Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En riesgo, imparcialidad del INE con Reforma Electoral: Comisión de Venecia
La centralización del quehacer electoral que propone el gobierno de López Obrador podría poner en riesgo la confianza de los votantes sobre el organismo que se pretende que sustituya al INE. Sugieren reconsiderar la elección directa de consejeros electorales.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.– Por reforma electoral planteada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se pone en riesgo la imparcialidad de autoridades, así lo afirmó la Comisión de Venecia perteneciente al Consejo Europeo.
Afirman que “la composición del organismo de gestión electoral debe garantizar que todos los partidos políticos, candidatos y votantes puedan confiar en que funcionará con imparcialidad”.
Tras un análisis a la propuesta de reforma, el organismo consultivo europeo concluyó que esta no brinda “suficiente garantías de la independencia e imparcialidad del INE y de los jueces del Tribunal Electoral”, además de que deberá reconsiderarse el procedimiento propuesto para la elección directa de consejeros y jueces electorales.
Esta intervención fue solicitada por el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, mediante una carta enviada en junio, en la que pidió emitir su opinión respecto a las reformas constitucionales relativas al sistema electoral en México.
Tras esta petición, relatores de la Comisión de Venecia visitaron México del 21 al 23 de septiembre para mantener reuniones con Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados; el senador de Morena, Héctor Vasconcelos, y un grupo de legisladores, así como autoridades del INE, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representantes de la sociedad civil y la académica.
Esta postura fue analizada por el Consejo para las Elecciones Democráticas de la Comisión de Venecia durante el 20 de octubre y fue realizada basándose en la traducción al inglés del proyecto de ley de reforma electoral.
En el intercambio además participó Cristopher Ballinas Valdés, director de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el embajador de México en Estrasburgo, José Alfonso Suárez del Real y la Misión Permanente de México en el Consejo de Europa.
La Comisión de Venecia opinó que la reforma electoral debe ser replanteada ya que no cumple con los estándares internacionales, además de que la centralización del quehacer electoral que propone el gobierno, podría poner en riesgo la confianza de los votantes sobre el organismo.
Refieren que, si bien cualquier sistema electoral y de administración electoral, puede ser mejorado y promover cambios para crear condiciones de transparencia, eficiencia y rendición de cuentas, “cambiar un sistema que funciona bien en general y goza de la confianza de diferentes actores electorales”, conlleva un riesgo inherente de socavar la confianza hacia dicho organismo.
Reiteran que las tareas realizadas por el Instituto Nacional Electoral deben mantenerse “e incluso asignarse a otro organismo”, ya que se requiere que el organismo tenga una estructura profesional y sólida.
Respecto a la elección de consejeros del INE y jueces del Tribunal Electoral afirman que debe reconsiderar su elección directa mediante urnas, ya que “no está en consonancia con estándares internacionales y mejores prácticas en materia electoral”.
Afirman que debe existir una representación equilibrada de las diferentes fuerzas políticas en los órganos de gestión electoral, construida mediante mecanismos estrictos o proporcionales.
“Los miembros de tales órganos deben ser imparciales y profesionalmente competentes y, por lo tanto, no se les debería permitir hacer campaña”, referente que las autoridades electorales no deben presentarse como candidatos a elección popular.
EL PELIGRO DE LA CENTRALIZACIÓN DEL INE
La centralización de la autoridad electoral en un sólo organismo nacional es una decisión que debe ser reconsiderada, de acuerdo con la Comisión de Venecia.
Aseguran que una concentración del INE en un sólo organismo federal es onerosa y compleja, y “podría comprometer la imparcialidad y el funcionamiento independiente de la administración electoral”.
Además, el organismo consultivo europeo afirma que la eliminación de órganos de gestión electoral locales, conocidos como Organismos Públicos Locales (OPL) tendrá un efecto negativo en tanto a la calidad de las elecciones en los diferentes estados del país.
De la misma forma con la creación de un Tribunal Nacional Electoral, podría ser problemático ante una mirada constitucional, pues representa una “carga potencialmente muy alta” que el organismo conozca todas las denuncias electorales y recursos en primera instancia. Esta disposición, afirman, debe ser revisada.
EL CAMINO DE LA REFORMA ELECTORAL
De acuerdo con el proyecto de la Comisión de Venecia, “La reforma constitucional debe ser producto de un profundo análisis de los problemas y desafíos existentes y de un amplio consenso entre los partidos políticos y la sociedad”:
En sus conclusiones se establece que por las implicaciones de esta reforma para el proceso electoral, los procedimientos de quejas y apelaciones, deben estar sujetos a mayor discusión pública.
Afirman que los cambios a nivel constitucional sobre las funciones del INE y del TEPJF deben ser claramente evaluados, medidos y puestos en debate parlamentario público.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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