Ernestina Godoy llega a enderezar entuertos en el escritorio heredado por Alejandro Gertz, tras una gestión de mucho impacto mediático y pocas sentencias. Los casos Lozoya, Rocha, el huachicol fiscal y demás están a medio concluir
El campo minado que hereda Ernestina Godoy en la FGR
Ernestina Godoy llega a enderezar entuertos en el escritorio heredado por Alejandro Gertz, tras una gestión de mucho impacto mediático y pocas sentencias. Los casos Lozoya, Rocha, el huachicol fiscal y demás están a medio concluir
Ernestina Godoy llega a enderezar entuertos en el escritorio heredado por Alejandro Gertz, tras una gestión de mucho impacto mediático y pocas sentencias. Los casos Lozoya, Rocha, el huachicol fiscal y demás están a medio concluir
Ernestina llega a resolver asuntos dejados por Gertz y bajo la lupa de la oposición ante cualquier síntoma de sumisión a la presidenta. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– Ernestina Godoy Ramos no sólo hereda una Fiscalía General de la República (FGR) entre cuestionamientos de la oposición por su estrecha relación personal y profesional con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ante la necesidad de autonomía de la FGR, sino también con asuntos de alto impacto que no logró resolver su antecesor, Alejandro Gertz Manero, cuestionado además por el uso selectivo de la justicia y el empleo del aparato para asuntos personales.
LA BARREDORA Y EL NEXO POLÍTICO
El crecimiento del robo de combustible en Tabasco está ligado a un grupo criminal: La Barredora, que ha operado este delito mediante tomas clandestinas para extraer el hidrocarburo, pero también a través del hurto de pipas y cargamentos, con la presunta colusión gubernamental, de acuerdo con informes de inteligencia federal.

La FGR conoció sobre la red criminal igualmente ligada al contrabando de combustible (huachicol fiscal), principalmente en Tabasco y Tamaulipas. El grupo, liderado por Hernán Bermúdez Requena, “El Abuelo” o “El Comandante H” –exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco nombrado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández–, presuntamente involucra a operadores políticos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y aliados del gobierno federal.
La detención de Bermúdez Requena en Asunción, Paraguay, en septiembre pasado, coincidió con la encomienda de “una investigación exhaustiva” del caso para aclarar los vínculos de “El Comandante H” con el crimen organizado, instruida por Sheinbaum; sin embargo, el trabajo de la Fiscalía ha evitado procesos contra las élites gobernantes, como Adán Augusto y su círculo político.
Además, días previos a la separación de Gertz –quien se atrincheró en su oficina el 27 de noviembre, resistiéndose a firmar su renuncia y cuya salida se dio ante las presiones de destituirlo con el aparato del propio partido que lo impulsó– se filtró información de FGR sobre el “huachicol fiscal” que evidenciaba posibles negligencias y complicidades del aparato gubernamental.
Entre cuestionamientos de si habrá una alineación ejecutiva de Ernestina Godoy con el secretario de Seguridad Omar García Harfuch –otro colaborador íntimo de la presidenta– o podrían existir presiones de grupos como el de Adán Augusto López Hernández, la fiscal se enfrenta a un asunto por el que el partido oficial, Morena, y la denominada Cuarta Transformación (4T), han sido cuestionados ante posible permisividad o colusión para el crecimiento de un grupo criminal que posiblemente toca a políticos de primera línea.
La propia FGR conoce que empresas con apariencia de fachada como Tabasco Capital S.A. de C.V. habrían estado detrás de contrabando de combustibles, y que también habrían sido usadas por Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, imputado por presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, armas y combustibles de Guatemala a México y testigo colaborador de la Fiscalía en, al menos, otro caso de tráfico de hidrocarburos.
Pero no es el único asunto de alto impacto que posiblemente involucra política y crimen organizado, porque a La Barredora se suman los casos de “huachicol fiscal” en los que estaría involucrado no sólo este grupo delictivo, sino cárteles como Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Familia Michoacana (LFM), Cártel de Sinaloa (CDS) y Cártel del Golfo (CDG).
