Los dos grupos cuestionan la estrategia de la Universidad para resolver las irregularidades detectadas en el proceso de admisión 2026. Mientras unos exigen que se respete su lugar, otros piden ser incluidos en el nuevo proceso.
Luego de tres meses prófugo, capturan en Guasave, Sinaloa, a José Manuel Rubio Santini, alias “Tito”, presunto feminicida de Beany Lozano, a quien disparó a la cabeza y dejó morir en Chiapas.
Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de la Universidad de Nueva York, recomendó que la regulación se concentre en el diseño de las redes sociales y la protección de menores, no en prohibir contenidos.
Tras la recuperación pacífica de las instalaciones de Canal Once por parte de sus propios trabajadores y su directora, Renata Turrent, el Gobierno de México y la Fiscalía iniciaron la evaluación de los daños ocasionados al archivo histórico de la emisora —el cual resguarda más de 70 años de acervo audiovisual— e integraron carpetas de investigación para sancionar a los responsables por posibles delitos contra el patrimonio de la nación, luego de más de tres meses de ocupación ilegal por un grupo reducido de jóvenes
Los dos grupos cuestionan la estrategia de la Universidad para resolver las irregularidades detectadas en el proceso de admisión 2026. Mientras unos exigen que se respete su lugar, otros piden ser incluidos en el nuevo proceso.
Los dos grupos cuestionan la estrategia de la Universidad para resolver las irregularidades detectadas en el proceso de admisión 2026. Mientras unos exigen que se respete su lugar, otros piden ser incluidos en el nuevo proceso.
Luego de tres meses prófugo, capturan en Guasave, Sinaloa, a José Manuel Rubio Santini, alias “Tito”, presunto feminicida de Beany Lozano, a quien disparó a la cabeza y dejó morir en Chiapas.
Jonathan Haidt, psicólogo social y profesor de la Universidad de Nueva York, recomendó que la regulación se concentre en el diseño de las redes sociales y la protección de menores, no en prohibir contenidos.
Tras la recuperación pacífica de las instalaciones de Canal Once por parte de sus propios trabajadores y su directora, Renata Turrent, el Gobierno de México y la Fiscalía iniciaron la evaluación de los daños ocasionados al archivo histórico de la emisora —el cual resguarda más de 70 años de acervo audiovisual— e integraron carpetas de investigación para sancionar a los responsables por posibles delitos contra el patrimonio de la nación, luego de más de tres meses de ocupación ilegal por un grupo reducido de jóvenes
