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EMEEQUIS.- La administración de Donald Trump presentó una demanda contra Chicago e Illinois, argumentando que sus políticas impiden el cumplimiento de las leyes migratorias federales.
Las ciudades consideradas “santuarios para los migrantes” ahora tendrán que ir a juicio por aparentemente dificultar las labores de las autoridades de migración. En caso de perder tendrán que cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduana (ICE por sus siglas en inglés).
“Para exIacerbar aún más esta crisis nacional, algunos de estos extranjeros encuentran refugios seguros frente a la detección de las autoridades federales en las llamadas Ciudades Santuario, donde viven y trabajan entre estadounidenses inocentes, que más tarde pueden convertirse en víctimas de sus delitos”, se puede leer en la declaración preliminar de la demanda.
El Departamento de Justicia sostiene que estas normativas locales y estatales obstaculizan la cooperación con las autoridades federales, dificultando la identificación y deportación de inmigrantes indocumentados.
“Esta crisis nacional subraya la importancia vital de aplicar las leyes de inmigración de nuestra nación. Identificación. Esta acción busca poner fin a los esfuerzos de un estado para impedir que el gobierno federal lo haga”.
Además, en su declaración, el gobierno federal subraya que estas restricciones ponen en riesgo la seguridad nacional y local.
“Los códigos 2-173-020, 2-173-030 y el código 46-37 del condado de Cook, aparentemente y tal como se aplican, prohíben incluso la cooperación más básica con funcionarios federales. El Congreso, en cortesía con los estados, permitió que las jurisdicciones estatales y locales castigaran plenamente a los extranjeros por violaciones penales estatales antes de su expulsión. (siempre que, sujeto a excepciones limitadas, los agentes federales “no podrán expulsar a un extranjero condenado a prisión hasta que sea puesto en libertad”). Pero el Congreso elaboró un plan estatutario que preveía claramente que el gobierno federal podría detener y expulsar a esos extranjeros, una vez que concluyeran sus procedimientos estatales y sentencias”.
Las normas, que mantienen las ciudades santuario, explica la demanda, están diseñadas para interferir y discriminar la potestad del gobierno Federal para cumplir con las normas migratorias.
Dentro de la demanda, el Departamento de Justicia señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago que prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración, al igual que limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.
Este tipo de directrices -conocidas como leyes de «ciudad santuario», vigentes en varias de las principales urbes del país incluyendo Nueva York o Los Ángeles– han contado con amplias críticas de los políticos republicanos y del actual mandatario.
En respuesta, el alcalde de Chicago y el gobernador de Illinois defendieron su postura, asegurando que sus leyes buscan garantizar la confianza entre la comunidad migrante y las fuerzas del orden locales. Argumentaron que la cooperación con ICE sin limitaciones puede llevar a la discriminación y afectar la seguridad de los residentes, ya que muchas personas temen denunciar delitos por miedo a ser deportadas.
Tanto el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, como el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, están incluidos en la demanda, según el reporte de Fox News.
Las leyes locales “están diseñadas para interferir contra los esfuerzos del gobierno federal en materia de violaciones a la ley migratoria”, dice la querella.
El caso, que se debatirá en una corte federal de Illinois, podría sentar un precedente en la relación entre los gobiernos locales y el poder federal en materia de inmigración. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes ya han expresado su apoyo a Chicago e Illinois, mientras que sectores conservadores respaldan la postura de la Casa Blanca.
La medida adoptada este jueves 06 de febrero, es la primera que el gobierno del presidente emprende contra una administración local, tras haber anunciado que tomaría acciones contra alcaldías y estados que no cooperan con sus estrictas políticas dirigidas a más de 11 millones de personas que residen en el país sin un estatus legal.
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