Aureliano Hernández Palacios Cardel marca una ruptura inmediata con respecto a la gestión de David Colmenares al convocar a una reunión inédita con los auditores de casi todos los estados del país, terminando así con seis años de aislamiento y confrontaciones institucionales. Con el respaldo de una votación histórica en San Lázaro, el nuevo titular de la ASF prometió erradicar las "grillas" políticas y anunció una reingeniería profunda que se publicará el próximo 1 de abril, con el objetivo de devolverle los dientes al organismo, priorizar las auditorías financieras sobre las de simple desempeño y agilizar la presentación de denuncias penales que quedaron congeladas durante el periodo anterior
La Cámara de Diputados instaló formalmente al Comité Técnico de Evaluación que seleccionará a los tres nuevos consejeros del INE. Pese a que el bloque oficialista defiende la trayectoria de los cinco integrantes, la designación de perfiles como Selene Cruz Alcalá —exfuncionaria federal y cercana a la presidencia— desata críticas por posibles conflictos de interés. El órgano deberá depurar una lista de más de 500 aspirantes para presentar quintetas finales el 20 de abril; de no alcanzar un consenso político en el Pleno, el azar decidirá la integración del árbitro electoral mediante insaculación a finales de mes
Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, no era un operador común; era el cerebro logístico de la “Operativa Delta” del CJNG en el Estado de México. Su poder radicaba en un método de violencia coercitiva: secuestraba a ciudadanos para obligarlos a traficar droga hacia la frontera bajo amenazas de muerte. Tras meses de evadir a la justicia refugiándose en Malinalco, su captura desarticula una pieza clave en el control de municipios estratégicos como Teotihuacán y Otumba, impactando directamente la estructura delictiva que conecta el Valle de México con las rutas del norte.
El informe sobre desaparecidos presentado por Claudia Sheinbaum revela una crisis de más de 130 mil ausencias desde 2006, marcada por una estrategia oficial que prioriza la "depuración" administrativa sobre la búsqueda en campo. Mientras el Gobierno destaca la localización de 31 mil personas y categoriza los registros mediante cruces de datos con el INE o el SAT, los colectivos de búsqueda denuncian que estas clasificaciones y la falta de carpetas de investigación en uno de cada tres casos recientes invisibilizan la realidad del reclutamiento forzado y la violencia criminal. En este escenario, la narrativa estatal de "datos verdaderos" choca con la labor de familias que, con recursos propios, intentan llenar el vacío de un Estado que parece más enfocado en corregir bases de datos que en localizar a las víctimas
Aureliano Hernández Palacios Cardel marca una ruptura inmediata con respecto a la gestión de David Colmenares al convocar a una reunión inédita con los auditores de casi todos los estados del país, terminando así con seis años de aislamiento y confrontaciones institucionales. Con el respaldo de una votación histórica en San Lázaro, el nuevo titular de la ASF prometió erradicar las "grillas" políticas y anunció una reingeniería profunda que se publicará el próximo 1 de abril, con el objetivo de devolverle los dientes al organismo, priorizar las auditorías financieras sobre las de simple desempeño y agilizar la presentación de denuncias penales que quedaron congeladas durante el periodo anterior
¿Dónde están? Las claves y contradicciones del informe de desaparecidos de Claudia Sheinbaum
El informe sobre desaparecidos presentado por Claudia Sheinbaum revela una crisis de más de 130 mil ausencias desde 2006, marcada por una estrategia oficial que prioriza la "depuración" administrativa sobre la búsqueda en campo. Mientras el Gobierno destaca la localización de 31 mil personas y categoriza los registros mediante cruces de datos con el INE o el SAT, los colectivos de búsqueda denuncian que estas clasificaciones y la falta de carpetas de investigación en uno de cada tres casos recientes invisibilizan la realidad del reclutamiento forzado y la violencia criminal. En este escenario, la narrativa estatal de "datos verdaderos" choca con la labor de familias que, con recursos propios, intentan llenar el vacío de un Estado que parece más enfocado en corregir bases de datos que en localizar a las víctimas
Aureliano Hernández Palacios Cardel marca una ruptura inmediata con respecto a la gestión de David Colmenares al convocar a una reunión inédita con los auditores de casi todos los estados del país, terminando así con seis años de aislamiento y confrontaciones institucionales. Con el respaldo de una votación histórica en San Lázaro, el nuevo titular de la ASF prometió erradicar las "grillas" políticas y anunció una reingeniería profunda que se publicará el próximo 1 de abril, con el objetivo de devolverle los dientes al organismo, priorizar las auditorías financieras sobre las de simple desempeño y agilizar la presentación de denuncias penales que quedaron congeladas durante el periodo anterior
EMEEQUIS.– Tras largo tiempo de espera por fin Claudia Sheinbaum da a conocer la cifra de personas desaparecidas. Mientras, las familias buscadoras continúan con palas y herramientas improvisadas buscando a sus familiares.
