El feminicidio de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Manzanilla de la Paz, expone la vulnerabilidad de las mujeres en política y la creciente violencia contra representantes públicos en México. La Fiscalía de Jalisco confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, investigado bajo protocolos de feminicidio. El caso se suma a una serie de ataques contra políticos, incluidos dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, lo que revela un patrón de agresiones que amenaza la estabilidad institucional y desnuda la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a sus propios funcionarios.
El desalojo de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos marca el colapso definitivo de la relación entre el ala radical de la Nueva Escuela Mexicana y la administración de Mario Delgado, en un evento que transitó entre la insurgencia magisterial y la diligencia administrativa. Mientras Arriaga denunció un "atentado al proyecto de nación" y acusó a la subsecretaria Noemí Juárez de orquestar una purga por su negativa a modificar los libros de texto, la SEP desmintió el uso de la fuerza, argumentando que la plaza cambió a la modalidad de libre designación con estricto apego a la ley. Este quiebre, enmarcado en un contexto de violencia política nacional y una fractura interna por el control ideológico de la educación, cierra un capítulo de constantes polémicas y deja la puerta abierta a un nuevo nombramiento el próximo 16 de febrero
El brote de sarampión en México ha desatado alarma social y política: mientras farmacias reportan un aumento del 17% en la demanda de cubrebocas, gel y medicamentos, hospitales y cadenas privadas enfrentan desabasto de vacunas. La campaña pública de inmunización avanza, pero la polémica por la reducción en las metas de vacunación desde 2019 reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado en la crisis actual
El hallazgo de cinco cuerpos en la batea de una camioneta en la autopista Culiacán-Navolato ha encendido las alarmas en Sinaloa, ante la alta probabilidad de que se trate de los turistas y residentes de Ahome secuestrados el pasado sábado. Aunque las características físicas y el contexto del plagio en el ejido El Macapul sugieren que se trata de Luis Ramón Flores, su hijo Luis Armando, los hermanos Soto Espain y Heriberto López, las autoridades mantienen el caso bajo presunción de identidad a la espera de los dictámenes genéticos oficiales. Este evento, sumado a la reciente tragedia de los mineros en Concordia, confirma una crisis de seguridad donde civiles y trabajadores están quedando atrapados en la violenta recomposición de los grupos criminales que controlan las carreteras del estado
El feminicidio de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Manzanilla de la Paz, expone la vulnerabilidad de las mujeres en política y la creciente violencia contra representantes públicos en México. La Fiscalía de Jalisco confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, investigado bajo protocolos de feminicidio. El caso se suma a una serie de ataques contra políticos, incluidos dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, lo que revela un patrón de agresiones que amenaza la estabilidad institucional y desnuda la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a sus propios funcionarios.
La herencia del exalcalde de Tequila: un municipio con 494 desaparecidos
El Operativo Enjambre llevó a la detención del alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro, acusado de vínculos con el CJNG. El municipio arrastra una crisis de seguridad con 494 desapariciones activas y denuncias de extorsión desde el gobierno local. Aunque hubo presencia de la Guardia Nacional y operativos previos, las medidas fueron insuficientes. Tras la captura, el gobernador Pablo Lemus asumió el control de la seguridad, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la operación, pese a críticas por su apoyo previo a Rivera en campaña
El feminicidio de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Manzanilla de la Paz, expone la vulnerabilidad de las mujeres en política y la creciente violencia contra representantes públicos en México. La Fiscalía de Jalisco confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, investigado bajo protocolos de feminicidio. El caso se suma a una serie de ataques contra políticos, incluidos dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, lo que revela un patrón de agresiones que amenaza la estabilidad institucional y desnuda la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a sus propios funcionarios.
EMEEQUIS.- Fue en la madrugada del cinco de febrero de 2026 cuando Diego Rivera Navarro cayó en las garras de la policía. Su detención se fraguó desde el Operativo Enjambre, que ya había concretado varios arrestos de funcionarios coludidos con el crimen organizado en distintas partes de la República.
