El gobernador Ramírez Bedolla culpa a jueces de los hechos donde habrían muerto 5 elementos militares, porque las emboscadas fueron encabezadas por un grupo criminal cuyo líder fue liberado hace unos días.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso de Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron restos humanos, prometiendo una investigación profunda, transparente y sin impunidad. Expertos de la Comisión Nacional de Búsqueda y la FGR ya trabajan en el lugar. Sheinbaum aseguró que se revisará la línea de tiempo de los hechos para deslindar responsabilidades.
En visita a domicilio, el CJNG amenazó al dueño con dañar a su hija si no vendía la parcela donde después se instalaría el campo de exterminio. Misteriosamente, a inicios de 2025 el predio apareció registrado como propiedad privada en el catastro municipal de Teuchitlán, sin claridad sobre quién concretó los trámites, cuentan vecinos. #TeuchitlanParcela446
La presidenta Sheinbaum reconoce que le hackearon el teléfono. “No sé cómo se enteró la reportera”, dijo en alusión a la autora de la nota, Natalie Kitroeff.
El gobernador Ramírez Bedolla culpa a jueces de los hechos donde habrían muerto 5 elementos militares, porque las emboscadas fueron encabezadas por un grupo criminal cuyo líder fue liberado hace unos días.
En visita a domicilio, el CJNG amenazó al dueño con dañar a su hija si no vendía la parcela donde después se instalaría el campo de exterminio. Misteriosamente, a inicios de 2025 el predio apareció registrado como propiedad privada en el catastro municipal de Teuchitlán, sin claridad sobre quién concretó los trámites, cuentan vecinos. #TeuchitlanParcela446
El gobernador Ramírez Bedolla culpa a jueces de los hechos donde habrían muerto 5 elementos militares, porque las emboscadas fueron encabezadas por un grupo criminal cuyo líder fue liberado hace unos días.
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El CJNG despojó al dueño original del predio donde se construyó el Rancho Izaguirre. En la imagen, labores de la Fiscalía de Jalisco en el lugar este 13 de marzo. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– Le llamaremos don Genaro, para preservar su seguridad. En 2012, a don Genaro Ramírez le compraron su tierra bajo coacción. Fue un día en que se hallaba en su domicilio de La Estanzuela, con su esposa y su hija preadolescente. De pronto llegaron unos hombres y entraron por la fuerza a la casa. Uno de los invasores sujetó a la niña, bajo amenaza de hacerle daño, los otros exigieron la venta de la parcela.
El ejidatario estanzuelino se aproximaba entonces a sus 50 años y quedó paralizado. “Dice don Genaro que los hombres que hablaron con él no iban armados, pero ni falta que hacía, por la manera y el imperio con que le hablaron”, relata uno de los habitantes que, como mucha gente de La Estanzuela, conocen la historia. Otra fuente dice que sí había gente armada, pero afuera, a poca distancia del domicilio.
Don Genaro no tuvo alternativa, vendió la parcela. Pero le dejaron los papeles. Es decir, conservó el certificado parcelario. Lo que querían los compradores era el control material del predio, poco les importaban los documentos de la propiedad, aparentemente.
Poco después de consumada la venta, fue construida la barda perimetral y el zaguán con la leyenda: “Izaguirre Ranch”. Fue así como el grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abrió las puertas del infierno en el ejido La Estanzuela de Teuchitlán, Jalisco, el campo de entrenamiento y exterminio donde hay indicios del asesinato de al menos 1,500 personas y rastros de su calcinación.
A partir de su identificación en el Sistema de Información Geoespacial del Catastro Rural, de la verificación de su condición de dominio pleno, de la consulta de fuentes locales y de testimonios ―anónimos desde luego, por razones de seguridad― de un puñado de vecinos de La Estanzuela, EMEEQUIS reconstruye el caprichoso rastro de la propiedad que acabó en manos criminales.
