Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
10 riesgos clave de la reforma judicial en México, según la CIDH
La CIDH advirtió que la reforma al Poder Judicial en México podría afectar el acceso a la justicia y la independencia judicial, especialmente por la elección popular de jueces. También criticó la exclusión de fiscalías y defensorías, la figura de "jueces sin rostro", y un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial que podría comprometer el debido proceso. Urge al gobierno a ajustar la reforma a los estándares internacionales
Florencia Melany Franco Fernández, Directora General de Coordinación en la SHCP e identificada mediáticamente por una fotografía en Palacio Nacional, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse su millonaria red de ingresos privados que asciende a 4.2 millones de pesos anuales. Según su declaración patrimonial de 2025, la funcionaria percibe 100 mil pesos mensuales por asesorar a Grupo Ambrosía, empresa que ha obtenido contratos gubernamentales por más de 4.4 millones de pesos mediante adjudicaciones directas en diversas dependencias y alcaldías. Esta dualidad entre su alto cargo público y su actividad como consultora de contratistas vigentes ha levantado alertas sobre un presunto conflicto de interés, lo que podría representar una violación a los artículos 37 y 52 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Trabajadores del Poder Judicial protestan en Nuevo León. (Cuartoscuro)
EMEEQUIS. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó preocupación ante la aprobación de la reforma al Poder Judicial en México. Advirtió que esa modificación constitucional traerá impactos negativos en el derecho al acceso a la justicia, garantías de independencia judicial y la vigencia del Estado de Derecho.
A través de un comunicado, la CIDH afirmó que ha recibido información por parte de organizaciones de la sociedad civil, personas expertas y operadores de justicia donde se exponen las afectaciones que derivan de la reforma.
- Preocupación por el acceso a la justicia
La CIDH advierte que la reforma podría afectar negativamente el derecho al acceso a la justicia y comprometer la independencia judicial. - Impacto en el Estado de Derecho
La modificación constitucional podría poner en riesgo la vigencia del Estado de Derecho en México, según las advertencias de organismos internacionales. - Elección popular de jueces y magistrados
El cese de autoridades judiciales en 2025-2027 para elegir jueces, magistrados y ministros mediante voto popular es uno de los cambios más cuestionados, con preocupaciones sobre meritocracia y profesionalismo. - Riesgos de impunidad y corrupción
La CIDH destaca que México ya enfrenta desafíos en cuanto al acceso a la justicia, con altos niveles de impunidad y corrupción que podrían agravarse. - Diálogo insuficiente con la ciudadanía
Aunque el Estado mexicano promovió algunos diálogos nacionales, la celeridad en la tramitación de la reforma impidió una participación ciudadana más amplia y crítica. - Falta de inclusión de fiscalías y defensorías
La CIDH señala que la reforma debería incluir a todas las instituciones de procuración de justicia, como las fiscalías estatales y las defensorías públicas, las cuales fueron omitidas. - Preocupaciones sobre “jueces sin rostro”
La inclusión de esta figura para preservar la identidad de jueces en casos de delincuencia organizada es vista como una contradicción a los principios de la Convención Americana. - Riesgos para la independencia judicial
La creación de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial podría comprometer la independencia de los jueces, afectando las garantías del debido proceso. - Nombramiento de jueces y magistrados
La CIDH destaca la necesidad de un proceso de selección basado en mérito, con presupuestos y criterios claros, para asegurar que los jueces cuenten con calificaciones jurídicas apropiadas. - Cumplimiento con estándares internacionales
Se insta a que la reforma se alinee con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los estándares interamericanos, garantizando la independencia judicial y el acceso a la justicia.
- Funcionaria de las “piernas en el balcón”, en la mira por conflicto de interés con contratista
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