Sin embargo, lo que quedó en Tequila fueron las cifras negras y la incongruencia de las acciones de seguridad en un municipio controlado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ya que este lugar registra el deshonroso número de 494 desapariciones activas, según datos de las agencias del Ministerio Público en Jalisco, a los que tuvo acceso EMEEQUIS.
Estas cifras superan las de zonas como Chapala, Autlán, Costa Sur y Ciénega, entre otros lugares donde también han ocurrido este tipo de crímenes.
Los hechos no son aislados. De acuerdo con información de transparencia obtenida por esta casa editorial, aunque Tequila no ha registrado fosas clandestinas, según la Fiscalía local, se encuentra muy cerca de uno de los municipios donde se han hallado cuerpos humanos enterrados de forma clandestina.
SAN MARTÍN DE BOLAÑOS: FOCO DE FOSAS CLANDESTINAS
Uno de sus vecinos directos, San Martín de Bolaños, es señalado como uno de los puntos de entierro clandestino presuntamente utilizados por el crimen organizado. Según cifras oficiales obtenidas vía transparencia, entre 2009 y 2020 fueron localizadas 10 fosas en esa zona. Esto, ante la falta de información más actualizada y específica por parte de las autoridades estatales o de la Fiscalía General de la República.
Aunque el Operativo Enjambre culminó con la captura del presidente municipal de Tequila, existían antecedentes de presencia de fuerzas federales en el municipio que no habían actuado ni se habían percatado frente a las prácticas ilegales institucionalizadas denunciadas contra el gobierno local.
Por ejemplo, el 17 de mayo de 2021, la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, inauguró un cuartel de la Guardia Nacional en Tequila, Jalisco, con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona.
“Este cuartel, esta instalación tiene un costo aproximado de 25 millones de pesos y es amplio, tiene instalaciones, albergues, sistemas de telecomunicación, aulas, espacios públicos bien hechos y equipados, buenas instalaciones, 25 millones de pesos”.
Asimismo, el 7 de mayo de 2025, la Guardia Nacional realizó recorridos de prevención del delito en el municipio. Es decir, tras estas vigilancias tuvieron que pasar ocho meses para que las autoridades federales reconocieran públicamente la crisis de delincuencia organizada que sufría el lugar.
En esa ocasión, la comunicación oficial del Gobierno Federal expresó lo siguiente: “Con el objeto de mantener el orden público y fortalecer los vínculos con la ciudadanía, personal de esta fuerza de seguridad pública mantiene presencia en mercados y parques de este pueblo mágico”.
EXTORSIONES Y RÉGIMEN DE TERROR CONTRA COMERCIANTES
Hoy se sabe que los comerciantes de Tequila vivían bajo un régimen de terror marcado por extorsiones presuntamente ejercidas desde el gobierno local. Sin embargo, al parecer esto no fue comunicado a los elementos de la Guardia Nacional, pues en el texto difundido por la institución se lee lo siguiente:
“Durante los recorridos, los comerciantes son sensibilizados sobre la importancia de la cultura de la denuncia ante cualquier acto ilícito que ponga en riesgo su integridad y se les invita a acercarse a los guardias nacionales en caso de necesitar ayuda”.
Aunque sí hubo acciones de seguridad por parte del gobierno, el 25 de octubre de 2025 se realizó una redada en el municipio: “En Tequila, elementos de FGR, Ejército Mexicano y GN catearon un inmueble, aseguraron dos armas cortas, una mira telescópica, tres vehículos, diversas dosis de droga, 100 mil pesos en efectivo y vehículos”, según reza la comunicación oficial.
Cabe destacar que, según cifras de transparencia obtenidas por EMEEQUIS, durante el periodo en que Diego Rivera estuvo al frente del municipio se registraron cinco funcionarios sancionados por distintas faltas administrativas, entre ellas incumplimientos ante la Contraloría.