También reseñamos las oscuras circunstancias de la devolución del predio en 2025, su misterioso cambio de régimen de propiedad ejidal a propiedad privada, y su sorpresiva alta en el catastro municipal de Teuchitlán, sin que se cumplieran los trámites, presumiblemente sin la documentación requerida para efectuarlos, y sobre todo, sin claridad sobre quién los emprendió y concretó.
Es el predio donde el intocable grupo delictivo asentó su madriguera de bestialidad que a los largo de 13 años coexistió con cuatro gobiernos federales ( PAN, PRI, dos de Morena), cuatro gestiones estatales (PAN, PRI, dos de MC), y cinco municipales, (PRD, PAN, Morena, dos de MC), pues las únicas siglas que se impusieron durante ese periodo fueron las del CJNG.
Aunque, por otro lado, la historia del campo de exterminio de Teuchitlán comenzó y terminó, curiosamente, con el mismo alcalde, el experredista y ahora emecista José Ascención Murguía Santiago.
Al poniente de la Laguna de La Vega, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, se ubican el ejido y la colonia ejidal de La Estanzuela, hogar de unos 2 mil 200 habitantes, según registros del INEGI en 2020.
El poblado se desarrolló alrededor del casco de la Hacienda La Estanzuela, unidad de producción cañera que hasta principios del Siglo XX floreció en más de 7 mil hectáreas de tierras, según la Síntesis Histórica del Municipio de Teuchitlán, de Julio César Antolín Larios, editada por el ayuntamiento (2016).
Con el reparto agrario de posrevolución del siglo XX, nació el Ejido La Estanzuela, en 1931, con una segunda dotación en 1935, según registros agrarios. Se ubica en una escuadra entre la Laguna de la Vega, la carretera Teuchitlán – El Refugio – San Marcos, y el Río Salado que baja desde Tala y desemboca en la laguna.
De acuerdo con datos oficiales, en 1998 la superficie del ejido tenía 1,634 hectáreas todavía, y 200 ejidatarios. Actualmente tiene 168 parcelas. Justo en medio de ese polígono se ubica el predio que corresponde, o correspondía, a la parcela N° 446 de dicho núcleo agrario, donde el grupo criminal conocido bajo las siglas CJNG montó su cubil de barbarie.
No son números sucesivos o secuenciales, sino de designación. A esa zona del ejido se llega únicamente por la colonia ejidal a La Estanzuela, desde la carretera a San Marcos. Traspuesta la población, comienza una brecha que se prolonga casi hasta el río, y que se bifurca en otras terracerías que topan con la laguna. Hay un par de negocios hoteleros al principio y hacia el final de la brecha principal.
Pero para hallar el Rancho Izaguirre basta girar en la primera desviación a la izquierda, que aparece a 700 metros de la salida de la comunidad, la cual se interna al poniente, y lleva directo a las puertas del campo de exterminio, y que ocupa sólo un tercio de la parcela de de don Genaro.
La parcela 446 es un terreno de 3.3 hectáreas, es decir, 33 mil metros cuadrados. El predio está rodeado totalmente de otras parcelas, todas ellas tierras de labor agrícola, principalmente destinadas al cultivo de agave, unas cuantas de ellas con viviendas de distintos tamaños, pero en todo caso, aisladas unas de otras.
No espere el visitante hallar en el Rancho Izaguirre una finca, casa mayor o casco tipo hacienda, caballerizas y establos. Para tomar perspectiva, es preciso aclarar que en esa zona de Jalisco prácticamente toda tierra de cultivo con alguna construcción en ella, es susceptible de llamarse “rancho”, aunque la población de la zona no haga diferencia semántica para aludir a los del primer tipo.
Lo que es propiamente el “Rancho Izaguirre” ocupa una hectárea con 1000 metros, es decir, 11 mil metros cuadrados, totalmente bardeada, con muros de unos tres metros de altura, y conforma el segmento norte de la parcela. Al interior, su construcción principal es un bodegón de amplio cobertizo, pero la mayor parte está a cielo abierto.
