Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
La ministra Loretta Ortiz abriga la esperanza de que se dé marcha atrás a la rebaja salarial. “No es la misma responsabilidad de mi secretaria particular a la de la ministra de la Suprema Corte.Yo creo que los van a cambiar (los tabuladores)”.
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
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Machetazo salarial no cayó muy bien a Loretta Ortiz.
EMEEQUIS.– Dos días después de la rebaja salarial en la Suprema Corte surgió la primera queja por parte de una ministra asociada a la 4T.
Loretta Ortiz dejó ver su frustración en una entrevista con Javier Risco, quien le preguntó si la “rebaja fuerte” de era injusta, porque su secretaria particular ganará casi lo mismo.
“Yo la acepté, por eso participé, pero yo creo que sí. Para el trabajo y la responsabilidad que tenemos, sí deberíamos de estar… por debajo de la presidenta, pero atendiendo a otras cuestiones como son las prestaciones… hay un principio general, ¿no? A trabajo igual igual salario”.
El 4 de septiembre, el portal de la Suprema Corte hizo pública la rebaja que afectó a seis de los ministros, quienes ganaban 206 mil pesos netos: Hugo Aguilar Ortiz (ministro presidente), Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa, María Estela Ríos González, Sara Irene Herrerías Guerra y Giovanni Azael Figueroa Mejía, quienes ahora percibirán un sueldo bruto de 191 mil 656 pesos mensuales de todos modos por arriba de la presidenta Claudia Sheinbaum, si se incluyen presataciones.
Loretta Ortiz indicó en la entrevista con Risco que abriga la esperanza de que se corrijan esos salarios. “No es la misma responsabilidad de mi secretaria particular a la de la ministra de la Suprema Corte.Yo creo que los van a cambiar (los tabuladores), pero pues hasta ahorita no”.
El 3 de septiembre se informó que el salario de 206 mil pesos que ganaban los anteriores ministros, entre quienes estaban los que repitieron de la 4T, como Loretta Ortiz, bajaría a 137 mil 582.27 pesos, según lo anunciado por el ministro presidente, Hugo Aguilar.
En relación a la polémica por supuestamente haber acudido a un restaurante de lujo, Au Pied de Cochon, como publicó Reforma, la ministra Loretta Ortiz negó en la misma entrevista haber acudido a ese evento tras la toma de protesta, pero reconoció que en el pasado ha ido, sin que signifique traicionar los principios de austeridad.
“El Au Pied de Cochon, he ido, justo lo anoto, he ido y lo pago con mis recursos, ojo. O me invitan mis hijos, puede ser un cumpleaños, una fecha importante, nos juntamos las fechas de cumpleaños, nos festejamos, yo tengo una familia, yo tengo tres nietos y tres hijos y mis hermanas, etcétera y cada quien paga su parte”.
Dijo que con sus actuales recursos, a los que se asuma la pensión que recibe tras la muerte de su esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti, podría pagar una visita a ese restaurante, por lo que no estaría faltando a los principios de austeridad de la 4T.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la rebaja salarial, hecho que consideró “muy, muy simbólico”, al igual que la apertura de las puertas de la SCJN para que los ministros dialogaran con el pueblo.
@emeequis
Maru Campos asegura que las investigaciones sobre la participación de elementos de la CIA en un operativo antidrogas siguen su marcha, luego de que la fiscal especial culpara al funcionario muerto en accidente.
Autoridades de la CDMX y del Estado de México le siguieron la pista a los presuntos homicidas desde la alcaldía Azcapotzalco hasta Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México, donde fueron capturados. Uno de los implicados respondió a balazos y resultó herido. Los agresores aparentemente conocían a las víctimas.
Pemex admite en auditoría interna que “se detectaron incumplimientos a las especificaciones contractuales, al no instalarse componentes y accesorios previstos, y al suministrar equipos que no cumplen con las características técnicas pactadas”.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
