La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Congresistas demócratas advierten a Trump: no al envío de tropas en México
Tras los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump volvió a poner a México en la mira, asegurando que los cárteles “controlan el país” y que Washington “tiene que hacer algo”. En respuesta, 75 legisladores demócratas enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, para exigirle que descarte cualquier intervención militar en México sin autorización del Congreso. Los demócratas advirtieron que una acción unilateral sería “desastrosa” para la relación bilateral
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
EMEEQUIS.– Un grupo de 75 legisladores demócratas del Congreso de Estados Unidos envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, en la que le exigen comprometerse a no permitir una intervención militar en México. La misiva surge en medio de tensiones tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha insistido en que los cárteles “controlan México” y que Washington “tiene que hacer algo”.
La preocupación de los demócratas se intensificó después de los ataques estadounidenses en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero. En una entrevista con Fox News, Trump vinculó directamente la situación venezolana con México, sugiriendo que el crimen organizado en territorio mexicano representa una amenaza que podría justificar acciones militares.
Los legisladores advirtieron que una acción militar unilateral contra México, sin aval del Congreso, sería “desastrosa”. Argumentaron que México es el principal socio comercial de Estados Unidos y un aliado estratégico en materia de seguridad. Una incursión militar, señalaron, afectaría gravemente los intereses empresariales, frenaría el comercio y provocaría un aumento en los flujos migratorios hacia el norte.
COOPERACIÓN BAJO EL GOBIERNO DE SHEINBAUM
La carta subraya que bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha incrementado la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado. Los demócratas destacaron la reducción de homicidios, el fortalecimiento de la inteligencia y el aumento en los decomisos de drogas como el fentanilo, como evidencia de que la relación bilateral atraviesa una etapa de colaboración que no debe ser vulnerada.
De acuerdo con información difundida en medios estadounidenses, la oficina legal del Departamento de Estado recibió la instrucción de analizar las implicaciones jurídicas de una eventual intervención militar en México. Este movimiento ha encendido las alarmas en el Congreso, donde los demócratas buscan frenar cualquier intento de justificar acciones armadas sin consenso legislativo.
RECHAZO DESDE MÉXICO
La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en diversas ocasiones su rechazo absoluto a cualquier intervención militar extranjera en territorio mexicano, calificándola como una violación a la soberanía nacional. Para el gobierno mexicano, cualquier acción unilateral pondría en riesgo décadas de cooperación bilateral y abriría una crisis diplomática de gran escala.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
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