Ante el riesgo inminente de un nuevo colapso, el Gobierno de la CDMX anunció que blindará el perímetro del Ángel de la Independencia, restringiendo el acceso a un máximo estricto de 25 mil personas para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio. El titular de la SSC, Pablo Vázquez, detalló que una vez alcanzada dicha capacidad —calculada en cuatro personas por metro cuadrado— se cerrarán los accesos y se redirigirá el flujo hacia otros puntos de Paseo de la Reforma mediante un despliegue masivo de 17 mil policías. Esta medida drástica de la administración de Clara Brugada busca corregir las fallas logísticas que costaron la vida de cuatro aficionados tras el duelo ante Ecuador, operando en sincronía con rigurosos cercos de seguridad que sumarán 7 mil 500 agentes en el Estadio Ciudad de México y 3 mil 300 efectivos en los filtros de revisión del FIFA Fan Fest en el Zócalo
Una falla técnica generalizada en la ruta Mérida - Cancún dejó a cientos de pasajeros varados por más de cinco horas en vagones sin luz ni aire acondicionado, un incidente que la empresa operadora intentó mantener bajo estricto hermetismo y que se conoció únicamente gracias a las denuncias ciudadanas en redes sociales. El colapso logístico empeoró cuando los operadores ordenaron a un segundo tren suspender su arribo para retroceder e intentar remolcar la unidad dañada, provocando que ambos convoyes quedaran atrapados e impidiendo el acceso a los cuerpos de rescate de Bomberos y Protección Civil. Este percance se suma a la lista de averías recurrentes en el Tren Maya documentadas por la SEDENA, tales como el descarrilamiento en la estación Tixkokob, los desajustes en los motores de la firma Alstom y las constantes variaciones de voltaje de la CFE, evidenciando problemas estructurales en el megaproyecto ferroviario
El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra se encuentra bajo un escenario de incertidumbre debido a versiones encontradas sobre su horario definitivo para este domingo 5 de julio. Aunque inicialmente se reportó que el duelo se adelantaría a las 12:00 del mediodía para evitar el pronóstico de fuertes tormentas eléctricas en la capital, reportes recientes sugieren que el encuentro podría mantener su programación original de las 18:00 horas. A la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la FIFA o de protección civil, las autoridades se mantienen en alerta, ya que de jugarse por la tarde-noche bajo condiciones climáticas adversas, se aplicaría el estricto protocolo de seguridad que obliga a la suspensión temporal del partido si se registra actividad eléctrica a menos de 13 kilómetros del Estadio Ciudad de México.
El asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez expone la cruda impunidad estructural y la complicidad estatal que asfixian al periodismo en Veracruz. El hallazgo de su cuerpo en Moloacán —24 días después de que un video capturara su violento secuestro en Nanchital— ocurrió únicamente tras la captura federal y delación del líder criminal “Delta 7”, evidenciando la parsimonia de una FGE Veracruz que reaccionó tarde a pesar de las alertas de ARTICLE 19 y CIMAC. La indignación social escaló al revelarse que el caso, inicialmente catalogado bajo sospecha de feminicidio, involucra directamente a cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste procesados por brindar logística y protección a la célula delictiva de “La Hiena” y los operadores “Delta 1” y “Delta 11”, consumando una tragedia anunciada para una comunicadora que ya había sido exiliada en 2017 tras la ejecución de su esposo y que regresó en 2026 para fundar Pulso Informativo del Sureste en el desamparo institucional más absoluto.
