La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Diputados 4T prohíben vapeadores y oposición acusa “aguinaldo” al narco
“Más prohibiciones igual a más mercado negro y más dinero para los cárteles. Feliz Navidad al crimen organizado, de parte de Morena y sus aliados. Ahí les va su aguinaldo”, ironiza la diputada de MC Iraís Reyes.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
Oposición acusó punitivismo y exageración en castigo a los vapeadores. Foto: Laura Brugés.
EMEEQUIS.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Salud que, entre otras cosas, prohíbe vapeadores y cigarros electrónicos. Se dio luz verde con 324 votos a favor y 129 en contra de los partidos opositores.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Zavala, criticó la reforma: “¿Qué tiene que ver la prohibición estúpida, caprichosa de los vapeadores con las facultades de la Cofepris? ¿Qué tiene que ver encarcelar a una persona que adquiere un vapeador, cómo está relacionado eso con el FONSABI (Fondo de Salud para el Bienestar)?”
CIUDAD DE MÉXICO, 09DICIEMBRE2025.- La bancada de los diputados del PAN, encabezados por el legislador Éctor Jaime Ramírez Barba, protestaron en contra de la prohibición de los vapeadores que propone el grupo parlamentario de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
“No tienen absolutamente ninguna relación, y sin embargo, lo hacen por tramposos, lo hacen por mezquinos, lo hacen para engañar y desinformar a la gente”.
Cabe destacar que esta reforma fortalece las facultades de la Cofepris, prioriza la compra de medicamentos a empresas con inversión en México y cambia la distribución de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar.
Zavala argumentó que en el dictamen se especifica las sanciones contra los consumidores. “Es evidente que quieren criminalizar a las y los jóvenes”.
CIUDAD DE MÉXICO, 09DICIEMBRE2025.- La bancada de los diputados del PAN, encabezados por el legislador Éctor Jaime Ramírez Barba, protestaron en contra de la prohibición de los vapeadores que propone el grupo parlamentario de Morena. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano (MC), fue más dura y acusó que los diputados morenistas le dieron su “aguinaldo” al narco al prohibir los vapeadores, porque ahora ellos se beneficiarán con el mercado negro.
“Porque cuando criminalizan la cadena completa el mercado no desaparece, cambia de dueño y ese dueño es el mercado ilegal, que no paga impuestos, que no respeta reglas, que no tiene inspecciones y sí sabe operar en la clandestinidad. Más prohibiciones igual a más mercado negro y más dinero para los cárteles. Feliz Navidad al crimen organizado, de parte de Morena y sus aliados. Ahí les va su aguinaldo”, ironizó.
🗳📌 MORENA LE DA SU NAVIDAD AL NARCO
La diputada Iraís Reyes advirtió que la reforma que prohíbe los vapeadores tiene serios riesgos.
Y es que criminaliza toda la cadena (comprar, guardar, transportar o vender) con penas de hasta ocho años, algo que ningún país democrático… pic.twitter.com/0yUZXshzei
Por su parte, Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI, ironizó la situación: “A lo mejor no es lo que ustedes quieren, pero es lo que se va a interpretar y esas interpretaciones en Ministerios Públicos, en policías que capturan a un muchacho y le encuentran un vapeador, claro que se lo van a encuadrar”.
“Cuando menos para la extorsión, por lo menos para quitarle una lanita, tengan cuidado con lo que van a votar, porque es peligroso, yo me imagino que no es lo que ustedes quieren votar, pero es lo que está ahí escrito”.
El diputado petista Gerardo Olivares habló a favor de la iniciativa: “Esta reforma tiene el objetivo estratégico de garantizar la salud integral del pueblo de México y por esa razón cuenta con el respaldo del grupo parlamentario del Trabajo”.
Irais Reyes, diputada de Movimiento Ciudadano, “vapeo” durante su participación en la tribuna, esto para manifestarse en contra de la prohibición de estos aparatos. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM
Dijo que la regulación de los cigarrillos electrónicos y los vapeadores es para proteger a los jóvenes: “Es necesario regular responsablemente este asunto, pues el uso descontrolado de estos dispositivos tiene un impacto negativo en la salud de las personas”.
Otra diputada del PT, Margarita García, reveló que antes se daban “moches” en la Cámara de Diputados, al reclamar a la oposición por su postura en contra de la reforma:
“¿Acaso los cabilderos están llegándoles al precio? ¿Acaso los cabilderos también les van a dar algo de ganancia porque ya no hay las maletas de dinero y los moches que nos daban aquí?”
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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