Del lado sur del Rancho Izaguirre está la parte media de la parcela, otra porción de tamaño semejante a la primera, pero toda esta bajo una maleza que ha tenido 13 años para hundir sus raíces lo más profundo posible, aunque acaso menos hondo de cuanto pueden haber penetrado los sedimentos de los cuerpos humanos calcinados, del otro lado de la barda.
A pesar de no estar dividida por tapia alguna, esa zona media de maleza está perfectamente delimitada del extremo sur, donde se ubica el único tercio de la parcela que se sigue cultivando, si bien las fuentes no aclararon si este segmento siguió en posesión de don Genaro, o fue arrendada.
Una vez que se conoció la dimensión de los hallazgos de los colectivos de madres buscadoras en el campo de exterminio de Rancho Izaguirre, y ante la ostensible inclinación de autoridades locales y federales por eludir indagatorias mayores en ese lugar, surgieron distintos esfuerzos civiles por esclarecer una de las preguntas más persistentes sobre ese sitio: la fecha en que inició operaciones.
Uno de ellos fue el del Centro de Investigación Interdisciplinaria (CICA), una organización con base en la Ciudad de México que agrupa a especialistas en diversas disciplinas relacionadas con la criminalística, y que desarrolló un estudio cronológico de imágenes satelitales de Rancho Izaguirre.
El estudio de CICA comienza el 30 de abril de 2011, fecha en que consigna que el terreno entonces “se encontraba sin edificación alguna y carecía de delimitación perimetral”. Después, el análisis da un largo salto a 2014, cuando identifica ya la barda perimetral y las edificaciones principales del predio; y sucesivamente, hasta mayo de 2013, cuando encuentra 19 perforaciones.
Lo cierto es que de acuerdo a la información recabada por EMEEQUIS, la barda perimetral se edificó en 2012, tan pronto como don Genaro suscribió contrato, bajo coacción, y cedió los derechos agrarios que estaban en manos de su familia desde los años 30 del siglo XX.
Le fueron arrebatados a través del típico modus operandi de los grupos criminales: plata o plomo.
Y es que la delincuencia organizada no sólo extorsiona y asesina a ciudadanos, también les despoja de toda clase de bienes inmuebles: terrenos, casas, edificios.
El despojo es un delito patrimonial del fuero común, cuyo perpetrador usurpa la propiedad de un bien en perjuicio de su legítimo propietario. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de despojo pasó de 21,616 en 2015, a 32,608 en 2021, lo que significó un vertiginoso crecimiento de 50.85%.
De modo que se trataba de una escalofriante expansión geométrica, aunque al parecer, como otras industrias, el despojo experimentó una desaceleración con la pandemia. De cualquier forma, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cerró con 25,618 investigaciones judiciales por despojo, 5,163 más de las 20,455 que acumuló en su primer ejercicio, de modo que tuvieron un crecimiento de 20.15%
Pero, como en otros delitos, se presume que la cifra negra de casos de despojo, es decir, aquellos que no se denuncian, sea mucho mayor que el de los episodios denunciados. Y en ese paquete iba, desde luego, el de don Genaro, que no iba a poner en riesgo a su hija.
Después de que los delincuentes tomaron control de su parcela, la familia de don Genaro calló, durante años. “Él se fue apagando”, dicen sus conocidos y conocidas. “Vivió con miedo desde entonces”. Contrajo mal de Parkinson, según creen los vecinos, como resultado de la tensión que le causó el despojo de su terreno, y de saber en manos de quiénes había quedado su terreno.
Desde un principio, don Genaro y su familia supieron la naturaleza de los “compradores”, y aún cuando no podían saber con precisión las actividades a qué destinarían el predio, no era difícil deducirlas.