Casi un año y medio después de asumir la presidencia, Claudia Sheinbaum presentó su informe sobre personas desaparecidas. Lo hizo, como suele ocurrir en México con este tema, entre cifras contundentes y silencios incómodos.
Porque si algo quedó claro en la exposición oficial, no es sólo la magnitud del problema —más de 130 mil personas desaparecidas desde 2006—, sino la forma en que el Estado sigue narrando: fragmentado, depurado, reinterpretado.
El gobierno federal sostiene que, en lo que va de la administración, se ha localizado a más de 31 mil personas desaparecidas, la mayoría con vida. “Los datos son verdaderos”, respondió la presidenta ante los cuestionamientos.
“Difícilmente se puede encontrar a una persona que solo tiene un apodo y que no tiene ni fecha de nacimiento, identidad, CURP, credencial de elector, dirección, ni número de teléfono de contacto, es un porcentaje muy importante”, mencionó la presidenta y argumento que después de quienes si se tiene los datos se hizo una búsqueda en los registros estatales y Federales.
#Nacional | "Difícilmente se puede encontrar a una persona que solo tiene un apodo y que no tiene ni fecha de nacimiento, identidad, CURP, credencial de elector, dirección, ni número de teléfono de contacto", Sheinbaum (@Claudiashein) sobre desaparecidos con registros incompletos pic.twitter.com/cMAUKwfMcd
LA HERENCIA DE LAS CIFRAS Y LA DEPURACIÓN DEL CENSO
Pero el dato que no apareció en el discurso es otro: durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se acumularon 52 mil 529 desapariciones, y en el arranque del actual gobierno ya suman 17 mil 476.
Diversas fuentes (como A dónde van los desaparecidos y Red Lupa) documentaron que durante su administración se superaron las 50,000 personas desaparecidas, convirtiéndolo en el sexenio con la mayor acumulación de reportes en la historia reciente, superando los registros de los gobiernos de Calderón y Peña Nieto.
Sin embargo, el gobierno de Obrador, intentó “depurar” el censo a finales de 2023, lo que generó mucha controversia con las familias de las víctimas, quienes acusaron una reducción artificial de las cifras oficiales.
El informe revela más de lo que intenta ordenar:
130 mil 178 personas desaparecidas desde 2006
394 mil 645 registros acumulados desde 1952
132 mil 534 personas siguen sin ser localizadas
De acuerdo con las cifras presentadas en el informe oficial de este viernes 27 de marzo de 2026, el desglose de los 394,645 registros acumulados desde 1952 es el siguiente:
De ese gran total histórico, se han localizado a 262,111 personas.
Esto significa que:
66.4% de los registros históricos corresponden a personas que ya fueron localizadas (ya sea con vida o fallecidas).
33.6% restante (132,534 personas) mantienen el estatus oficial de desaparecidas o no localizadas hasta el corte de hoy.
Pero el dato más perturbador no es el total, sino su composición. Una de cada tres desapariciones recientes, más de 43 mil casos, no tiene ningún tipo de actividad posterior. Es decir: personas de las que simplemente no se sabe nada. Todo esto en medio del reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, descubrimientos como el del Rancho Izaguirre, Fosas clandestinas y desaparición de jóvenes dentro de bares.
Mientras tanto, colectivos como el de Ceci Flores, con sus propios recursos, a veces herramientas improvisadas, continúan buscando los restos de sus familiares.
En paralelo, más de 46 mil registros carecen de datos básicos: nombres incompletos, apodos (“El Cuate”, “Juanito”), ausencia de contexto. Expedientes que, en términos prácticos, imposibilitan cualquier búsqueda real.
El Estado no sólo llega tarde. A veces, ni siquiera llega.
EL DILEMA ESTRATÉGICO: DEPURAR NO ES BUSCAR
El gobierno ha apostado por una estrategia de “depuración” del registro: cruzar datos con el INE, el SAT, el Registro Civil y compañías telefónicas. Así, detectaron casos de personas reportadas como desaparecidas que en realidad seguían realizando actividades cotidianas. La presidenta afirma que el dato no se modificó hasta que se comprobó personalmente por trabajadores públicos que la persona se encontraba en su hogar.
Resultado: 5,269 personas cambiaron de estatus.
El problema es de fondo. Depurar no equivale a encontrar. Corregir bases de datos no sustituye la búsqueda en campo, ni responde a las familias.
