Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
¿Feministas infiltradas en Puebla o táctica para desestabilizar el movimiento?
Tras la afirmación de un funcionario del ayuntamiento de Puebla de que tienen infiltradas en colectivos de feministas, surgen reacciones de solidaridad en redes sociales y críticas de diversos partidos, incluso en el PAN piden su renuncia.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.– El secretario de Gobernación del ayuntamiento de Puebla, Jorge Cruz Lepe, dio a conocer que personas que forman parte del gobierno poblano se encuentran infiltradas dentro del movimiento feminista.
Durante su comparecencia, como parte del primer informe del edil Eduardo Rivera Pérez, el funcionario reconoció que dentro de las colectivas feministas hay dos o tres “personas nuestras”.
“Tenemos dos o tres personas nuestras dentro de los colectivos desde el 8 de marzo. Ellos tienen el tacto y el pulso. Han podido entrar en los colectivos o colectivas, como le llaman, en donde te lo permiten. Los colectivos más renuentes a recibir gente y que tiene un mayor grado de radicalidad, no han pedido siquiera el ingreso”, dijo el funcionario municipal.
Este posicionamiento se da después de que en sesiones del cabildo, Cruz Lepe afirmara que se han identificado a 33 colectivos feministas que tienen posiciones ideológicas “radicales”.
Por su parte colectivos feministas señalaron a Cruz Lepe por ser responsable de actos de provocación durante la marcha del día de Acción Global por el Acceso al Aborto.
Esto ocurre mientras que grupos feministas y el Grupo de Reproducción Elegida GIRE, acaban de ganar un amparo contra la criminalización del aborto voluntarion en Puebla.
El funcionario presumió que tiene infiltradas y se le vino una oleada de críticas.
TRANSGRESIÓN DE PRIVACIDAD AL MOVIMIENTO
Estas declaraciones causaron indignación por la intromisión y transgresión a la privacidad del gobierno en contra de los grupos feministas.
Algunos activistas y figuras políticas calificaron este hecho como una grave vulneración para los manifestantes, o una forma del gobierno para desestabilizar el movimiento internamente.
Con la frase “la infiltrada soy yo”, la abogada Helena Monzón hizo un pronunciamiento dirigido a las colectivas feministas, tras las declaraciones del gobierno de Puebla.
A través de sus redes sociales, la hermana Cecilia Monzón, activista asesinada, les sugirió “hacer un Espartaco”, ya que el ayuntamiento busca que desconfíen entre ellas diciendo que hay tres infiltradas que las vigilan.
“Pensároslo, no os pueden frenar aunque las tengan, intentan asustaros”, fueron las palabras de la abogada.
Por su parte, el diputado federal por Puebla, Alejandro Carvajal, calificó como una “grave violación a la integridad y privacidad”, que el funcionario poblado Jorge Cruz Lepe admitiera la infiltración del gobierno. El morenista refirió que el “espionaje y represión son costumbres de los gobiernos conservadores del PAN en Puebla”.
En tanto, Eduardo Alcántara, coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso de Puebla, refirió que Cruz Lepe debe presentar su dimisión al cargo por la conducta de infiltración, al tratar de controlar la participación ciudadana.
Refirió que reprueba la acciones del funcionario, que tendrá que hacerse responsable de la sanción administrativa, al asegurar que el PAN tiene que distinguirse de otros partidos. “Sería una conducta recordándonos a los viejos gobiernos del PRI, casi casi el halconazo, habría que recordarlo”, aseguró.
La diputada local del PT, Monica Silva, aseguró que es lamentable que el gobierno de Puebla utilice recursos en vigilar la acción de colectivas feministas, pero no de garantizar y subsanar las razones que las hacen salir a la calle, como la falta de reconocimiento de derechos de las mujeres.
“Me parece lamentable que tengamos mayor preocupación por infiltrar y conocer lo que va hacer un movimiento feminista que por garantizar la seguridad de las mujeres”, dijo a medios de comunicación.
NIEGAN INFILTRADAS FEMINISTAS
Tras las declaraciones del secretario de Gobierno, salió en su defensa Adán Domínguez Sánchez, gerente municipal de Puebla, quien negó que el ayuntamiento tenga personal infiltrado en los movimientos feministas.
Aseguró que Cruz Lepe, “no supo explicar bien lo que está trabajando el ayuntamiento de Puebla, y utilizó unas palabras que no fueron las más adecuadas”.
Refirió que es necesario clarificar las acciones de acercamiento y acompañamiento que realiza el ayuntamiento con las colectivas feministas, acciones que dijo, son una obligación del gobierno al ser autoridad.
“Tener acercamiento coordinado con estos grupos y colectivos de mujeres para brindar apoyo, acompañamiento en los casos que ellas decidan y acepten”, aseguró el funcionario.
GOBIERNO SE CUIDA DE FEMINISTAS
No es la primera vez que gobiernos señalan a feministas como grupos “radicales” y de preocupación.
De acuerdo con los documentos dados a conocer por el grupo de activistas Guacamaya, mediante la filtración masiva de correos de la Sedena, se detectó seguimiento a grupos feministas desde 2017 por parte del Ejército.
La Sedena detectó 15 grupos feministas, donde además ubican a la cantante chilena Mon Laferte y María de Jesús Patricio Martinez “Marichuy” como personas de seguimiento.
Incluso en un listado otorgan a los grupos feministas una clasificación de peligrosidad o riesgo de desestabilización social mayor que el grupo terrorista Al Qaeda, o como el grupo delictivo del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
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