No obstante, ya cuando había encontrado una especie de sosiego en el silencio, don Genaro se llevó una nueva sorpresa: el ayuntamiento le requirió el pago del predial de la parcela. De modo que la propiedad había pasado al estatus de dominio pleno, es decir, se convirtió en propiedad privada, como lo corroboró este medio informativo, y aún más, alguien lo dio de alta en el catastro del ayuntamiento de Teuchitlán.
Todas los vecinos consultados expresan su desconcierto ante el cambio de régimen de propiedad del predio donde estaba el campo de exterminio. “Eso es un misterio, un verdadero misterio”, dice un agricultor de la zona.
A principios de este año, don Genaro Ramírez acudió a la Tesorería Municipal a pagar el impuesto predial de su casa, según testimonios de vecinos y conocidos que interactuaron con él. El antiguo ejidatario se llevó una gran sorpresa cuando el empleado que le entregó su cuenta en la presidencia municipal, agregó un requerimiento para que pagará el impuesto predial de su antigua parcela, ahora convertida en propiedad privada.
Don Genaro se mostró indeciso: “Pues decía que no sabía si pagar o no, porque pensó que pagar podría acarrearle problemas, ya que esa propiedad era la que supuestamente vendió en 2012”. Los testigos no saben si finalmente pagó.
El caso es que, en efecto, constituía un gran misterio el hecho de que el terreno apareciera en el catastro municipal, pues esto implicaba que se había consumado el cambio de régimen de propiedad, y para que eso ocurriera, era preciso, como se mencionó en líneas previas, cumplir con una serie requisitos y trámites para cuya ejecución son indispensables los documentos originales que acrediten los derechos parcelarios.
Para empezar, es necesaria la aprobación de la asamblea ejidal; después hay que presentar la solicitud y documentación ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
Para dar entrada al trámite, dichas dependencias piden en documentación original: el certificado de derechos parcelarios si resulta procedente su canje por título de propiedad; si es parcela colectiva, deberá ingresarse el orginal dichos instrumentos de cada un de los titulares; las CURP de cada uno; la constancia de inscripción del acta de asamblea para la autorización del dominio pleno; identificación original vigente de la persona o personas solicitantes.
En caso de que el trámite lo ejecute un tercero, este deberá presentar una carta poder simple, firmada ante dos testigos y acompañando copia de las identificaciones oficiales vigentes de estos.
Para recoger el documento por parte de un tercero, no basta una carta poder simple, sino que deberá ser notariada o, al menos, con ratificación de firmas ante un notario.
Según las estipulaciones del RAN, “el ingreso del trámite será procedente cuando el titular de la parcela autorizado por acuerdo de asamblea para adoptar el dominio pleno, (…), solicita de manera individual se le expida el título de propiedad respectivo”.
Ahí no termina el trámite. Hay que dar de alta después la propiedad ante el ayuntamiento del municipio en que se encuentra la propiedad. Y una vez notificadas, la autoridades municipales deberán acudir al ejido y efectuar un deslinde oficial de la propiedad para hacer efectiva la separación de la propiedad.
El caso es, según los vecinos, nunca hubo asamblea de ejidatarios que autorizase el dominio pleno, don Genaro ha dicho a sus coterráneos que el certificado de derechos parcelarios no fue prestado, entregado ni sustraído del lugar en que lo tenía su hija; y que ni él ni nadie de su familia efectuó trámite alguno relacionado. Tampoco acudieron al ayuntamiento a solicitar el deslinde.
Además, no hay testigo alguno entre los titulares de las parcelas colindantes con la número 446, que hayan sido convocados o notificados para el deslinde en cuestión, como exige el protocolo legal; ni existen testigos de que todo ello se haya ejecutado.
En suma, de acuerdo con indagatorias del redactor, sí hay un papel de compraventa en archivos, pero no hay registros de asamblea ejidal para autorizarla, nii solicitud o autorización; tampoco hay notificación alguna del ayuntamiento de Teuchitlán para efectuar y protocolizar deslinde del predio en cuestión.
Por ello el misterio que, por lo demás, parece dejar muchas migas para las autoridades judiciales.
Aquel pozo de atrocidades asentado en la antigua parcela de don Genaro duró 13 años, y coexistió con igual número administraciones de los tres niveles, con sus cifras y conteos de delitos y de muertos, con sus operativos policíacos y militares contra el crimen, con sus investigaciones judiciales.
Cuatro a nivel federal: los últimos meses del gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa; completas, de punta a cola, las administraciones del priísta Enrique Peña Nieto y del morenista Andrés Manuel López Obrador; y el primer semestre de la gestión de la también morenista Claudia Sheinbaum Pardo.
Es pertinente recordar que, durante esos 13 años, los titulares de Sedatu fueron, con Enrique Peña Nieto, el hoy morenista Jorge Carlos Ramírez Marín; el hidalguense Jesús Murillo Karam, ahora en prisión; Rosario Robles, excarcelada, que estuvo en prisión por el caso de la Estafa Maestra. Con López Obrador, Román Meyer Falcón, y con Claudia Sheinbaum, Edna Elena Vega.
El RNA fue dirigido, en el sexenio de Felipe Calderón, por Emilio Cedrún Vázquez, de 2010 a 2012; con Peña Nieto, fue dirigido por Manuel Ignacio Acosta Gutiérrez; con López Obrador, el RNA fue dirigido por Plutarco García Jiménez y Luis Cruz Nieva; y con Claudia Sheinbaum repitió en el cargo Cruz Nieva.
A nivel estatal, transcurrieron cuatro administraciones estatales: el último año de ejercicio del panista Emilio González Márquez, las gestiones completas del priísta Aristóteles Sandoval y del emecista Enrique Alfaro; así como los primeros meses del gobierno del también emecista Pablo Lemus.
Cinco a nivel municipal, la primera del alcalde José Ascención Murguía Santiago, llamado “Chón Murguía”, que obtuvo bajo siglas del entonces obradorista PRD (2012-2015); la del panista Armando Andrade Gutiérrez (2015-2018), la del morenista José Alejandro Herrera Soto (2018-2021), la segunda de José Ascención Murguía Santiago (2021-24), por MC; y la tercera de José Ascención Murguía Santiago, también bajo bandera naranja (2024-)
Coincidentemente, el campo de exterminio comenzó y llegó a su fin, y la parcela de Ramírez pasó a propiedad privada, bajo gestiones municipales de Ascención Murguía.
Cabe señalar que se dejaron mensajes en las redes del alcalde emecista para buscar su postura, sin que hasta el momento hubiera respuesta.
@estedavid
El gobernador Ramírez Bedolla culpa a jueces de los hechos donde habrían muerto 5 elementos militares, porque las emboscadas fueron encabezadas por un grupo criminal cuyo líder fue liberado hace unos días.
La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso de Teuchitlán, Jalisco, donde se encontraron restos humanos, prometiendo una investigación profunda, transparente y sin impunidad. Expertos de la Comisión Nacional de Búsqueda y la FGR ya trabajan en el lugar. Sheinbaum aseguró que se revisará la línea de tiempo de los hechos para deslindar responsabilidades.
En visita a domicilio, el CJNG amenazó al dueño con dañar a su hija si no vendía la parcela donde después se instalaría el campo de exterminio. Misteriosamente, a inicios de 2025 el predio apareció registrado como propiedad privada en el catastro municipal de Teuchitlán, sin claridad sobre quién concretó los trámites, cuentan vecinos. #TeuchitlanParcela446
La presidenta Sheinbaum reconoce que le hackearon el teléfono. “No sé cómo se enteró la reportera”, dijo en alusión a la autora de la nota, Natalie Kitroeff.
