Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz ya están en campaña para presidir la SCJN, aunque la contienda aún no inicia oficialmente. Con la Reforma Judicial, la Corte se someterá por primera vez a votación y ganará quien obtenga más apoyo en las urnas el 1° de junio. Más que méritos, la clave será movilizar votos
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Hallan pagos excesivos y cheques a nombre de personas fallecidas en dos universidades
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) exige aclaraciones a dos universidades públicas de Coahuila y Michoacán por 722 millones de pesos. Las irregularidades fueron detectadas tras fiscalizar el gasto federalizado de instituciones de educación superior durante el año anterior.
Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz ya están en campaña para presidir la SCJN, aunque la contienda aún no inicia oficialmente. Con la Reforma Judicial, la Corte se someterá por primera vez a votación y ganará quien obtenga más apoyo en las urnas el 1° de junio. Más que méritos, la clave será movilizar votos
EMEEQUIS.–Por pagos en sueldos y salarios que exceden lo estipulado en contratos, prestaciones no justificadas, emisiones de cheques a nombre de personas fallecidas y por supuestos apoyos injustificados a estudiantes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) exige aclaraciones a dos universidades públicas estatales por 722 millones 763 mil 308 pesos.
Las irregularidades, detectadas tras fiscalizar los recursos del gasto federalizado transferidos a instituciones de educación superior en las entidades durante el año anterior, también incluyen partidas destinadas a personas que, de manera simultánea, tenían dos plazas, lo que significaba que a la misma hora laboral, supuestamente, estaban en dos sitios o roles de trabajo diferentes, lo cual es imposible.
El principal monto observado, 693 millones 281 mil 996.03 pesos, corresponde a la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC).
Según la Auditoría 695, parte del segundo informe de la cuenta pública 2021, esta casa educativa erogó, por ejemplo, 743 mil 406.94 pesos para remunerar a cuatro personas que ocuparon dos o más plazas durante la misma catorcena. Es decir, según los registros que amparan los gastos, se encontraban en dos o más lugares diferentes en el desempeño de una o más funciones.
Cuatro personas ocuparon dos o más plazas durante la misma catorcena. Foto: Facebook oficial.
De igual forma, 274 mil 498.76 pesos fueron destinados a pagos para 16 trabajadores que habían fallecido.
Asimismo, 3 millones 186 mil 866.81 pesos fueron devengados a favor de 40 trabajadores que no cumplieron con el requisito establecido en el perfil de puestos correspondiente a la escolaridad, y 540 mil 515.23 pesos más a 11 trabajadores que no presentaron las cédulas profesionales correspondientes, obligatorias para el desempeño de sus funciones.
Los pagos en exceso fueron una constante en la revisión al gasto federalizado que hizo la ASF a la Universidad Autónoma de Coahuila.
Entre estos ejemplos están 105 millones 282 mil 237.94 pesos cuyo reintegro demanda el ente fiscalizador, que la institución académica usó para emitir 18 mil 818 pagos a 47 categorías de puesto cuyo monto de sueldo no se autorizó en el tabulador.
Un millón 779 mil 275.94 pesos son exigidos por efectuar mil 457 pagos en exceso por concepto de sueldo, a 667 trabajadores que, indebidamente, ocuparon 23 categorías de puesto en 18 catorcenas del ejercicio 2021.
Del monto global (693.2 mdp), 70 por ciento de las inconsistencias corresponde a una irregularidad recurrente durante el año anterior: 438 millones 504 mil 985.12 pesos erogados en tres mil 805 plazas, sin contar con autorización para esto.
Ciento 33 millones 530 mil 973.08 pesos más los reclama porque la UAC no presentó pólizas y documentación comprobatoria de los recursos registrados como “no pagados”, o, en su caso, que este dinero fuera reintegrado a la Tesorería de la Federación.
Las observaciones las completan 9 millones 439 mil 236.21 pesos por pagar 16 prestaciones no ligadas al salario ni estipuladas en el contrato colectivo de trabajo.
Para la auditoría, la Universidad Autónoma de Coahuila “careció de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos que podrían limitar el cumplimiento de los objetivos del subsidio, la observancia de su normativa y el manejo ordenado, eficiente y transparente de los recursos”.
“En conclusión, la Universidad Autónoma de Coahuila no realizó un ejercicio eficiente y transparente de los recursos del programa, en incumplimiento de la normativa que regula su ejercicio y de sus objetivos y metas”, determinó el órgano federal.
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo también tiene irregularidades. Foto: Facebook oficial.
MICHOACÁN Y EL DESTINO DE LAS BECAS
A la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, también por Recursos del Gasto Federalizado Transferidos a las Universidades Públicas Estatales, la ASF reclama 29 millones 481 mil 312 pesos que están pendientes de aclaración.
La inconsistencia en el uso de este presupuesto federal se centra en realizar pagos con cargo a los recursos de los Subsidios Federales para Organismos Descentralizados Estatales del ejercicio fiscal 2021 en el capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas que carecieron de autorización.
Estos apoyos supuestamente fueron entregados a alumnos moradores de albergues, pero la casa de estudios no pudo justificarlos, por la referida falta de autorización, según el dictamen de Auditoría 1146, que también integra el segundo informe de la cuenta pública entregado a la Cámara de Diputados.
En el transcurso de la inspección del ente federal, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo justificó el reintegro a la Tesorería de la Federación de 2 millones 435 mil 982 pesos que correspondían a las Becas Alumnos Promedio, también observadas porque carecía de autorización; no obstante, la observación por los estudiantes en albergues se mantuvo.
La ASF igualmente determinó en su dictamen que esta institución no cumplió con sus obligaciones de transparencia sobre la gestión de los recursos que aportó la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que la información que remitió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del formato Avance Financiero sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos careció de la calidad y congruencia requeridas.
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