistía general para presos políticos, medida inédita que busca borrar causas penales y restituir derechos civiles a cientos de opositores, activistas y periodistas encarcelados en los últimos años. Aunque el chavismo afirma que más de 600 personas han sido liberadas, organizaciones de derechos humanos solo han confirmado unas 300 excarcelaciones y advierten que aún entre 600 y 700 presos políticos permanecen detenidos
El Órgano de Administración Judicial (OAJ) inició el despido de entre 350 y 500 empleados de confianza como parte de la política de austeridad del Poder Judicial. Analistas, técnicos y jefes de departamento fueron notificados de la terminación de sus nombramientos. El contraste es evidente: mientras se recorta personal y prestaciones, los ministros de la Suprema Corte adquirieron camionetas blindadas de 7 millones de pesos cada una, un gasto que exhibe la distancia entre la austeridad aplicada a la base y los privilegios de la cúpula judicial
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que una célula de “Los Chapitos” fue la responsable del ataque armado contra los diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán. El atentado dejó gravemente heridos a Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, quienes permanecen hospitalizados bajo custodia policial. El gobierno federal desplegó 1,600 militares en Sinaloa para reforzar la seguridad y contener la violencia
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