Y en esa lógica, el énfasis en que “96% de los localizados no fue víctima de delito” abre otra grieta: ¿qué significa entonces desaparecer en México? ¿Y los que continúan desaparecidos, dónde están, quién se los llevó?
Otro bloque, más de 40 mil casos, presenta “indicios de actividad posterior”. Es decir, registros administrativos que sugieren que la persona podría seguir con vida.
Pero para colectivos de búsqueda, esa categoría es una trampa. No hay certeza de que se trate de la misma persona. Puede ser un homónimo, una suplantación de identidad o simplemente un error.
CATEGORÍAS CONTRA LA REALIDAD: EL VACÍO DE LAS FISCALÍAS
Las hipótesis oficiales oscilan entre el reclutamiento forzado por el crimen organizado y las “ausencias voluntarias”.
Pero en un país donde más de 26 mil de esos casos ni siquiera tienen carpeta de investigación, la pregunta es otra: ¿cuántos desaparecen también del sistema?
Mientras el gobierno presume 134 mesas de diálogo con colectivos, la realidad que describen los buscadores es distinta: registros defectuosos, investigaciones inexistentes y una narrativa oficial que prioriza el dato positivo.
Porque en el informe hay un énfasis claro: los localizados, los casos sin delito, los registros corregidos. Pero el centro del problema sigue intacto: más de 130 mil personas siguen desaparecidas. Y en uno de cada tres casos, sin pista alguna.
El informe de Claudia Sheinbaum intenta ordenar el caos con categorías: “sin datos”, “con actividad”, “sin actividad”. Pero la realidad desborda cualquier clasificación. Porque detrás de cada casilla hay una historia detenida.
RADIOGRAFÍA DE LA DESAPARICIÓN EN MÉXICO (CORTE 2026)
Total acumulado histórico: 132,534 personas
Categoría de Registro
Cifra de Personas
Característica del Estatus
Casos de “Larga Data” (1952-2005)
2,356
Vinculados probablemente a desaparición forzada del Estado.
Registros desde 2006 a la fecha
130,178
El universo total de la crisis actual de seguridad.
DESGLOSE DE LOS 130,178 CASOS (2006-2026)
El Gobierno Federal clasifica estos registros en tres grupos operativos para definir la estrategia de búsqueda:
Grupo de Clasificación
Cifra
Diagnóstico de la Autoridad
Búsqueda Imposibilitada
46,742
Datos incompletos: Sin nombre, sexo o lugar de los hechos; falta contexto para investigar.
Con Actividad Posterior
40,308
Indicios de vida: Datos suficientes con registros recientes en SAT, INE o actas de matrimonio.
Registros sin Actividad
43,128
Casos Críticos: Datos completos, pero sin señales de vida ni rastro administrativo reciente.
DATOS RELEVANTES DEL INFORME
Crisis de Investigación: Del grupo más crítico (43,128 casos con datos completos pero sin rastro), solo 3,869 cuentan con una carpeta de investigación formal. Existen más de 26,000 reportes en fiscalías que no han derivado en una indagatoria legal.
Estatus de Localización: Sobre los 40,308 casos con actividad detectada, la presidenta Sheinbaum señaló que el gobierno mantiene la hipótesis de que “es probable que estén con vida”, aunque el estatus oficial sigue siendo “desaparecido” hasta que haya contacto físico.
La “Larga Data”: Los casos previos a 2006 son reconocidos explícitamente como herencia de la represión política o violencia de Estado de décadas pasadas.
Aureliano Hernández Palacios Cardel marca una ruptura inmediata con respecto a la gestión de David Colmenares al convocar a una reunión inédita con los auditores de casi todos los estados del país, terminando así con seis años de aislamiento y confrontaciones institucionales. Con el respaldo de una votación histórica en San Lázaro, el nuevo titular de la ASF prometió erradicar las "grillas" políticas y anunció una reingeniería profunda que se publicará el próximo 1 de abril, con el objetivo de devolverle los dientes al organismo, priorizar las auditorías financieras sobre las de simple desempeño y agilizar la presentación de denuncias penales que quedaron congeladas durante el periodo anterior
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Ramiro Ulises “N”, alias “Comandante Galindo”, no era un operador común; era el cerebro logístico de la “Operativa Delta” del CJNG en el Estado de México. Su poder radicaba en un método de violencia coercitiva: secuestraba a ciudadanos para obligarlos a traficar droga hacia la frontera bajo amenazas de muerte. Tras meses de evadir a la justicia refugiándose en Malinalco, su captura desarticula una pieza clave en el control de municipios estratégicos como Teotihuacán y Otumba, impactando directamente la estructura delictiva que conecta el Valle de México con las rutas del norte.
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