Lo anterior, porque una investigación en la que también participan la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI); la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos detectó una operación liderada por el CJNG, en el que empresas de papel mexicanas y estadounidenses aparentan estar involucradas en la industria del petróleo y el gas natural, así como en la industria del transporte de mercancías, pero lo hacen para recibir los cargamentos que nunca son identificados en el cruce fronterizo como hidrocarburos, hasta que son vendidos en un mercado negro; incluso, llegan a compradores legales, sin que éstos sepan que es combustible trasegado, sin regulación, que proviene de tomas clandestinas a ductos o de pipas robadas desde refinerías mexicanas.

Los cargamentos pasan por centros de distribución de la industria mexicana del petróleo y el gas natural, como Veracruz, Altamira y Monterrey, antes de ser contrabandeados a Estados Unidos. Según esta investigación transnacional, el petróleo crudo suele transportarse en camiones cisterna a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, etiquetado erróneamente como “aceite usado” u otros materiales peligrosos que se relacionan con el proceso de refinación de petróleo y gas natural, para evitar el escrutinio, además de que evaden los impuestos y regulaciones.
Tras cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos, el petróleo crudo se entrega en terrenos baldíos equipados con tanques de almacenamiento móviles, operados por empresas estadounidenses bajo el control de intermediarios mexicanos o importadores cómplices en aquel país.
Ante las evidencias y el crecimiento del “huachicol fiscal”, posible, presumiblemente, tras una operación conjunta entre política y crimen organizado, así como las presiones del gobierno de Donald Trump al de México, Ernestina Godoy también deberá resolver las implicaciones de un delito –el robo de combustibles y su posterior vertiente, el contrabando– que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que estaba erradicado.

INVESTIGACIONES POLÍTICAS Y ATRACCIONES QUE NO DIERON RESULTADOS
En los seis años y medio de Gertz Manero, la FGR atrajo casos como el de Emilio Lozoya Austin (Odebrecht), Rosario Robles Berlanga (Estafa Maestra) y Alejandro “Alito” Moreno (propiedades), pero los avances fueron nulos o lentos; también entre cuestionamientos de selectividad en la impartición de justicia.
En 2024, una investigación periodística reveló que Emigdio Moreno, hermano de “Alito” Moreno, fue propietario de un inmueble en el condado de Harris, Houston, Texas. Esa propiedad es uno de los elementos que se han investigado en relación con una supuesta red de empresas fachada utilizada para triangular dinero, pero sin resultados concretos por parte de la FGR.
La Fiscalía de Campeche igualmente ha investigado a Moreno por la adquisición de 47 propiedades en México, incluido una mansión en Lomas del Castillo, Campeche.
Medios y opositores han acusado a la FGR de “garantizar impunidad” a priistas clave, con procesos dilatados o sin detenciones. Incluso, entre los supuestos ejemplos de protección, colocan al expresidente Enrique Peña Nieto, no tocado por los casos de corrupción durante su sexenio.
De personajes de la oposición, la FGR también tiene asuntos por resolver como el del exgobernador de Michoacán (2015-2021) Silvano Aureoles Conejo, buscado por cargos de peculado, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Actualmente prófugo –la Interpol ha emitido una ficha roja para su localización en 196 países–, a Silvano se le investiga por presunto desvío de más de 3 mil millones de pesos durante su administración. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) refiere que se detectaron irregularidades en la edificación de siete cuarteles de la policía estatal, cuyos contratos fueron adjudicados directamente a una empresa inmobiliaria recién creada, a la que el gobierno de Aureoles financió la adquisición de terreno.
CONCESIONES, RECLAMOS Y DUDAS
Nombrado fiscal el 19 de enero de 2019, cuando tenía 80 años, retirado del cargo a los 86 para asumir como embajador en “un país amigo” a invitación de la presidenta Sheinbaum, Gertz Manero también dejó casos inconclusos, como el de Julio Scherer y las concesiones en Sonora.
En julio de 2025, la FGR abrió una carpeta contra el diputado Julio Scherer Pareyón (hijo del exconsejero de Presidencia al inicio del mandato de López Obrador, Julio Scherer Ibarra) por presunta corrupción en la concesión de un libramiento en Nogales, sin licitación pública.
Gertz confirmó la investigación, afirmando que “no hay excepciones”, pero revivió un conflicto de larga data cuando Scherer Paverón denunció una “perversa agenda de venganza” del entonces fiscal, vinculándola a rencillas personales con su padre. Para críticos del gobierno actual y de las acciones del exfiscal, esto podría ser un uso selectivo de la fiscalía para debilitar a figuras cercanas a la 4T, pero con confrontaciones internas o considerados disidentes, mientras situaciones como el huachicol ligado a familiares de exfuncionarios de Morena no llega a profundizarse.

