Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Guía completa para ver el lanzamiento de Artemis II desde México este miércoles 1 de abril. La NASA rompe un silencio de 50 años con el vuelo tripulado más lejano de la historia, superando el récord de la Apolo 13. Conoce el horario exacto, la transmisión en vivo y por qué esta misión es la clave para llegar a Marte.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
AMLO defiende a Encinas tras detección de pruebas hechizas en informe Ayotzinapa
El mandatario intenta poner en duda al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), entre quienes afirma existe división, y dice que Alejandro Encinas en un “hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información”
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
EMEEQUIS.― Tras la detección de indicios de evidencia falsa en la investigación de la actual administración sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa en 2014, AMLO salió en defensa del comisionado para el caso, Alejandro Encinas Rodríguez y de su indagatoria.
“Le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas, Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación, y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando esta investigación y se va a hacer justicia”, dijo en su presentación matutina.
El mandatario también buscó poner en duda al Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que encargó la auditoría que detectó la falsedad en las capturas de mensajes de Whatsapp incluidas en la investigación. AMLO aseguró que “ellos se dividieron”, sugiriendo que no hay unanimidad en sus conclusiones.
Lo cierto es que el propio Alejandro Encinas, en una entrevista con The New York Times, “admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado”, y que “no tienen elementos suficientes para acreditarse”.
GIEI: CAPTURAS, SIN GARANTÍA DE AUTENTICIDAD
Los integrantes del GIEI desconocieron como prueba las presuntas capturas de WhatsApp que constituyen el sostén principal del informe emitido en agosto por la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj), que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población.
El GIEI encargó un peritaje informático-forense del material proporcionado por la COVAJ, el cual concluyó que en el 39.26 % de las capturas de pantalla incluidos en el Informe Encinas “no existe confiabilidad en la imagen, ya que no es posible tener una captura de pantalla de un mensaje que aún no ha sido generado y enviado”.
De hecho, muchos de los mensajes fueron enviados después de la fecha de creación de la imagen, de acuerdo con los especialistas que analizaron el material. Los especialistas también determinaron discrepancias “en el ambiente de las capturas, como es la la “paloma azul” que indica la condición de mensaje recibido.Por ello, consideran que se trata de “pruebas” que adolecen de inconsistencias y, en suma, “no tienen garantía de autenticidad ni pueden ser utilizadas en un proceso judicial”.
ENCINAS A NYT: “EVIDENCIA IRREAL”
En una entrevista que dio al diario The New York Times, el comisionado alejandro Encinas declaró que “mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”.
Textualmente indicó que en su informe “hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”.Sobre las capturas de los 467 mensajes de Whatsapp mensajes, que cuentan la versión principal de la investigación del gobierno de AMLO sobre lo ocurrido a los normalistas de Ayotzinapa, Encinas reveló que fueron compartidos por una sola fuente.
Encinas retuvo los mensajes, originalmente testados u ocultos por tinta, “ porque le preocupaba que se filtraran, dijo, y sentía la obligación de presentar un reporte oportuno a las familias de los estudiantes”.
“Hay unos que hemos desechado”, dijo. “No tienen elementos suficientes para acreditarse”. Encinas admitió que la fuente que brindó los mensajes podría haberlos fabricado. “Todo es posible”, dijo. “El 100 por ciento seguro en esto no existe”, refirió en la entrevista.
AMLO: EL GEI SE DIVIDIÓ Y TENÍA PACTO DE SILENCIO
Tras dar su respaldo a Encinas y su investigación, AMLO dijo esta mañana que los miembros del GEI se dividieron: “Es que ellos se dividieron. Dos se retiraron y dos se quedaron. Porque así es esto, es un asunto complejo. Había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento”.
Según el mandatario, las suspicacias se explican en lo inesperado de la acción judicial: “Porque no sólo se cometió esta atrocidad, sino que tomaron la decisión de inventar los hechos. La llamada verdad histórica. (…) Lo que sucede, ya se los expliqué en una ocasión, es que pensaban que no íbamos a actuar, y que se iba a ir pasando el tiempo. Entonces, les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al Procurador Murillo Karam, y a militares”.
Subrayó: “Porque no tenían esa intención. Entonces cuando se toma la decisión de qué no va a haber impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadra”.
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La salida de Rafael Marín Mollinedo de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) se produce bajo el escrutinio público por el alarmante repunte del huachicol fiscal, un esquema de contrabando de combustibles que generó pérdidas estimadas en hasta 600 mil millones de pesos durante su gestión. Pese a que la presidenta Claudia Sheinbaum calificó su desempeño como "extraordinario" y atribuyó su relevo a un acuerdo previo para trasladarlo como delegado federal a Yucatán, el cambio de mando hacia Héctor Alonso Romero —un perfil técnico especializado en digitalización— sugiere una estrategia de urgencia para blindar los puertos y aduanas
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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