Saldo del 8M en Hidalgo: abusos y narrativa contradictoria de las autoridades

Siguen surgiendo testimonios de abuso policial. Foto: Óscar Sánchez / El Cardinal Noticias.

EMEEQUIS.– Mientras organizaciones de la sociedad civil denuncian el uso indebido de la fuerza y represión durante la jornada de protestas con motivo del 8M en Pachuca, Hidalgo, que se suman a los testimonios de mujeres que participaron en la marcha y acusaron ser víctimas de golpes, gases y detenciones arbitrarias por parte de la policía, las autoridades defendieron el actuar de sus agentes y acusaron a un “grupo menor”, infiltrado, de provocar el enfrentamiento en la Plaza Juárez.

Asimismo, destacaron la detención de posibles incitadores, quienes a su vez dicen ser “chivos expiatorios” del gobierno, tras el reclamo social que se originó cuando las imágenes del choque entre elementos antimotines y manifestantes se difundieron. A quienes están ahora en prisión preventiva, los funcionarios los acusaron de rociar gasolina, con la supuesta intención de provocar un incendio y llevar los acontecimientos a un desenlace fatal.  

DICHOS Y HECHOS   

El lunes 10 de marzo, al mediodía, el gobernador Julio Menchaca Salazar declaró en entrevista que dos personas habían sido detenidas, por disturbios durante la marcha.

“Hay dos detenidos, que estaban rociando gasolina. Hubo personas que se introdujeron a la marcha con el fin de causar desorden y eso exacerba a veces el ánimo, pero sí, incluso están detenidos”, dijo el morenista al término del arranque de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana, al ser cuestionado sobre la actuación policial, que en ese momento prometió revisar. 

Sin embargo, a las 2:15 de la tarde, el Gabinete de Seguridad rindió una conferencia de prensa en la que presentó el video de una mujer con atuendo negro y con el rostro cubierto, mientras derramaba el líquido de una garrafa al pie de las vallas metálicas colocadas para proteger el edificio de Palacio de Gobierno. Afirmaron que a través de videovigilancia fue captada cuando rociaba gasolina al frente policial. También acusaron que más mujeres usaron como cañón las vallas contra las oficiales, lo que, afirmaron, dejó 20 agentes lesionadas. 

La narrativa de los funcionarios fue que las autoridades permanecieron como contención, que sus elementos fueron agredidos, pero que no violentaron, además de sostener que infiltrados buscaron causar daño durante el enfrentamiento que se dio en Plaza Juárez, frente a la sede del Poder Ejecutivo, cuando un grupo de manifestantes intentó retirar las vallas y avanzar hacia el edificio gubernamental. Antes, la marcha en las calles del primer cuadro de la capital hidalguense había transcurrido sin pormenores.   

El Gabinete actualizó que eran tres las personas detenidas: dos por disturbios en el momento y una más por pintas posteriores. 

Sin embargo, en la presentación de los presuntos responsables –tres hombres– ante el Ministerio Público, hay otros datos. La policía estatal detuvo a la mujer cuyas imágenes fueron difundidas en la conferencia del Gabinete de Seguridad que presidió el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna.

Ella fue puesta a disposición del Ministerio Público, pero esta instancia le decretó la libertad. Para fundamentar lo que decidió, utilizó como base el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice: “Libertad durante la investigación en los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa y el Ministerio Público determine que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los términos de lo dispuesto por este Código”.

Al decretar la libertad, también según lo establecido en el artículo 140, previno a la mujer que en la narrativa del Gabinete de Seguridad era parte de un grupo que intentó hacer daño durante la manifestación, para que se abstuviera de molestar o afectar a las víctimas u ofendidos, así como a los testigos del hecho; también, “a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citada para la práctica de diligencias de investigación, apercibiéndola con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia injustificada”.

