El estado de Hidalgo enfrenta una crisis de credibilidad en sus cuerpos policiales durante 2025, tras una serie de denuncias por uso excesivo de la fuerza y presunto trato preferencial a figuras políticas. Los casos más graves incluyen la violenta represión de manifestaciones como el 8M, donde se registraron al menos 20 detenciones arbitrarias según organizaciones civiles; el feminicidio de Rosaura, presuntamente cometido por un exagente; y la golpiza a un conductor en Mineral de la Reforma, captada en video.
“Los mexicanos están muy asustados de los cárteles, que dominan gran parte de México, no lo quiero decir, porque me llevo muy bien con la presidenta", dice Trump, quien expresa que quiere ayudar a Sheinbaum.
El Departamento de Estado de EU anunció recompensas de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de Johnny Hurtado Olascoaga y de 3 millones de dólares por su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga.
El estado de Hidalgo enfrenta una crisis de credibilidad en sus cuerpos policiales durante 2025, tras una serie de denuncias por uso excesivo de la fuerza y presunto trato preferencial a figuras políticas. Los casos más graves incluyen la violenta represión de manifestaciones como el 8M, donde se registraron al menos 20 detenciones arbitrarias según organizaciones civiles; el feminicidio de Rosaura, presuntamente cometido por un exagente; y la golpiza a un conductor en Mineral de la Reforma, captada en video.
Hidalgo: donde las denuncias por abuso policial crecen... y la impunidad también
El estado de Hidalgo enfrenta una crisis de credibilidad en sus cuerpos policiales durante 2025, tras una serie de denuncias por uso excesivo de la fuerza y presunto trato preferencial a figuras políticas. Los casos más graves incluyen la violenta represión de manifestaciones como el 8M, donde se registraron al menos 20 detenciones arbitrarias según organizaciones civiles; el feminicidio de Rosaura, presuntamente cometido por un exagente; y la golpiza a un conductor en Mineral de la Reforma, captada en video.
El estado de Hidalgo enfrenta una crisis de credibilidad en sus cuerpos policiales durante 2025, tras una serie de denuncias por uso excesivo de la fuerza y presunto trato preferencial a figuras políticas. Los casos más graves incluyen la violenta represión de manifestaciones como el 8M, donde se registraron al menos 20 detenciones arbitrarias según organizaciones civiles; el feminicidio de Rosaura, presuntamente cometido por un exagente; y la golpiza a un conductor en Mineral de la Reforma, captada en video.
EMEEQUIS.- Durante 2025, en Hidalgo, la policía estatal y la de los municipios metropolitanos de Pachuca y Mineral de la Reforma han protagonizado posibles casos de abuso, represión y uso indebido de la fuerza, además de presunta protección o favorecimiento a políticos, funcionarios o exfuncionarios que incurrieron en irregularidades.
Desde agresiones por parte de la policía estatal en protestas como el 8M, hasta las concesiones de la corporación de Pachuca para un miembro del grupo político del exgobernador Omar Fayad Meneses, involucrado en la volcadura de un auto, son parte de las presuntas actuaciones fuera de los protocolos.
A estos acontecimientos, que la sociedad ha recriminado, se suma la reacción gubernamental en defensa de los integrantes de seguridad pública, después de que se conociera que un exmiembro era el responsable del feminicidio de la joven Rosaura (5 de febrero de 2025) y que posiblemente utilizó recursos de la policía para amedrentarla y agredirla.
Tras la serie de acontecimientos, el gobernador Julio Menchaca Salazar ha pedido comprender la función de los policías, quienes, ha insistido, están sujetos a mucha presión y estrés, además de también recibir agresiones e insultos; sin embargo, comprometió que revisarán las acciones en las que han incurrido.
El pasado 11 de abril, después de que se viralizara un video que muestra la agresión física y golpes de policías de Mineral de la Reforma para someter a un conductor, el municipio gobernado por el morenista Eduardo Medécigo informó sobre el inicio de un procedimiento contra sus agentes, al reconocer “irregularidades” en la detención.
