El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá este lunes 1 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, marcando el primer careo formal de alto nivel dentro del llamado caso Rocha Moya. El exfuncionario de 66 años, quien se entregó voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo, ya se declaró "no culpable" de cargos federales por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento; sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. sostiene que aprovechó su posición estratégica para recibir pagos ilícitos y realizar filtraciones sistemáticas de información confidencial para proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
En una proeza de velocidad que desafía cualquier ley de la física y la lectura comprensiva, los congresos estatales operaron a la velocidad de la luz para otorgar rango constitucional al polémico blindaje electoral de Morena y sus aliados en menos de 11 horas. Con el voto aprobatorio ultra exprés de 17 legislaturas locales para la reforma judicial electoral y 18 para la nulidad por intervención extranjera, el bloque oficialista consumó un agresivo rediseño del sistema político mexicano —que incluye el generoso "regalazo" de hasta 18 años en el cargo para los magistrados del TEPJF—, dejando listo el terreno para la declaratoria oficial en el Congreso de la Unión sin que los diputados locales se vieran en la penosa y tardada necesidad de leer las minutas
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
Al parecer iban por dos narcos, pero mataron a otras ocho personas. Foto: Diario de Querétaro (redes sociales de los presuntos sicarios ejecutados).
EMEEQUIS.– Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum diera a conocer que los atacantes del bar Los Cantaritos en Querétaro iban por una persona en particular, aunque mataron a 10, medios locales y nacionales aseguran que el objetivo era Fernando González Núñez, alias “La Flaca”, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Milenio y El Universal, citando a fuentes del gobierno federal, señalan que la masacre se dio en el marco de la disputa entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control del territorio, debido a que “La Flaca” se dedicaba al huachicoleo, que tuvo su auge con “El Marro”, capturado en 2020 en Guanajuato.
El Diario de Querétaro suma otro posible sicario entre las víctimas. Señala que tanto “La Flaca” como Jesús “N” presumían armas y lujos en redes sociales, además de usar esas plataformas para reclutar de manera abierta a nuevos elementos para robar combustible, principalmente en San Juan del Río y la zona limítrofe con los estados de México e Hidalgo.
"Iban por una persona", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) sobre el ataque en un bar de Querétaro que dejó 10 muertos y 13 heridos. pic.twitter.com/wtJtsetK4N
“Hay un detenido e iban por una persona, pero mañana les pueden dar información”, dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum para insinuar más que revelar detalles sobre el sangriento ataque en el bar Los Cantaritos de Querétaro, donde 10 personas perdieron la vida y 13 más resultaron heridas.
Desde el primer momento, Sheinbaum asegura que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuvo comunicación con el gobernador Mauricio Kuri, y junto a las fuerzas armadas han estado brindando apoyo total a Querétaro.
“Hoy se dio el inicio de la información, pero mañana viene todo el gabinete de Seguridad para brindar más detalles de lo que conocen”, adelantó la presidenta, dejando entrever que aún queda mucho por descubrir sobre la naturaleza y los responsables de este acto atroz.
Al filo de las 21:30 del sábado, al menos cuatro sicarios con armas largas perpetraron lo que ya se considera la peor masacre registrada en la ciudad de Querétaro, al abrir fuego por 20 largos segundos en un restaurante bar llamado Los Cantaritos, localizado sobre la avenida Circunvalación: el saldo, 10 personas muertas y 13 lesionados.
En el video de la cámara de vigilancia al interior del local se ve cómo los comensales intentan ponerse a resguardo de la balacera que comienza a las 21:31:45 y termina a las 21:32:05. Al 21:32:10, ya sin ráfagas, un hombre vestido de blanco se levanta y arroja una silla en su desesperación por pasar.
Este domingo, el gobernador Mauricio Kuri informó lo mismo que Claudia Sheinbaum: que desde el principio ha estado en contacto permanente con el secretario de Seguridad a nivel federal, Omar García Harfuch.
“Desde el momento en que recibí la noticia del ataque al bar ‘Los Cantaritos’ he estado en contacto permanente con el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, @OHarfuch, coordinando acciones para dar con los criminales”, publicó en su cuenta de X.
“La coordinación es esencial para ofrecer tranquilidad a la sociedad. Reitero mi llamado para despolitizar el tema de la inseguridad y emprender una genuina cooperación en beneficio de México, como lo estamos haciendo en #Querétaro”.
Ni la Fiscalía de Querétaro ni el gobernador Mauricio Kuri han actualizado información sobre el suceso ni revelado quién es el supuesto detenido del que dio cuenta el secretario de Seguridad de Querétaro, Juan Luis Ferrusca, en las primeras horas del suceso.
El cerco judicial estadounidense sobre la estructura de seguridad de Sinaloa sumó un nuevo eslabón con la entrega voluntaria de Marco Antonio Almanza Avilés, exdirector de la Policía de Investigación del estado, quien es señalado por el Departamento de Justicia de EE. UU. de mantener presuntos nexos y facilitar el intercambio de información táctica con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. El movimiento del exjefe policiaco representa un giro radical en su estrategia legal, ya que días antes había comparecido ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán para rechazar categóricamente las acusaciones y asegurar que no se presentaría ante las cortes norteamericanas
El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, comparecerá este lunes 1 de junio de 2026 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, marcando el primer careo formal de alto nivel dentro del llamado caso Rocha Moya. El exfuncionario de 66 años, quien se entregó voluntariamente en Arizona el pasado 11 de mayo, ya se declaró "no culpable" de cargos federales por conspiración para importar narcóticos y posesión de armamento; sin embargo, el Departamento de Justicia de EE.UU. sostiene que aprovechó su posición estratégica para recibir pagos ilícitos y realizar filtraciones sistemáticas de información confidencial para proteger a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa
En una proeza de velocidad que desafía cualquier ley de la física y la lectura comprensiva, los congresos estatales operaron a la velocidad de la luz para otorgar rango constitucional al polémico blindaje electoral de Morena y sus aliados en menos de 11 horas. Con el voto aprobatorio ultra exprés de 17 legislaturas locales para la reforma judicial electoral y 18 para la nulidad por intervención extranjera, el bloque oficialista consumó un agresivo rediseño del sistema político mexicano —que incluye el generoso "regalazo" de hasta 18 años en el cargo para los magistrados del TEPJF—, dejando listo el terreno para la declaratoria oficial en el Congreso de la Unión sin que los diputados locales se vieran en la penosa y tardada necesidad de leer las minutas
Las autoridades federales, encabezadas por la FGR y la SSPC, asestaron un golpe estratégico al huachicol en Nuevo León tras asegurar más de un millón de litros de posible hidrocarburo en un predio clandestino del municipio de Cadereyta. El masivo decomiso, derivado de labores de inteligencia apoyadas por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, incluyó 671 mil litros de combustible, 400 mil litros de un líquido bajo análisis químico, así como una robusta infraestructura operativa compuesta por tractocamiones, autotanques, plantas de luz y más de 400 contenedores industriales que quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para deslindar responsabilidades
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