Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
El gobierno de Trump demandó a Chicago e Illinois por sus políticas de ciudad santuario, acusándolas de impedir el cumplimiento de las leyes migratorias
Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
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Foto: Redes Sociales
EMEEQUIS.- La administración de Donald Trump presentó una demanda contra Chicago e Illinois, argumentando que sus políticas impiden el cumplimiento de las leyes migratorias federales.
Las ciudades consideradas “santuarios para los migrantes” ahora tendrán que ir a juicio por aparentemente dificultar las labores de las autoridades de migración. En caso de perder tendrán que cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE por sus siglas en inglés).
“Para exIacerbar aún más esta crisis nacional, algunos de estos extranjeros encuentran refugios seguros frente a la detección de las autoridades federales en las llamadas Ciudades Santuario, donde viven y trabajan entre estadounidenses inocentes, que más tarde pueden convertirse en víctimas de sus delitos”, se puede leer en la declaración preliminar de la demanda.
El Departamento de Justicia sostiene que estas normativas locales y estatales obstaculizan la cooperación con las autoridades federales, dificultando la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados.
“Esta crisis nacional subraya la importancia vital de aplicar las leyes de inmigración de nuestra nación. Identificación. Esta acción busca poner fin a los esfuerzos de un estado para impedir que el gobierno federal lo haga”.
Además, en su declaración, el gobierno federal subraya que estas restricciones ponen en riesgo la seguridad nacional y local.
“Los códigos 2-173-020, 2-173-030 y el código 46-37 del condado de Cook, aparentemente y tal como se aplican, prohíben incluso la cooperación más básica con funcionarios federales. El Congreso, en cortesía con los estados, permitió que las jurisdicciones estatales y locales castigaran plenamente a los extranjeros por violaciones penales estatales antes de su expulsión. (siempre que, sujeto a excepciones limitadas, los agentes federales “no podrán expulsar a un extranjero condenado a prisión hasta que sea puesto en libertad”). Pero el Congreso elaboró un plan estatutario que preveía claramente que el gobierno federal podría detener y expulsar a esos extranjeros, una vez que concluyeran sus procedimientos estatales y sentencias”.
Las normas, que mantienen las ciudades santuario, explica la demanda, están diseñadas para interferir y discriminar la potestad del gobierno Federal para cumplir con las normas migratorias.
Dentro de la demanda, el Departamento de Justicia señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago que prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración, al igual que limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.
Este tipo de directrices -conocidas como leyes de «ciudad santuario», vigentes en varias de las principales urbes del país incluyendo Nueva York o Los Ángeles– han contado con amplias críticas de los políticos republicanos y del actual mandatario.
En respuesta, el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois defendieron su postura, asegurando que sus leyes buscan garantizar la confianza entre la comunidad migrante y las fuerzas del orden locales. Argumentaron que la cooperación con ICE sin limitaciones puede llevar a la discriminación y afectar la seguridad de los residentes, ya que muchas personas temen denunciar delitos por miedo a ser deportadas.
Tanto el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, están incluidos en la demanda, según el reporte de Fox News.
Las leyes locales “están diseñadas para interferir contra los esfuerzos del gobierno federal en materia de violaciones a la ley migratoria”, dice la querella.
El caso, que se debatirá en una corte federal de Illinois, podría sentar un precedente en la relación entre los gobiernos locales y el poder federal en materia de inmigración. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes ya han expresado su apoyo a Chicago e Illinois, mientras que sectores conservadores respaldan la postura de la Casa Blanca.
La medida adoptada este jueves 06 de febrero, es la primera que el gobierno del presidente emprende contra una administración local, tras haber anunciado que tomaría acciones contra alcaldías y estados que no cooperan con sus estrictas políticas dirigidas a más de 11 millones de personas que residen en el país sin un estatus legal.
Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
