Concentración de poder y riesgos de seguridad: la ley que rechaza el sector telecom

EMEEQUIS.— La nueva ley en materia de telecomunicación preocupa a todo el mundo, se presenta como un retroceso, un riesgo para la libertad de expresión y una oportunidad para el crimen organizado. 

disidentes a la reforma señalan que el crimen organizado podría obtener información sensible sobre los usuarios. 

La propuesta de una nueva ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ha desatado una fuerte ola de críticas entre especialistas, activistas y organizaciones civiles, quienes advierten que la iniciativa representa un grave retroceso en derechos fundamentales, abre la puerta a la censura y, lo más alarmante, podría facilitar el acceso del crimen organizado al sector de las telecomunicaciones.

Durante el primero de cinco conversatorios organizados bajo el título “Análisis de las Políticas de Telecomunicaciones y Radiodifusión”, ocurrido este 08 de mayo, expertos coincidieron en que la reforma vulnera pilares constitucionales como la independencia de los órganos reguladores, la libertad de expresión y la privacidad de los usuarios.

En la sesión, que se extendió por más de seis horas y reunió a 25 especialistas, se abordaron especialmente los riesgos de seguridad pública que implica dejar vacíos legales en el control del espectro radioeléctrico.

LA INICIATIVA DE REFORMA, REPROBADA: DENISE DRESSER

Para la especialista Denise Dresser  la reforma estuvo prácticamente reprobada en la sesión del Senado “los comentarios fueron casi unánimemente críticos por parte de múltiples actores”. Explicó que se criticaron aspectos desde lo técnico hasta lo político pero que sin duda lo que más ha llamado la atención es la concentración de poder que se le ha dado a José Merino, quien estaría al frente de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT),

La académica también mencionó que el problema es que el estado se convierte en un competidor desleal, se rompen acuerdos del T-MEC, acabando con la competencia de pequeñas y medianas empresas. Además de que el artículo 109, que buscaba bajar o eliminar contenido de medios en caso de ser investigados de manera inmediata, sería eliminado, sin embargo, Dresser afirma que no es suficiente con eliminar dicho artículo, explicó en entrevista con Azucena Uresti.

POLÉMICA POR GEOLOCALIZACIÓN Y DATOS PERSONALES 

Temas como geolocalización, padrón de usuarios móviles e intervención de comunicación por temas de “seguridad gubernamental”, también se presentan como un problema, por lo que la ley debería plantearse desde cero otra vez.

Óscar Mondragón del Colectivo Libre Internet para Todos, mencionó que el hecBo de que el estado guarde información sobre geolocalización es una medida que, en contextos de corrupción e impunidad, podría ser utilizada por secuestradores o grupos criminales para rastrear y violentar a ciudadanos. Esta preocupación se agudiza ante la posibilidad de que el Ministerio Público solicite la localización en tiempo real de dispositivos sin una orden judicial previa.

VEN POSIBLE PERSECUCIÓN POLÍTICA 

Mientras que activistas como Jesús Robles Maloof han advertido que esta facultad podría convertirse en una herramienta de persecución política, sobre todo en regiones con altos índices de violencia, donde periodistas y defensores de derechos humanos ya operan en condiciones de alto riesgo.

La concentración del poder regulatorio en el Ejecutivo federal es otro punto de fuerte controversia. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones asumiría funciones sin mecanismos claros de control independiente, eliminando la deliberación colegiada que caracterizaba al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

LA MANO DEL CRIMEN AMENAZA

Adriana Lombardi Inzunza, excomisionada presidenta del IFT, señaló que actualmente no existen herramientas legales suficientes para impedir que solicitantes de concesiones vinculados al crimen organizado accedan a autorizaciones.

La situación no es hipotética. En Michoacán, el grupo criminal “Los Viagras” operaba una red de internet ilegal, cobrando cuotas a los habitantes y amenazando a quienes se negaban a contratar su servicio. Empresas como Megacable han denunciado extorsiones sistemáticas, sabotajes y cortes eléctricos orquestados por delincuentes en contubernio con autoridades locales.

Además, la ley incluye disposiciones que permiten el bloqueo de plataformas digitales, la censura previa de contenidos patrocinados por gobiernos extranjeros y el registro de datos biométricos de los usuarios sin el debido resguardo judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha declarado inconstitucionales iniciativas similares por atentar contra los derechos fundamentales de privacidad, acceso a la información y libre expresión. Sin embargo, la nueva propuesta reincide en estas prácticas al incluir facultades discrecionales para la revocación de concesiones y la vigilancia masiva de los ciudadanos.

Organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) han llamado a replantear la reforma desde un enfoque plural, democrático y con respeto a los derechos de las audiencias. Para ellos, el objetivo debe ser restaurar los equilibrios regulatorios y garantizar que la política pública digital sirva a la ciudadanía, no al poder político ni a intereses oscuros.

Mientras que Artículo 19 menciona que la iniciativa de ley viola estándares internacionales de derechos humanos y pueden ser utilizados para silenciar voces críticas, especialmente en entornos digitales donde la libertad de expresión es vital.

Pese a que la presidenta Sheinbaum mencionó que se revisaría la ley pero que su esencia se mantendría, e incluso aceptó eliminar el articulo 109 el debate sobre esta ley y sus implicaciones, ya esta sobre la mesa.

@emeequis