Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
En la Ciudad de México se han interpuesto 3 mil 750 denuncias relacionadas con la Ley Olimpia. Sin embargo, sólo el 6% de estos casos han sido judicializados, de acuerdo con solicitudes de información realizadas por EMEEQUIS. Mientras tanto, se esperan protestas por la absolución de Diego “N”.
Autoridades informaron de la balacera de ayer por el caso de Sandra Domínguez, pero no dijeron si la encontraron o si tienen pistas de su paradero. Su madre exige respuestas.
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Alumnas del IPN se solidarizan con las víctimas de IPN. Fue absuelto anoche. Foto: Graciela López / Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– De 2020 a 2024, en la Ciudad de México se han interpuesto 3 mil 750 denuncias relacionadas con delitos contra la intimidad sexual, comúnmente vinculados a la Ley Olimpia. Sin embargo, sólo el 6% de estos casos han sido judicializados, de acuerdo con datos obtenidos por EMEEQUIS a través de solicitudes de acceso a la información.
En términos numéricos, esto representa 229 carpetas de investigación que llegaron ante un juez, pese a que en 284 casos hubo detenciones de presuntos responsables. No se tiene información disponible sobre cuántos de estos procesos concluyeron en sentencias o encarcelamientos.
De acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía de la CDMX, las denuncias interpuestas ante por este delito han ido de menos a más, pasando de 412 en el año 2020, cuando entró en vigor la legislación en la materia, a 884 en el año 2021 y cerrando en 957 en el año 2023. Hasta el mes de julio del año 2024, las denuncias presentadas llegaban a 600.
De acuerdo con la Fiscalía CDMX, en ese mismo periodo, del 2020 a julio del 2024, se han judicializado 229 de las denuncias presentadas, que al igual que las denuncias han ido de menos a más, pasando de 15 casos en el año 2020, a 59 en el año 2021 y en los años 2022 y 2023 prácticamente se mantuvieron en esos mismos números. Al cierre de julio. 42 de los casos han llegado ante un juez. En promedio solo el 6% de las denuncias interpuestas han llegado a oídos del juzgador.
En este contexto, la noche del miércoles el juez Francisco Salazar Silva absolvió a Diego “N”, exalumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), acusado de alterar fotografías de las alumnas con Inteligencia Artificial. Tras cinco horas de audiencia en el Reclusorio Oriente en Iztapalapa, se argumentó falta de pruebas.
Al respecto, Olimpia Coral Melo, impulsora de la ley que lleva su nombre, expresó en su cuenta de X: “No hubo justicia, hubo complicidad. Las compañeras del IPN están viviendo un momento muy difícil. Les pedimos organizarnos hasta dar a conocer las movilizaciones que llevaremos a cabo”. Acompañó su mensaje con un texto que dice: “No hubo justicia, habrá revolución”.
La Ley Olimpia, promulgada en enero de 2020 en la Ciudad de México, comprende modificaciones tanto al Código Penal como a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estas reformas reconocen la violencia digital como una modalidad específica de agresión de género y tipifican el delito contra la intimidad sexual. Este último abarca conductas como la difusión, comercialización, exhibición o amenaza de publicación de contenido íntimo sin el consentimiento de la persona afectada.
El artículo 181 Quintus del Código Penal para la Ciudad de México establece penas de cuatro a seis años de prisión, así como multas de 500 a mil unidades de medida y actualización (UMA) para quienes incurran en este delito. Las penas aumentan si la víctima tiene una relación cercana con el agresor, como en los casos de parentesco, matrimonio, noviazgo o relación laboral, o si la víctima pertenece a grupos vulnerables, como personas mayores, indígenas o con discapacidad.
Adicionalmente, el capítulo sobre violencia digital de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia incorpora medidas preventivas y sancionatorias. Entre estas se encuentran órdenes para el bloqueo, eliminación o destrucción de material íntimo publicado sin consentimiento, las cuales deben ejecutarse en un plazo máximo de 24 horas desde que son emitidas por la autoridad competente.
Además del delito contra la intimidad sexual, la Ley Olimpia incluye disposiciones para castigar otras conductas relacionadas con la violencia digital:
Extorsión digital: Uso de imágenes íntimas para obtener beneficios económicos, bajo amenaza de divulgación.
Ciberacoso: Conductas de hostigamiento o intimidación que incluyen mensajes, publicaciones o comentarios en redes sociales con fines de menoscabar la integridad de la víctima.
El registro de carpetas de investigación refleja una tendencia creciente en las denuncias de delitos contra la intimidad sexual, aunque con diferencias significativas entre alcaldías. Cuauhtémoc concentra una de las mayores cifras, con 152 denuncias en 2020, 180 en 2021, 83 en 2022 y 112 en 2023. En el primer semestre de 2024 ya se han registrado 62 casos.
Por su parte, Iztapalapa, la demarcación más poblada de la capital, también muestra un aumento notable, pasando de 32 casos en 2020 a un pico de 122 en 2021. Álvaro Obregón, aunque con cifras menores, incrementó significativamente de 22 denuncias en 2020 a 74 en 2021, para luego registrar una disminución en años posteriores. