"Quiero seguir aumentando mis goles contra él, y contra Inglaterra", le dijo Raúl Jiménez a la prensa de este país.
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Ante el riesgo inminente de un nuevo colapso, el Gobierno de la CDMX anunció que blindará el perímetro del Ángel de la Independencia, restringiendo el acceso a un máximo estricto de 25 mil personas para el partido de octavos de final entre México e Inglaterra este domingo 5 de julio. El titular de la SSC, Pablo Vázquez, detalló que una vez alcanzada dicha capacidad —calculada en cuatro personas por metro cuadrado— se cerrarán los accesos y se redirigirá el flujo hacia otros puntos de Paseo de la Reforma mediante un despliegue masivo de 17 mil policías. Esta medida drástica de la administración de Clara Brugada busca corregir las fallas logísticas que costaron la vida de cuatro aficionados tras el duelo ante Ecuador, operando en sincronía con rigurosos cercos de seguridad que sumarán 7 mil 500 agentes en el Estadio Ciudad de México y 3 mil 300 efectivos en los filtros de revisión del FIFA Fan Fest en el Zócalo
"Quiero seguir aumentando mis goles contra él, y contra Inglaterra", le dijo Raúl Jiménez a la prensa de este país.
Miles de profesionales de la salud que integran el programa federal “Salud Casa por Casa” denuncian falta de contratos, prestaciones y pagos atrasados. Aunque el gobierno lo presenta como un modelo innovador de atención médica, los trabajadores afirman que sus condiciones laborales son precarias y que la Secretaría de Bienestar se deslinda de responsabilidades. El descontento se ha manifestado en Ciudad de México, Tuxtla Gutiérrez, Chetumal, Hermosillo y Xalapa, donde se han realizado protestas y denuncias públicas
"Quiero seguir aumentando mis goles contra él, y contra Inglaterra", le dijo Raúl Jiménez a la prensa de este país.
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EMEEQUIS.- Sin seguridad social, sin salario formal y sin derechos laborales básicos, así trabajan cientos de profesionales de la salud en el programa federal “Salud Casa por Casa”, una de las apuestas insignia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Enfermeros y médicos de distintos estados del país —del norte, centro y sureste— han organizado paros, protestas y marchas para exigir condiciones dignas. La contradicción es evidente: el gobierno que presume eliminar la subcontratación mantiene a estos trabajadores sin prestaciones, sin contratos formales y sin certeza laboral.
Salud Casa por Casa es un programa federal del Gobierno de México, implementado bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Forma parte de los Programas para el Bienestar y supuestamente está diseñado para llevar atención médica a domicilio a adultos mayores de 65 años y personas con discapacidad, independientemente de si son derechohabientes del IMSS, ISSSTE u otro sistema de seguridad social.
Su operación está coordinada por las Secretarías de Bienestar y de Salud, con una inversión federal de 5 mil millones de pesos en 2025, según información oficial.
Hace dos semanas, en Quintana Roo, personal del programa se declaró en paro. Mauricio Olivera, enfermero en Chetumal, denunció que son catalogados como “becarios” y no tienen contrato:
“Nos dan un apoyo mensual… no es un salario como tal, porque no tenemos prestaciones de ley, no tenemos vacaciones, aguinaldo, ni siquiera un horario fijo. Nos tienen como becarios. Esa es su palabra”.
Los retrasos en los pagos —dijo— llegan a ser de hasta 15 días. “Solo han pagado una vez de manera regular”, señaló, mientras detallaba que aunque no hay salario, se les exige seguir atendiendo a los pacientes.
Ese mismo 3 de julio, personal médico se manifestó en Cancún, frente a las oficinas de la Secretaría de Bienestar, para exigir la formalización de sus contratos.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha descrito el programa como un modelo global de prevención de salud.
“Es un programa muy noble… Son 20 mil profesionales de la salud que recorrerán casas en todo el país”, dijo el 12 de junio en Palacio Nacional.
Pero esa visión choca con la realidad: personal sin seguridad social, sin pagos y bajo presión para seguir trabajando.
Ese mismo día, médicos de Hidalgo también alzaron la voz, sumándose a protestas en Veracruz y Sonora, donde exigieron el cumplimiento de normas laborales, acceso al IMSS, copias de sus contratos y pagos puntuales.
En Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya admitió desconocer las protestas. Su secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, responsabilizó a la Secretaría de Bienestar federal por la administración del programa.
En Puerto Vallarta, la respuesta fue aún más grave: 15 de los 22 trabajadores del programa fueron despedidos tras manifestarse.
“Nos están despidiendo… no nos dan la cara. Justifican que no hemos sido efectivos con las visitas, cuando es evidente que fue por la protesta”, denunció la enfermera Iztel Camacho.
Los citaron en un centro cultural solo para informarles de su baja. Entre los despedidos, todos aparecieron en fotografías de las manifestaciones.
Así, el gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene a miles de profesionales de la salud en condiciones precarias, sin reconocimiento pleno como trabajadores, ni los derechos que desde la 4T se prometen defender.
@emeequis
"Quiero seguir aumentando mis goles contra él, y contra Inglaterra", le dijo Raúl Jiménez a la prensa de este país.
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