Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El error de Morena que tambalea reforma a organismos autónomos
Morena aprobó una reforma que elimina fragmentos clave de la Constitución, incluyendo disposiciones sobre la Guardia Nacional. Rubén Moreira denunció modificaciones ilegales, mientras que Julieta del Río alertó sobre el impacto de estos cambios y la necesidad de revisarlos en San Lázaro antes de que lleguen al Senado
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Diputados de oposición denuncian la pifia de Morena.@rubenmoreiravdz
EMEEQUIS.- En un giro legislativo que ha desatado un torrente de críticas, Morena y sus aliados aprobaron este jueves una reforma que, según la oposición, podría estar poniendo en peligro la supremacía constitucional al eliminar fragmentos cruciales relacionados con la Guardia Nacional.
Esta reforma, que forma parte de una serie de modificaciones que buscan extinguir siete organismos autónomos, ha encendido una intensa polémica en el Congreso de la Unión, al evidenciar inconsistencias que podrían afectar la estabilidad de reformas clave.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, fue uno de los primeros en señalar lo que considera un grave error en el dictamen. Según Moreira, se eliminaron del artículo 105 de la Constitución varias reformas anteriores que, entre otras cosas, prohibían las acciones de inconstitucionalidad contra reformas constitucionales.
Increible, al suprimir órganos autónomos, #Morena elimina reformas de supremacía constitucional y otras del plan C. Ahora, con el pretexto de error, quieren arreglarlo con una "corrección" de estilo. Advertimos la pifia, pero votan sin leer. #PRI y #PAN denunciamos el atraco. pic.twitter.com/cNm9qVMWoG
La controversia se agudizó cuando el priista denunció que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, había autorizado “correcciones de estilo” para modificar el dictamen aprobado. Moreira considera que esto no solo es ilegal, sino que también obedece a una práctica legislativa cuestionable para “enmendar” lo que ellos consideran un grave error.
“Es increíble. Al suprimir órganos autónomos, #Morena elimina reformas de supremacía constitucional y otras del plan C. Ahora, con el pretexto de error, quieren arreglarlo con una ‘corrección’ de estilo. Advertimos la pifia, pero votan sin leer. #PRI y #PAN denuncian el atraco,” expresó Moreira en su cuenta de X.
La oposición no tardó en reaccionar. La diputada del PAN, Noemí Luna Ayala, calificó de ilegal la tentativa de corregir lo que consideraron un error en el dictamen, mientras que Federico Döring, también panista, acusó a Morena de tratar de incluir menciones a la Guardia Nacional en artículos que habían sido omitidos en el dictamen aprobado, lo cual podría alterar el diseño institucional de la seguridad en México.
Ante las alarmas encendidas, la oposición anunció que tomará medidas para garantizar que se certifiquen los documentos aprobados en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que el Senado examine a fondo las inconsistencias que se han detectado y evitar que se hagan modificaciones furtivas que pasen desapercibidas.
REPERCUSIONES SOBRE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
La discusión sobre la reforma ha trascendido más allá de la simple eliminación de organismos autónomos. Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, expresó en una entrevista con Ricardo Raphael que, aunque la reforma aún tiene que pasar por el Senado, es necesario revisar el supuesto “error” antes de seguir adelante. Según del Río, si el error se confirma, la reforma debería regresarse a la Cámara de Diputados para su corrección.
Lo que está en vías de aprobación es una reforma constitucional; ahora irá al Senado pero antes deben de checar el error del que se habla y en su caso regresarla a la Cámara de origen. Cuando sea el tiempo de emitir leyes secundarias que la instrumenten será muy importante el… pic.twitter.com/7oXb1SAEuq
A lo largo del proceso legislativo, ha quedado claro que la falta de claridad en las disposiciones relacionadas con la Guardia Nacional ha complicado aún más el debate, generando incertidumbre sobre las implicaciones que tendría esta reforma sobre la seguridad pública y el marco constitucional del país.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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