FUNCIONARIOS SANCIONADOS Y POLICÍA MUNICIPAL DEBILITA
El gobierno de Jalisco, bajo el mando del gobernador Pablo Lemus, ha intentado proyectar una imagen de firmeza y colaboración tras la detención de Diego Rivera Navarro. Aunque el Ejecutivo estatal asumió temporalmente el control de la seguridad en Tequila, enviando policías estatales y anunciando una revisión de la corporación municipal —donde se identificaron 16 elementos reprobados en los controles de confianza—, críticos señalan que estas medidas llegaron tarde, después de años de denuncias ignoradas por acoso, amenazas y abuso de poder.
Lemus ha insistido en que no habrá ingobernabilidad y ha prometido inversiones para “reactivar” el municipio.
En el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó con firmeza la captura dentro de la Operación Enjambre, asegurando que derivó de denuncias ciudadanas y empresariales —incluso algunas recibidas personalmente por ella— y advirtiendo que “ningún partido, y mucho menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir”.
No obstante, esta postura ha sido calificada como contradictoria por opositores y analistas, ya que Sheinbaum respaldó públicamente a Rivera durante su campaña en 2024, solicitando el voto a su favor pese a los señalamientos acumulados de extorsión y presuntos vínculos con el CJNG.
El feminicidio de Blanca Esthela Álvarez Chávez, regidora de Manzanilla de la Paz, expone la vulnerabilidad de las mujeres en política y la creciente violencia contra representantes públicos en México. La Fiscalía de Jalisco confirmó que la causa de muerte fue estrangulamiento, investigado bajo protocolos de feminicidio. El caso se suma a una serie de ataques contra políticos, incluidos dos diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, lo que revela un patrón de agresiones que amenaza la estabilidad institucional y desnuda la incapacidad del Estado para garantizar seguridad a sus propios funcionarios.
El desalojo de Marx Arriaga de la Dirección de Materiales Educativos marca el colapso definitivo de la relación entre el ala radical de la Nueva Escuela Mexicana y la administración de Mario Delgado, en un evento que transitó entre la insurgencia magisterial y la diligencia administrativa. Mientras Arriaga denunció un "atentado al proyecto de nación" y acusó a la subsecretaria Noemí Juárez de orquestar una purga por su negativa a modificar los libros de texto, la SEP desmintió el uso de la fuerza, argumentando que la plaza cambió a la modalidad de libre designación con estricto apego a la ley. Este quiebre, enmarcado en un contexto de violencia política nacional y una fractura interna por el control ideológico de la educación, cierra un capítulo de constantes polémicas y deja la puerta abierta a un nuevo nombramiento el próximo 16 de febrero
El brote de sarampión en México ha desatado alarma social y política: mientras farmacias reportan un aumento del 17% en la demanda de cubrebocas, gel y medicamentos, hospitales y cadenas privadas enfrentan desabasto de vacunas. La campaña pública de inmunización avanza, pero la polémica por la reducción en las metas de vacunación desde 2019 reaviva el debate sobre la responsabilidad del Estado en la crisis actual
El hallazgo de cinco cuerpos en la batea de una camioneta en la autopista Culiacán-Navolato ha encendido las alarmas en Sinaloa, ante la alta probabilidad de que se trate de los turistas y residentes de Ahome secuestrados el pasado sábado. Aunque las características físicas y el contexto del plagio en el ejido El Macapul sugieren que se trata de Luis Ramón Flores, su hijo Luis Armando, los hermanos Soto Espain y Heriberto López, las autoridades mantienen el caso bajo presunción de identidad a la espera de los dictámenes genéticos oficiales. Este evento, sumado a la reciente tragedia de los mineros en Concordia, confirma una crisis de seguridad donde civiles y trabajadores están quedando atrapados en la violenta recomposición de los grupos criminales que controlan las carreteras del estado
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