La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
El error de Gatell. “El 18 de mayo ocurrió su Waterloo”
La predicción sobre el pico de la curva, el modelo Centinela, la baja cantidad de pruebas y el tema del cubrebocas abren discusión en el gabinete para que López-Gatell rinda cuentas ante el Congreso. Así va el Zipi y Zape de esta historia.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
EMEEQUIS.– Avanzaban los días de abril cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a trabajar a marchas forzadas a los integrantes de su gabinete económico. La curva ascendente de contagios y muertes por la Covid-19 no parecía dar tregua, al tiempo que las cúpulas empresariales incrementaban la presión sobre el gobierno federal.
A la par, los teléfonos de las secretarías de Hacienda, Economía, Trabajo y Relaciones Exteriores no dejaban de sonar: sus contrapartes estadounidenses querían dejar claro que la reapertura económica era un asunto urgente. Pedían una fecha para la reactivación de la industria y el comercio mexicanos, estrechamente conectados por las cadenas de producción entre ambos países.
Un asesor del gabinete económico asegura que algún día será documentado todo lo que pasó y todo lo que se dijo en Palacio Nacional durante aquel mes de abril. Las presiones sobre Arturo Herrera, Graciela Márquez, Luisa María Alcalde y Marcelo Ebrard eran durísimas. Ellos y otros funcionarios trabajaban en escenarios de cómo se implementaría la reactivación económica.
El asunto de plantear una fecha saltó de escritorio en escritorio hasta llegar al del subsecretario Hugo López-Gatell, quien intentó en varias ocasiones explicar escenarios sofisticados a sus colegas de gabinete. Muchas voces pedían que se planteara ya una fecha.
Así fue que el vocero del coronavirus estableció, junto con su equipo de epidemiólogos, matemáticos y otros expertos, que el pico de la pandemia llegaría el 18 de mayo. El cotorreo y/o la cólera sobre el error en los pronósticos es ya historia escrita en prensa, redes, radio y televisión, lo que aún está por contarse son los argumentos a puerta cerrada que llevaron al gobierno mexicano a comprometerse a que, a partir de junio, comenzaría “la nueva normalidad”.
Durante mayo se fue anunciando la reapertura económica y la jubilación de “Susana Distancia”. En paralelo, se informaba la implementación de un semáforo de cuatro colores y la aparición de una nueva etapa, la del “Sano Retorno”. En algún momento se propuso ponerle “Susano Retorno”, pero al final concluyeron que el país no estaba para jugar con otra campaña jocosa.
El asunto es que varios integrantes del gabinete económico y algunos gobernadores aseguraban, una y otra vez, que no había condiciones para reabrir la economía cuando el pico de la curva no parecía llegar, ni siquiera aplanarse, como dijo en varias ocasiones el propio presidente de México. “No había condiciones, pero así decidimos abrir, por las presiones”, comenta el asesor económico.
Cuando países como Italia y España tenía niveles de contagio similares a los de México, nos dicen, sus respectivos gobiernos mantuvieron cerradas las actividades económicas no esenciales. Antepusieron los criterios de salud a las presiones comerciales.
También nos cuentan que justo esta argumentación será la que, pasado lo peor de la pandemia, regrese a las discusiones dentro del gabinete. Las voces críticas a López-Gatell han ido creciendo en las últimas semanas, al grado que ya preparan una ruta para que rinda cuentas, muy probablemente ante el Congreso. Lo acusan de haber informado equivocadamente durante ciertas reuniones del gabinete.
Aun así, el presidente López Obrador ha mantenido el respaldo a López-Gatell, incluso en detrimento de Asa Cristina Laurell, la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sector Salud que renunció hace unos días. La antigua amiga de AMLO intentó advertir sobre los errores del vocero de la Covid, pero su voz no fue escuchada.
LOS 3 ERRORES QUE LE ENDILGAN A GATELL
La renuncia de Laurell ha alentado la discusión sobre los ahora llamados “errores de Gatell” y la necesidad de llevarlo a un proceso de rendición de cuentas frente al Congreso, nos comentan. Las fuentes consultadas ubican tres momentos críticos:
La adopción del modelo Centinela, una decisión que ha sido criticada por epidemiólogos nacionales e internacionales. El método elegido por las autoridades sanitarias es similar al de las encuestas: estima las localidades y la cantidad de personas con posibilidades de contraer el virus. Basados de esta alternativa se han hecho menos pruebas que en otros países. A últimas fechas, López-Gatell aceptó que se harían más exámenes para detectar la enfermedad, al tiempo que diversos gobernadores han optado por esta vía.
El tema del uso del cubrebocas también es visto como un “capricho” del subsecretario de Salud. Y aunque ha ido matizando su discurso, la decisión parece haber confundido a la población. Con encuestas en mano, los críticos de López-Gatell aseguran que su principal responsabilidad en este tema es haber contribuido a generar dudas sobre una medida preventiva básica, como lo ha explicado el propio Nobel de Química, Mario Molina. El PAN incluso ha propuesto que este científico sustituya a López-Gatell.
El esperado pico de la curva no sólo se ha transformado en un asunto de broma, recurrente en caricaturistas y memeros, sino que llevó al gobierno mexicano a anunciar la reactivación gradual de la economía a partir de junio, cuando los niveles de contagio y defunciones aún estaban en niveles muy altos. No parecía haber las condiciones para regresar a la calle y a los centros de trabajo, pero las predicciones erróneas del subsecretario aceleraron la decisión.
“El 18 de mayo ocurrió su Waterloo y él lo sabe”, comenta la fuente, que asegura conocer la ruta de rendición de cuentas que impondrán al capitán de la batalla contra la Covid. Aun así, López-Gatell sigue dando la cara todos los días, en punto de las 7 de la noche.
La muerte de dos agentes de la CIA en un laboratorio clandestino de Chihuahua ha colocado a la gobernadora María Eugenia Campos en el epicentro de una tormenta constitucional donde se entrelazan la soberanía nacional y la supervivencia política. Bajo la acusación de traición a la patria —un delito federal que castiga con hasta 40 años de prisión a quien someta la integridad de la nación a un gobierno extranjero—, el oficialismo busca activar un juicio político que, si bien inicia en el Congreso de la Unión, depende de un complejo procedimiento declarativo cuya resolución final quedaría en manos del Congreso de Chihuahua. En este ajedrez jurídico, mientras la Presidenta Claudia Sheinbaum advierte sobre la gravedad de permitir operaciones de inteligencia foránea sin supervisión federal, el blindaje legislativo de la oposición en el estado y el alegato de desconocimiento de la mandataria estatal se presentan como los últimos muros de defensa frente a una investigación de la FGR que ya investiga delitos contra la seguridad nacional.
La primera investigación es por el hallazgo de un narcolaboratorio y la segunda por la muerte de dos agentes de la CIA tras el operativo y sus implicaciones para la seguridad nacional.
En su reunión del 23 de abril, la gobernadora Maru Campos le dijo a Omar García Harfuch que no estaba enterada del ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua. Tocará a la FGR determinar si dice la verdad.
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