En un nuevo capítulo de las contradicciones entre Sheinbaum y Harfuch, la presidenta dice que Rocha Moya cuenta con resguardo de la Guardia Nacional. Ayer el titular de Seguridad lo negó.
De nombre Paulina González Garibay, la funcionaria de CFE tuvo ingresos relacionados con su cargo por 60 millones de pesos en 2023, según su propia declaración patrimonial. Posteriormente, le prohibieron el ingreso a las instalaciones.
Cuautla se queda sin presidente ante el escape de Jesús Corona Damián, acusado por extorsión, quien sigue sin ser capturado. "La gobernabilidad está garantizada", asegura la síndica, sin embargo, no hay relevo aún.
Rocha Moya está en Sinaloa: “No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México, tiene policía estatal hasta donde tenemos entendido”, dice Harfuch, quien antes aseguraba lo contrario.
En un nuevo capítulo de las contradicciones entre Sheinbaum y Harfuch, la presidenta dice que Rocha Moya cuenta con resguardo de la Guardia Nacional. Ayer el titular de Seguridad lo negó.
La periodista Dianeth Pérez Arreola, directora de Brújula News BC, denuncia un intento de intimidación judicial por parte de la FGR tras cuestionar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, sobre presuntas irregularidades en la planta potabilizadora La Nopalera. Colectivos de periodistas y la organización Artículo 19 condenan la acción.
En un nuevo capítulo de las contradicciones entre Sheinbaum y Harfuch, la presidenta dice que Rocha Moya cuenta con resguardo de la Guardia Nacional. Ayer el titular de Seguridad lo negó.
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Le cae la FGR a la periodista Dianeth Pérez tras una pregunta incómoda que le hizo a la gobernadora de BC Marina del Pilar Ávila.
EMEEQUIS.– Otro caso de censura se suma a la larga lista de acoso contra periodistas en México por parte de gobernantes de la 4T. Esta vez, la reportera Dianeth Pérez Arreola, directora del portal Brújula News BC, denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) la citó a comparecer tras cuestionar a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, sobre presuntas irregularidades en la planta potabilizadora La Nopalera.
“Es un intento de intimidación (…) esto le va a pasar a quien haga investigación y preguntas”, advirtió Pérez en sus redes sociales.
El 6 de agosto, durante la conferencia matutina de la gobernadora, Dianeth solicitó información sobre el contrato de ampliación y modernización de la Planta Potabilizadora La Nopalera, señalando posibles nexos de la empresa ganadora con el crimen organizado. Según la periodista, ni la gobernadora, ni el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Víctor Amador, pudieron responder el nombre de la compañía ni explicar la doble licitación.
“En esa mañanera se expuso como asunto principal el tema de la infraestructura hídrica en el estado, pero poco o nada se habló de la importante obra de ‘La Nopalera’. Tras la pregunta, ni el secretario del agua ni la gobernadora supieron decirme el nombre de la empresa ganadora, ni el por qué se hizo una doble licitación”, relató Pérez Arreola en su portal.
En esa mañanera la gobernadora se nota visiblemente contrariada y pide a la periodista no hacer ese tipo de aseveraciones sin pruebas. Anticipa que la FGR podría intervenir para pedirle pruebas sobre presuntos implicados, lo que finalmente ocurrió.
Posteriormente, el director de Comunicación Social del gobierno estatal, Jesús Manuel López Romandía, la contactó para solicitarle acceso a la evidencia de su investigación. La periodista se negó a revelar sus fuentes, pero el funcionario insistió en conocer la información para fines de investigación.
Dianeth comentó en entrevista con Azucena Uresti cómo fue su declaración ante la FGR: “Lo primero que que dejé claro es que sé que la Constitución y otros instrumentos legales me amparan para reservarme el derecho de mis fuentes, eso nunca lo iba a revelar y comprenden, por supuesto, en la Fiscalía General de la República, saben perfectamente los derechos de los periodistas, dicen que no hay problema y pues yo pido entonces que la Fiscalía también invite a coadyuvar a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, ya que ella como representante titular del ejecutivo es quien posee toda la información sobre esa doble licitación de la cual no sabíamos, donde la primera empresa se cierra un acuerdo de de compensación, que no sabemos cuánto nos costó, tampoco y que sin la revelación de estas fuentes, pues nunca nos hubiéramos enterado.
“Desde entonces el secretario general de gobierno ha salido a justificar su acción diciendo que es con el bien de que yo aporte información y llegar a las últimas consecuencias y ya hasta hicieron un spot de radio sobre eso”.
El colectivo “YoSíSoyPeriodista” condenó la intervención de la FGR y del funcionario estatal, calificándola como un intento de intimidación judicial. En su pronunciamiento, afirmaron:
“Los periodistas en Baja California no vamos a permitir que se sienta un precedente de este tipo sin oponer resistencia”.
El derecho a la reserva de fuentes está protegido por el artículo 6 de la Constitución y por la Ley de Imprenta, que establece que los periodistas no están obligados a revelar sus fuentes de información.
La organización Artículo 19 México y Centroamérica expresó su preocupación por el “acoso administrativo” hacia Dianeth Pérez, subrayando que la investigación sobre presunta corrupción es obligación del Estado y no debe trasladarse a la prensa.
“Formular una pregunta en los espacios públicos como lo es la conferencia matutina de la gobernadora no debe tener como respuesta un acto de acoso administrativo”, condenó Artículo 19.
La ONG exigió a la gobernadora y al Secretario de Gobierno garantizar condiciones plenas para el libre ejercicio del periodismo, asegurando un entorno libre de violencia e intimidación contra la prensa.
Dianeth Pérez era consejera en el Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero decidió retirarse, argumentando:
“No puedo ser parte de un organismo coordinado por la Secretaría General de Gobierno, mientras desde esa misma dependencia se inician acciones que se traducen como intentos de intimidación y censura hacia la prensa”.
El caso en Baja California se suma a otros incidentes recientes:
@emeequis
En un nuevo capítulo de las contradicciones entre Sheinbaum y Harfuch, la presidenta dice que Rocha Moya cuenta con resguardo de la Guardia Nacional. Ayer el titular de Seguridad lo negó.
De nombre Paulina González Garibay, la funcionaria de CFE tuvo ingresos relacionados con su cargo por 60 millones de pesos en 2023, según su propia declaración patrimonial. Posteriormente, le prohibieron el ingreso a las instalaciones.
Cuautla se queda sin presidente ante el escape de Jesús Corona Damián, acusado por extorsión, quien sigue sin ser capturado. "La gobernabilidad está garantizada", asegura la síndica, sin embargo, no hay relevo aún.
Rocha Moya está en Sinaloa: “No cuenta con servicio de escolta de ninguna institución del gobierno de México, tiene policía estatal hasta donde tenemos entendido”, dice Harfuch, quien antes aseguraba lo contrario.
