La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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El presidente ahora critica al titular del Poder Judicial, tras justificar su voto contra la intención de la 4T de castigar con prisión preventiva oficiosa tres delitos financieros. Arturo Zaldívar le recuerda a López Obrador que hay que tomar en cuenta los derechos humanos.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
EMEEQUIS.– La decisión de la Suprema Corte de invalidar la prisión preventiva oficiosa para castigar el contrabando, defraudación fiscal y facturación falsa dejó como saldo una grieta visible en la relación que tienen los titulares del Poder Ejecutivo y Judicial.
Este viernes, en la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las declaraciones del ministro presidente Arturo Zaldívar sobre la prisión preventiva oficiosa para esos delitos —es decir, el encarcelamiento en automático mientras se realiza una investigación judicial—, pues las calificó de una medida que afecta desproporcionadamente a los más pobres del país.
“Lamento mucho que el presidente de la Suprema Corte, al que estimo de verdad, haya dicho que esto no afecta a los pobres, porque a los pobres se les protege, si van a la cárcel los ‘factureros’ y los defraudadores fiscales”, dijo el presidente desde Campeche.
Los dichos del presidente López Obrador son una respuesta a un video corto que subió el ministro Arturo Zaldívar en su cuenta de Twitter en el cual justificó su voto a favor de invalidar la aplicación –sin excepciones– de la medida cautelar más dura contra quienes son acusados de esos tres delitos financieros.
“La mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos. Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar hacia un sistema que establezca la prisión preventiva como excepcional. #SCJN”, tuiteó después el ministro presidente.
El intercambio verbal entre los dos amigos tiene como origen una serie de reformas propuestas a principios de año por el gobierno federal para reformar el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de incluir el contrabando, defraudación fiscal y facturación falsa en la lista de delitos “graves” que ameritan a los acusados ser encarcelados, sin alguna otra atenuante, mientras se investiga si son culpables o inocentes.
Los cambios constitucionales provocaron que se interpusiera ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad por parte de senadores de oposición y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuya titular, Rosario Piedra Ibarra, es cercana al presidente López Obrador.
El pasado 25 de octubre se votó esa acción de inconstitucionalidad y, con ocho votos a favor, los magistrados determinaron que la prisión preventiva oficiosa es inconstitucional, dado que viola la presunción de inocencia y priva de la libertad a las personas sin que haya una sentencia judicial.
La mayoría votó por validar únicamente la prisión preventiva justificada, es decir, que la Fiscalía General de la República o las fiscalías estatales deben argumentar, caso por caso, por qué la medida del encarcelamiento sin sentencia es necesaria para garantizar todas las etapas de un juicio.
“No se puede estar ampliando simplemente el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. No se trata de no acatar la Constitución, sino de tomarnos en serio los derechos humanos que son parte del artículo primero”, dijo en esa ocasión el ministro presidente Arturo Zaldívar.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 7 de cada 10 personas que están privadas de la libertad por prisión preventiva oficiosa se dedican al comercio informal o el trabajo artesanal.
El 70% de esa misma población dijo que no tiene días de descanso ni ahorros; y el 60% no terminó la educación básica porque debió trabajar desde adolescente para solventar las carencias económicas de sus hogares.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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