LA PRESUNTA PROTECCIÓN, UNA SOMBRA RECURRENTE
A pesar de haber sido acusado de abuso y hostigamiento sexual en 2025, Martín Rivera Cisneros fue nombrado a finales de 2024 delegado de la FGR en Tabasco por Gertz Manero.
Una de las acusaciones fue imputada por la FGR en agosto de 2025, pero, a pesar del proceso, un juez federal desestimó el caso en el mismo mes, lo que permitió a Rivera continuar en su cargo, al que finalmente renunció en noviembre.
Debido a que su audiencia se aplazó tres veces, el asunto generó críticas sociales por supuesto encubrimiento interno.
Dos de las acciones más controversiales en el mando de Gertz fueron el encarcelamiento de Alejandra Cuevas, a quien denunció por la muerte de su hermano Federico Gertz en 2015, y la liberación del exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
El primer asunto había sido archivado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2016, pero fue reabierto por la fiscalía de Gertz en 2020. Cuevas fue detenida en octubre de 2020 y recluida en el penal femenil de Santa Martha, pero en marzo de 2022 fue liberada por un amparo otorgado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó que se le había imputado un delito inexistente en el Código Penal de la Ciudad de México, la figura de “garante accesoria” en el supuesto homicidio de Federico Gertz.
En el caso del general Cienfuegos, tras ser extraditado por Estados Unidos, la FGR lo liberó al argumentar “falsedades” en las pruebas y falta de evidencia, en un caso que, en el país vecino, se basaba en acciones de inteligencia de la DEA, entre éstas mensajes interceptados y conversaciones de narcotraficantes. La DEA ha insistido en las relaciones del general con el narcotráfico y la protección del gobierno mexicano.
La sucesora de Gertz, Ernestina Godoy, llega a la Fiscalía General de la República marcada por su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien la nombró procuradora General de Justicia de la Ciudad de México en 2018. En 2020, fue designada la primera fiscal, tras una transición establecida en ley desde 2019, la cual implicaba un nuevo modelo de procuración de justicia que se enfocaría en la autonomía y en un sistema penal que garantizara mejor atención a víctimas de delitos.
En enero de 2024, Godoy no logró la ratificación para un segundo periodo al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en una sesión del Congreso capitalino en la que los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional la denominaron “incorruptible, transparente, comprometida con la justicia” y defendieron que vivían en “una ciudad de derechos”, mientras que los opositores acusaron opacidad en el procedimiento y falta de garantías sobre una fiscal que no fuera ajena a los partidos, en alusión al instituto político gobernante.
Asimismo, reclamaron falta de justicia a víctimas como las de la Línea 12 del Metro, previo a una votación que terminó con 41 votos a favor y 25 en contra, sin alcanzar las dos terceras partes de los legisladores.
Tras esa derrota, Sheinbaum anunció que Ernestina Godoy sería parte de su gabinete federal, sin revelar en ese momento el cargo que ocuparía. La calificó también como una persona “honesta, incorruptible, ejemplo de cómo se procura la justicia” y, reveló, la invitó a postularse como senadora para la Ciudad de México, como parte de la alianza oficial.
Ernestina llegó al Senado tras las elecciones del 2 de junio de 2024, en una fórmula encabezada por Omar García Harfuch.
Aunque los dos tomaron posesión, el pleno de la Cámara Alta aprobó el 25 de septiembre siguiente las licencias de Harfuch y Godoy para separarse de sus funciones por tiempo indefinido a partir del día 30 de aquel mes, con el fin de que asumieran las posiciones de secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la consejería Jurídica de Presidencia.
En esa oficina despachó Ernestina hasta el 27 de noviembre, porque antes de que Gertz Manero dejara la FGR, hizo el último enroque que le permitió a Godoy quedar, primero, temporalmente al frente: la nombró fiscal especial de Control Competencial para que, por ley, asumiera como encargada de despacho. Después, en el Senado, vino un proceso para elegir fiscal por los próximos nueve años, que inició con 43 candidatos, después 10, luego tres, entre los que Ernestina llevó la batuta, para finalmente ser designada este miércoles, con 97 votos a favor, 10 más de los necesarios, gracias al apoyo de algunos legisladores de MC y del PAN.
@axelchl