Aunque el gobernador lo declaró –y su Gabinete de Seguridad lo secundó en la conferencia de prensa–, los dos hombres que permanecen detenidos no están relacionados con rociar gasolina, lo cual constata la acusación presentada por el Ministerio Público, sino por presuntamente agredir a participantes en la marcha y a policías, cuando éstos se disponían a detenerlos.

Ellos se acogieron al término de 72 horas para que se defina su situación y permanecen en prisión preventiva porque el juez de control, Luis Raúl González Becerra, consideró que no tenían un domicilio comprobable, al diferir en al menos un caso la dirección reportada con la de su credencial de elector, aunado a no acreditar un trabajo estable. La otra causal fue que tomó en cuenta la pena máxima posible en los delitos que les imputan. 

Se trata de sedición –reunión tumultuaria, pero sin armas, para resistir a la autoridad o atacarla para impedir sus funciones–, que puede alcanzar hasta dos años de prisión; ultrajes a la autoridad –denigrar u ofender a un funcionario–, con hasta un año de cárcel, y lesiones, que es el que tiene mayor rango de pena: de tres meses hasta diez años.

Los detenidos han sido identificados como Carlos N. y Jonathan N.; sin embargo, sus familiares, que también han comenzado una defensa en redes sociales a través de fotografías y videos del 8 de marzo, acusan que al menos uno no fue detenido en Plaza Juárez al momento del choque entre policías y manifestantes, sino antes, en una calle del primer cuadro de Pachuca. En ambos casos, la Procuraduría confirmó que los presuntos ultrajes son contra los agentes que los detuvieron, no contra el bloque de elementos que resguardaba el edificio de Palacio de Gobierno, aunque no precisó los sitios de las detenciones.      

Los familiares de Carlos N. y Jonathan N. acusan que se emplea un criterio distinto contra ellos, en comparación con la mujer cuyas imágenes fueron difundidas por el propio Gabinete de Seguridad y fue acusada de rociar gasolina, con la presunta intención de prenderle fuego a las vallas, según sugieren los funcionarios, pero fue liberada. Las autoridades, por su parte, dicen que hay elementos que los ligan a probables agresiones. 

La tercera persona detenida fue puesta a disposición por alteración de la imagen urbana y cohecho, por una supuesta pinta del edificio de Plaza Juárez que realizó posteriormente a la marcha. Fuentes cercanas al caso informaron que este miércoles 12 fue vinculado a proceso, con la medida cautelar de prisión preventiva.

La prisión se aplicó por “riesgos procesales”, mientras se determina si hay antecedentes penales, tiene alguna otra orden o investigación; asimismo, si representa algún peligro para la sociedad.

En los tres casos, los hechos que se les atribuyen y los cargos presentados, no corresponden a la narrativa de los funcionarios, quienes, señalaron al menos directamente a los dos primeros de propiciar la confrontación, estar infiltrados e, incluso, intentar prender fuego.  

El gobernador Menchaca dijo que se investigaría si hubo uso de la fuerza fuera de lo que marcan los protocolos, pero pidió distinguir entre represión y lo legítimo para el orden público.

“Hay quien tiene el ánimo de la violencia, la violencia no se puede combatir con violencia, y no se puede pedir respeto si no se tiene respeto. Es un proceso de reformar a la sociedad en buscar las legítimas causas por el cauce adecuado. 

“Entiendo el dolor y el sufrimiento de quienes, a través de esto, se quieren manifestar, y tienen el compromiso de nosotros de hacer lo que nos corresponde”, aseguró el mandatario, para después añadir: “Vean ustedes cómo personas de carne y hueso, mujeres policías, hombres policías, son ofendidos, son maltratados; entonces, están en un trabajo muy difícil, con un alto nivel de estrés”.

