Familia de menor con síndrome de Down discriminado pide restringir cargos públicos a personas que violen derechos humanos

El caso data de 2018.

EMEEQUIS.– Neptalí Reyes Bolaños, padre de Ángel Daniel, menor con síndrome de Down que fue discriminado en sus clases de natación en el Instituto Hidalguense del Deporte (Inhide) en 2018, planteó al Congreso de Hidalgo abrir un debate para considerar incluir las violaciones graves a derechos humanos como un criterio de idoneidad a cargos públicos, así como ya existen restricciones para personas con antecedentes en violencia de género o incumplimiento de obligaciones alimentarias.

“Si este caso logra abrir esa discusión y dar paso a la que ya nos han dicho a llamar #LeyDaniel, entonces habrá valido la pena. Porque ningún niño más debe vivir lo que vivió mi hijo, porque cuando el sistema no actúa con coherencia, el problema no se corrige, se repite”, afirmó el padre, quien también sostuvo que su postura y este planteamiento “no es sobre el pasado. Es un compromiso con el futuro de la justicia en Hidalgo”.

El contexto de las declaraciones es el reciente nombramiento de Fátima Lorena Baños Pérez como titular del Instituto de Profesionalización e Investigaciones Jurídicas del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, al ser la funcionaria que estaba a cargo de la instancia que vulneró los derechos contra el infante, un caso que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). 

Fátima Baños, hija del exsecretario de Turismo en el gobierno de Omar Fayad –periodo en el que ella se desempeñó como titular del Inhide– solicitó licencia a su cargo el pasado viernes 20 de marzo. En un comunicado dirigido a la opinión pública, afirmó que recibió señalamientos y ataques después de que la familia de Ángel Daniel cuestionara su nombramiento, reconoció que hubo un proceso penal por el que optó por una salida alterna y que hubo una recomendación nacional por violaciones a derechos humanos.

“Confío en que el diálogo informado y el respecto prevalecerán sobre la desinformación y el juicio anticipado”, añadió Baños, quien expuso que la licencia la requirió “para poder solicitarle a las autoridades competentes las copias correspondientes al cumplimiento llevado a cabo como resultado de la recomendación antes mencionada”.

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En respuesta, esta mañana el padre de Ángel Daniel emitió un posicionamiento afuera de la sede del Poder Ejecutivo de Hidalgo, donde también acusó que la queja que él presentó ante el órgano de control interno del Inhide fue “archivada”, sin que le notificaran previamente, lo cual calificó como un agravante a su derecho a la audiencia y al de su hijo a una reparación integral.

“Hace unos días hice un posicionamiento como padre. Hoy estoy aquí para ampliarlo, porque este caso ya dejó de ser solo un asunto familiar: se convirtió en un espejo de las fallas profundas de nuestro sistema institucional.

“Lo que vivió mi hijo —un niño con síndrome de Down discriminado en sus clases de natación hace ya 8 años— no es una opinión, no es un comentario. Es un hecho jurídicamente reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo 162/2021 y por la Recomendación 81/2020 de la CNDH. El Estado mexicano aceptó que hubo discriminación, violación a derechos humanos y omisión de ajustes razonables”, remarcó.

En la vía penal –sumó en el pronunciamiento emitido en la Plaza Juárez de Pachuca– fue el primer caso en que se vinculó a un funcionario por discriminación agravada en Hidalgo (expediente 225/2020), el cual, añadió, terminó en una salida alterna con suspensión condicionada.

“Esto implicó el reconocimiento del hecho en el proceso penal, para evitar llegar a juicio oral. Se cumplió lo ordenado por el juez, pero no lo que pedíamos como víctimas, que era una disculpa pública, y una verdadera capacitación en derechos humanos”, reclamó.

Reyes Bolaños sostuvo que, como víctimas, se opusieron a través de recursos de apelación y de amparo, “porque de ninguna manera consideramos que fuera una reparación integral”.

“Y hay un elemento adicional que preocupa: recientemente acudí a la Contraloría del Estado para conocer el expediente que presenté en 2019 en el órgano interno del control del INHIDE, EXP.2019/INHIDE/OIC04, y me informaron que fue archivado por ‘falta de elementos probatorios’, pero nunca fui notificado formalmente. Eso no es un detalle: es una falla en el debido proceso y en la garantía de audiencia”, recriminó.

Para el padre de Ángel Daniel, “el problema es la brecha entre lo que el sistema reconoce en papel… y lo que realmente hace en la práctica”.

El menor, que cuando fue sujeto de discriminación reconocida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la SCJN tenía siete años, también es hijo de la alcaldesa de Apan para el periodo 2024-2027, Zorayda Robles Barrera, militante de Morena y primera secretaria de Salud en el gobierno de Julio Menchaca Salazar, que inició en septiembre de 2022.

Al posicionarse a nombre de su familia, Neptalí Reyes Bolaños consideró que este caso revela deficiencias estructurales, porque “se realizan nombramientos de alto nivel sin una revisión previa, rigurosa y completa de antecedentes, incluyendo en materia de derechos humanos”.

“Cuando un sistema designa a alguien en una posición clave, la evaluación de idoneidad debe ser previa. No es posible, que primero se nombre a la persona y, luego tenga que separarse del cargo para acreditar que puede ocuparlo. La idoneidad no se construye después del nombramiento: es un requisito previo”, reclamó, además de insistir en que “también existen mecanismos de control que archivan quejas sin informar al denunciante”.