Ante el riesgo inminente de un nuevo colapso, el Gobierno de la CDMX anunció que blindará el perímetro del Ángel de la Independencia, restringiendo el acceso a un máximo estricto de 25 mil personas para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio. El titular de la SSC, Pablo Vázquez, detalló que una vez alcanzada dicha capacidad —calculada en cuatro personas por metro cuadrado— se cerrarán los accesos y se redirigirá el flujo hacia otros puntos de Paseo de la Reforma mediante un despliegue masivo de 17 mil policías. Esta medida drástica de la administración de Clara Brugada busca corregir las fallas logísticas que costaron la vida de cuatro aficionados tras el duelo ante Ecuador, operando en sincronía con rigurosos cercos de seguridad que sumarán 7 mil 500 agentes en el Estadio Ciudad de México y 3 mil 300 efectivos en los filtros de revisión del FIFA Fan Fest en el Zócalo
Ante el riesgo inminente de un nuevo colapso, el Gobierno de la CDMX anunció que blindará el perímetro del Ángel de la Independencia, restringiendo el acceso a un máximo estricto de 25 mil personas para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio. El titular de la SSC, Pablo Vázquez, detalló que una vez alcanzada dicha capacidad —calculada en cuatro personas por metro cuadrado— se cerrarán los accesos y se redirigirá el flujo hacia otros puntos de Paseo de la Reforma mediante un despliegue masivo de 17 mil policías. Esta medida drástica de la administración de Clara Brugada busca corregir las fallas logísticas que costaron la vida de cuatro aficionados tras el duelo ante Ecuador, operando en sincronía con rigurosos cercos de seguridad que sumarán 7 mil 500 agentes en el Estadio Ciudad de México y 3 mil 300 efectivos en los filtros de revisión del FIFA Fan Fest en el Zócalo
EMEEQUIS.– Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado y esposo de la conductora Inés Gómez Mont, fue detenido en Miami el pasado 24 de septiembre. Fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) debido a irregularidades en su estatus migratorio.
Según el periodista Arturo Ángel, “Alvarez Puga ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 con visa de no inmigrante. Antes de que se le acabaran los 6 meses salió pero regresó en barco y no pasó por migración. Luego pidió asilo alegando que lo persiguen en México por ser conservador”.
El periodista, que ha dado seguimiento al caso, explicó que “Alvarez Puga presentó su solicitud de asilo el 11 de julio de 2022. Un año después de su reingreso de forma indocumentada a EUA. Fue detenido el pasado 24 de septiembre por agentes del ICE.Una corte migratoria definirá su situación y si es sometido a deportación”.
Este suceso ha reavivado el interés público en uno de los casos de corrupción más notorios del sexenio de Enrique Peña Nieto. El abogado enfrenta graves imputaciones por delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y defraudación fiscal, vinculados al presunto desvío de al menos 2 mil 950 millones de pesos de recursos públicos federales.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas varias carpetas de investigación en su contra, y el Gobierno de México evalúa formalmente la solicitud de extradición para que regrese al país y enfrente la justicia, una vez resuelto su proceso judicial en Estados Unidos.
ÁLVAREZ PUGA, EL BAJO PERFIL DEL SISTEMA PENITENCIARIO
Álvarez Puga, nacido en México y egresado de la carrera de Derecho, se consolidó como una figura influyente en el ámbito legal y empresarial durante las primeras décadas del siglo XXI.
Junto con su hermano Alejandro Álvarez Puga, fundó en la década de 1990 el despacho Álvarez Puga y Asociados, una firma que rápidamente se posicionó como una de las más prestigiosas en materia de planeación fiscal, defensa tributaria, amparos judiciales y consultoría corporativa.
Con oficinas en más de 45 ciudades mexicanas, el bufete atendía a clientes de alto perfil, incluyendo grandes corporaciones y entidades gubernamentales, ofreciendo servicios en áreas como derecho civil, mercantil, agrario y ambiental. Su enfoque en la optimización fiscal lo convirtió en un aliado clave para empresas que buscaban minimizar cargas impositivas dentro del marco legal, aunque posteriormente estas prácticas fueron cuestionadas en el contexto de las investigaciones por evasión y lavado.
Su incursión en el sector público ocurrió durante el gobierno de Peña Nieto. Álvarez Puga tuvo acceso a contratos millonarios relacionados con el sistema penitenciario federal y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en un esquema de empresas fantasma que atentó contra el presupuesto de la Secretaría de Gobernación.