No obstante que afirmó “no se permitirá ningún abuso de autoridad por parte de los servidores públicos municipales y habrá mano dura para quien o quienes no cumplan con la ley”, dijo que con base en el parte informativo de sus policías, ellos argumentan que marcaron al auto a un vehículo que supuestamente viajaba en sentido contrario cerca del Centro de Extensión Universitaria (CEUNI). Aseguran que se dio a la fuga con dirección a Pachuca, a donde, sin ser parte de su jurisdicción territorial, lo intervinieron.
Acusaron sus agentes que el conductor se mostró “agresivo”, que lo trasladaron a galeras y, al aplicarle un examen de alcoholemia, arrojó 0.51 L/MG. Por prescripción médica, la persona, que fue puesta a disposición del Juez Conciliador, fue liberada, pero pagó tres mil pesos por conceptos de “daños ocasionados”; según el ayuntamiento, por chocar una unidad oficial.
El video difundido en redes sociales muestra a un policía golpear al conductor cuando lo baja de la unidad; posteriormente, dos más lo someten y le dan puñetazos.
PROTESTAN POR DESAPARICIÓN Y LOS AGREDEN
El 6 de abril, familiares de Areli Zitlali, no localizada desde el 30 de marzo, protestaban en la vía México-Pachuca, cuando fueron replegados por policías. En videograbaciones, se muestra como uno le da una cachetada a una persona mayor y otro, una patada, además de los forcejeos para liberar la vía.
La familia reclamó que así, en grupo masivo y con uso de la fuerza, deberían localizar y proteger a víctimas. Al día siguiente, el secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Cruz Neri, informó que el agente que abofeteó fue suspendido y que Areli Zitali ya estaba en su casa, a salvo. Asimismo, afirmó que uno de sus elementos, en ese repliegue, resultó lesionado.
Durante la manifestación en Pachuca con motivo del 8M (Día Internacional de la Mujer), la policía estatal retuvo, agredió y detuvo arbitrariamente a participantes, de acuerdo con denuncias de organizaciones de la sociedad civil.
Once víctimas se sumaron a una queja colectiva que inició la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo (CDHEH), mientras que dos jóvenes detenidos, acusados de lesiones, ultrajes a la autoridad y sedición, recuperaron su libertad tras un pago de 50 mil pesos y una disculpa pública dirigida a la población, aunque sus familiares difundieron un video en el que se observa que estaban dentro de una barbería y después son detenidos, por lo que acusaron que los inculparon indebidamente.
Más, porque el Gabinete de Seguridad del estado sostuvo que intentaron provocar un incendio durante la protesta en Plaza Juárez, supuestamente, al rociar gasolina en las inmediaciones del edificio de Gobierno, pese a que no estaban en el sitio donde supuestamente generarían la quema ni mostraron evidencia de ese actuar delictivo. Incluso, no se presentaron cargos contra la única mujer exhibida por el gobierno en videograbaciones mientras rociaba un líquido que las autoridades afirmaron era combustible.
Marea Verde Hidalgo informó que acompañó la integración de nueve denuncias ante el Ministerio Público y que entre las víctimas hay menores de 18 años y mujeres con lesiones graves en rostro, mandíbula, cuello y extremidades, originadas durante los acontecimientos finales de la jornada de protestas.
Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac), por su parte, manifestó “su profunda indignación y enérgico rechazo” por los acontecimientos, en los que, aseguró, fueron reprimidas manifestantes, y “personas fueron detenidas de manera violenta y golpeadas por las fuerzas de seguridad pública estatal, entre ellas activistas, medios de comunicación y sociedad civil”. Inicialmente, Seiinac contabilizó al menos 13 detenciones arbitrarias; Marea Verde, posteriormente, 20.
FEMINICIDIO DE ROSAURA: DUDAS SIN RESOLVER
Rosaura fue asesinada el 5 de febrero de 2025 en su casa, junto con su madre, Rosa, y su hermano Ramiro. Todos acribillados con un arma blanca. El presunto agresor es el expolicía de Mineral de la Reforma Marco Antonio M.G.
