EMEEQUIS.– Desencuentros por el nulo apoyo fiscal y falta de acciones del gobierno para aliviar la economía ante la Covid-19, así como una negativa del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, a coadyuvar en el cobro de adeudos de grandes empresas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mantenían a este organismo alejado del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero este miércoles, el proyecto para reformar al sistema de pensiones lo volvió a acercar a Palacio Nacional. El propio AMLO reconoció la labor de Salazar Lomelín, quien fue el promotor de esta iniciativa. Así fue como volvieron a enterrar el hacha, después de algún tiempo de rostros endurecidos.
No es para menos. Se trata de una reforma que, aunque tiene aún vacíos, ya era necesaria, porque beneficia a los trabajadores que estaban pocos favorecidos. Prácticamente la mayoría de ellos terminaría sin una pensión o con algo mínimo que no da para sobrevivir, con la Ley del IMSS de 1997, que surgió con la puesta en marcha del sistema de Afores.
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Lo que se destaca de la reforma, para aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar después de ese año, es que se brinda una pensión garantizada a aquellos que tengan 750 semanas y ya no mil 250 como antes. Y se plantea el incremento de las aportaciones patronales para el ahorro de 6.5% a 15%.
Si bien desde que se presentó este proyecto, comandado por un equipo de expertos del CCE, se ha calificado como un gran paso, aún hace falta la iniciativa para que se apruebe en el Congreso de la Unión.
Salazar Lomelín no desaprovechó esa oportunidad en Palacio Nacional para decirle al presidente que esa reforma era una muestra “fehaciente” y “clara” del compromiso de la iniciativa privada mexicana.
“Creo que esto es enormemente relevante y explica que, a todos, a todos, nos interese el bienestar de México y que al final, cuando trabajamos en colaboración, cuando trabajamos unidos, cuando trabajamos definitivamente con ese objetivo fundamental de buscar el bienestar de nuestro país, somos capaces de encontrar soluciones a problemas añejos”.
LO IMPORTANTE
Este viernes el CCE reunió a su equipo de colaboradores que maquinaron las propuestas para la reforma a las pensiones para explicar a detalle de qué va todo esto. Carlos Salazar calificó que era absolutamente necesario para el país hacer esto, que se viene trabajando desde antes de la administración de López Obrador.
Pese a que es un paso importante, es una reforma que implica una implementación gradual, que espera se concrete en su totalidad hacia 2030.
Guillermo Zamarripa, integrante de la Comisión de Seguridad Social y Pensiones del CCE, explicó que, 23 años después de la entrada en vigor de la ley de 1997, se llegó a un punto en el que es muy urgente reformarla, por dos factores principales que detectaron: la cuota de aportación es muy baja, entonces, el ahorro para los trabajadores es mínimo y eso implica pensiones reducidas.
En segundo lugar, al tener un mercado laboral “bastante” rígido, el llegar a las mil 250 semanas es algo que sólo una minoría de los trabajadores lo logrará, aproximadamente entre 25 y 30%.
Por eso los ejes centrales de la reforma son: aumentar el nivel de ahorro obligatorio de 6.5 a 15%, pero esto no aplica inmediatamente de que se aprueben las reformas, sería en 2023 cuando comience el incremento de 1% y concluya en 2030.
Esto, en un principio, causó inquietud, ya que se pensaba que era algo que iba a pegar a las empresas, así como el salario y el empleo formal, pero Zamarripa indica que no será así: es una justicia al trabajador, no es un impuesto, es dinero que irá a la cuenta individual.
Mientras que, en el caso de las semanas cotizadas, aunque el CCE propone que sean 750, la Secretaría de Hacienda pretende que esto sea sólo al principio y luego elevarla poco a poco a mil semanas.
UNA APUESTA
En la reunión de este viernes, colaboradores del CCE resaltaron que la propuesta de reformas no tiene que ver tampoco con ningún enfoque de índole político, que es un tema eminentemente social, técnico y de gestión de capital humano.
EL CCE confía que, con esta propuesta, a lo largo del tiempo, a nivel macro el país tendrá un ahorro de 40% del Producto Interno Bruto.
“Eso nos dejará un sistema financiero también mucho más fortalecido, con capacidad de financiar proyectos cada vez más grandes y con la posibilidad de que nos permita a los mexicanos tener un acceso mayor para la compra de cualquier bien”, asegura Salazar Lomelín
También está seguro que, tarde o temprano, esto le quitará presión a las finanzas públicas del país y al suceder esto se podrá tener una mejor asignación de los recursos.
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Bernardo González Rosas, presidente de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), coincide que con esta reforma habrá más recursos para financiar infraestructura en materia de puertos, carreteras, entre otras.
Incluso puede ser un instrumento para continuar desarrollando y creciendo el mercado de valores en nuestro país. Pero, sobre todo, lo que se busca es provocar mayores rendimientos, para que las pensiones sean más altas.
Mientras tanto, las discusiones en torno a la reforma seguirán, pues hay algunas cuestiones que al CCE le gustaría incluir, como mayor flexibilidad a mujeres y hombres que salen del mercado laboral, así como aspectos fiscales y riesgos de longevidad.
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