Parte de estos recursos presuntamente se desviaban a cuentas personales, incluyendo transferencias por más de dos millones de pesos directamente a Álvarez Puga y casi 15 millones a su esposa, Inés Gómez Mont, a través de compañías ligadas al despacho familiar.
Mientras tanto, el estatus jurídico de Gómez Mont, es igual de complicado: enfrenta una orden de aprehensión vigente emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) desde septiembre de 2021. También está acusada de delitos graves como delincuencia organizada, lavado de dinero (operaciones con recursos de procedencia ilícita), peculado y defraudación fiscal.
Álvarez Puga & Asociados, que tiene poca publicidad en redes sociales, se presenta como una firma fundada en el año 2000 en el que se ofrece “un excelente servicio de calidad. Por otro lado, nuestro principal objetivo es dar a nuestros clientes soluciones rápidas y eficaces”.
Según reportes recientes, ambos continúan casados desde 2015 y han enfrentado juntos problemas legales, incluyendo acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada en México. Hoy mismo, 27 de octubre de 2025, se dio a conocer que Álvarez Puga fue detenido en Miami el mes pasado por agentes del ICE debido a irregularidades migratorias, y los medios lo refieren consistentemente como su esposo, sin mención de una separación.
Inés Gómez Mont, quien permanece prófuga presumiblemente en México, ha estado vinculada a su esposo en todos los desarrollos judiciales, como el reciente congelamiento y desbloqueo temporal de sus cuentas bancarias en marzo de 2025. No hay indicios públicos de divorcio o ruptura.
Ante el riesgo inminente de un nuevo colapso, el Gobierno de la CDMX anunció que blindará el perímetro del Ángel de la Independencia, restringiendo el acceso a un máximo estricto de 25 mil personas para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio. El titular de la SSC, Pablo Vázquez, detalló que una vez alcanzada dicha capacidad —calculada en cuatro personas por metro cuadrado— se cerrarán los accesos y se redirigirá el flujo hacia otros puntos de Paseo de la Reforma mediante un despliegue masivo de 17 mil policías. Esta medida drástica de la administración de Clara Brugada busca corregir las fallas logísticas que costaron la vida de cuatro aficionados tras el duelo ante Ecuador, operando en sincronía con rigurosos cercos de seguridad que sumarán 7 mil 500 agentes en el Estadio Ciudad de México y 3 mil 300 efectivos en los filtros de revisión del FIFA Fan Fest en el Zócalo
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El partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra se encuentra bajo un escenario de incertidumbre debido a versiones encontradas sobre su horario definitivo para este domingo 5 de julio. Aunque inicialmente se reportó que el duelo se adelantaría a las 12:00 del mediodía para evitar el pronóstico de fuertes tormentas eléctricas en la capital, reportes recientes sugieren que el encuentro podría mantener su programación original de las 18:00 horas. A la espera de un pronunciamiento oficial por parte de la FIFA o de protección civil, las autoridades se mantienen en alerta, ya que de jugarse por la tarde-noche bajo condiciones climáticas adversas, se aplicaría el estricto protocolo de seguridad que obliga a la suspensión temporal del partido si se registra actividad eléctrica a menos de 13 kilómetros del Estadio Ciudad de México.
El asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez expone la cruda impunidad estructural y la complicidad estatal que asfixian al periodismo en Veracruz. El hallazgo de su cuerpo en Moloacán —24 días después de que un video capturara su violento secuestro en Nanchital— ocurrió únicamente tras la captura federal y delación del líder criminal “Delta 7”, evidenciando la parsimonia de una FGE Veracruz que reaccionó tarde a pesar de las alertas de ARTICLE 19 y CIMAC. La indignación social escaló al revelarse que el caso, inicialmente catalogado bajo sospecha de feminicidio, involucra directamente a cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste procesados por brindar logística y protección a la célula delictiva de “La Hiena” y los operadores “Delta 1” y “Delta 11”, consumando una tragedia anunciada para una comunicadora que ya había sido exiliada en 2017 tras la ejecución de su esposo y que regresó en 2026 para fundar Pulso Informativo del Sureste en el desamparo institucional más absoluto.
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