Un día después, en una convocatoria que las autoridades llamaron “Jornada por la Paz y Bienestar del Pueblo”, presidida por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, una compañera de trabajo de Rosaura relató que el presunto violó reiteradamente la restricción para acercarse a la víctima, quien lo había denunciado dos veces por violencia familiar, y que lo hacía en compañía de agentes en activo o a bordo de patrullas oficiales.
El alcalde dijo que esa era una versión sin corroborar y acusó que “voces oscuras” intentaban dañar el trabajo de la policía.
SUAVE CON POLÍTICO, DURO CON CIUDADANÍA
En Pachuca, desde el primero de septiembre de 2024, cuando inició el gobierno de Jorge Alberto Reyes Hernández, hasta el 28 de febrero de 2025, el municipio ha recaudado 10 millones 178 mil 334.50 pesos por infracciones vehiculares, según la respuesta a la solicitud de información con folio 130223000006525, dirigida por EMEEQUIS.
Mientras la ciudadanía acusa un aumento de las intervenciones de la policía con posibles fines recaudatorios, la madrugada del viernes 14 de marzo la camioneta Jeep del exdiputado local Alejandro Enciso Arellano, también exsecretario particular del hoy embajador de México en Noruega, Omar Fayad Meneses, volcó en la carretera Pachuca-La Estanzuela. Los elementos le permitieron que se retirara, sin recibir ninguna sanción.
Después de que imágenes del incidente y el actuar de los elementos se dio a conocer en redes sociales, con críticas sobre el trato preferencial al político, el ayuntamiento de Pachuca informó que había iniciado una investigación por las posibles facilidades que otorgó su personal al expriista.
SUSPENDIDOS POR COHECHO Y EVASIÓN DE PRESOS
Durante el gobierno de Julio Menchaca –con Salvador Cruz Neri como secretario de Seguridad Pública–, ocho elementos de la policía estatal han sido removidos o cesados de sus cargos por su posible implicación en delitos como cohecho agravado y evasión de presos. Ningún caso por violar protocolos de uso de la fuerza, lesiones u otros probables ilícitos por los que han sido acusados tras manifestaciones, no sólo de este año, sino también en los pasados 8M.
El primer cese data del 18 de septiembre de 2023, cuando un policía preventivo fue imputado por cohecho agravado.
El 26 de abril de 2024 y el 12 de agosto del mismo año, tres policías también fueron separados de su función por el mismo posible ilícito; ellos están a la espera de sentencia por parte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Hidalgo.
Igualmente por cohecho agravado, el 26 de abril y el 12 de agosto del año anterior otro policía segundo y un escolta fueron removidos de sus funciones, y también están a la espera de sentencia, en tanto que el 31 de enero de 2025 tres policías penitenciarios fueron cesados con acusaciones de participar en evasión de presos; estos últimos elementos aún están en término para promover un recurso o juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativo (TJA).
El estado de Hidalgo enfrenta una crisis de credibilidad en sus cuerpos policiales durante 2025, tras una serie de denuncias por uso excesivo de la fuerza y presunto trato preferencial a figuras políticas. Los casos más graves incluyen la violenta represión de manifestaciones como el 8M, donde se registraron al menos 20 detenciones arbitrarias según organizaciones civiles; el feminicidio de Rosaura, presuntamente cometido por un exagente; y la golpiza a un conductor en Mineral de la Reforma, captada en video.
“Los mexicanos están muy asustados de los cárteles, que dominan gran parte de México, no lo quiero decir, porque me llevo muy bien con la presidenta", dice Trump, quien expresa que quiere ayudar a Sheinbaum.
El Departamento de Estado de EU anunció recompensas de 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o la condena de Johnny Hurtado Olascoaga y de 3 millones de dólares por su hermano, José Alfredo Hurtado Olascoaga.
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