En la conferencia siguiente, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares, sostuvo que la autoridad no agredió, y justificó el actuar de los agentes que cumplieron “su objetivo”, de resguardar la seguridad y el Palacio de Gobierno, y para cumplirlo usaron toletes y gases, además de que existen reclamos por golpes y detenciones arbitrarias contra mujeres; tres de ellas, denunciaron que al ser llevadas al “sótano” de Gobierno, fueron golpeadas por policías.  

Mientras el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, dijo que “un grupo menor” de manifestantes fue “quien hizo esa agresión”, en referencia al enfrentamiento final con la policía, Olivares Reyna, aseveró que fueron algunas participantes “con el rostro cubierto, asociadas con hombres, quienes suscitaron este “esquema de agresión”. El primer funcionario fue quien presentó la serie de videos cortos, entre los que se encuentra el de la mujer que acusaron de rociar, presuntamente, gasolina.  

“Se evitó que esta persona que había regado gasolina terminara su labor incendiando, echándole el fuego, provocando el fuego. Hubiéramos hablado de situaciones mayores”, señaló el secretario de Gobierno sobre la persona que después fue liberada.

Al ser cuestionado sobre las agresiones a representantes de los medios, principalmente un fotorreportero, la narrativa se mantuvo en la supuesta no agresión de los policías y el actuar correcto. No obstante, una serie de gráficas capturadas por el medio La Verdad Hidalgo muestran el momento en el que el reportero gráfico Óscar Sánchez es agredido por policías. El propio comunicador declaró que eso ocurrió justo en el instante en el que documentaba cómo los elementos de seguridad se llevaban por la fuerza a una joven. 

Se trató de Andrea Mena, quien fue retenida junto con su hermana, una menor de edad. Ella denunció que los elementos las encapsularon, golpearon, arrastraron y rociaron con gas, cuando ella intentó, inicialmente, jalar a una chica que se llevaban. 

“Nos llevaron al ‘sótano’ de gobierno y el trayecto para llegar ahí fue lo peor. Entre patadas, cachetadas, jalones de cabello y palabras como ‘viejas revoltosas’, ‘¿para qué vienen?’, ‘mira a dónde trajiste a tu hermana?’, ‘cállate o te va peor’, pinché vieja pendeja’ ‘dame tus datos personales o te doy otro [golpe]’, hasta llegar al sótano en donde me tenían en el piso esposada y a mi hermana también siendo ella menor de edad. Ahí me pusieron de frente con mi hermana y vi como una ‘policía’ vestida toda de negro sin su uniforme que la respaldara como policía le dio una cachetada, la cual la dejo en shock un rato (mi hermana no recuerda cómo llego al sótano) para después levantarnos con palabras agresivas y empujones”, publicó su testimonio en su cuenta de Facebook.

El de Andrea es uno de 11 casos incorporados a la queja general CDHEH-VG-0441-25 que inició la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la actuación policial durante la jornada del 8M en Pachuca.

Marea Verde Hidalgo informó que, a su vez, acompañan la integración de nueve denuncias ante el Ministerio Público y que entre las víctimas hay menores de 18 años y mujeres con lesiones graves en rostro, mandíbula, cuello y extremidades, originadas durante los acontecimientos finales de la jornada de protestas. 

Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), por su parte, manifestó “su profunda indignación y enérgico rechazo” por los acontecimientos, en los que, aseguró, fueron reprimidas manifestantes, y “personas fueron detenidas de manera violenta y golpeadas por las fuerzas de seguridad pública estatal, entre ellas activistas, medios de comunicación y sociedad civil”. Inicialmente, Seiinac contabilizó al menos 13 detenciones arbitrarias; Marea Verde, posteriormente, 20.  

La agencia CIMAC Noticias publicó el testimonio de la activista Adriana Patlán, quien narró cómo mujeres fueron arrastradas por granaderos, adolescentes menores de edad agredidas e intentos violentos de la policía de llevarse a sus colegas, que monitoreaba la marcha, por la fuerza. Además, aseguró que las manifestantes no agredieron a las mujeres policías como dijo la autoridad.

@axelchl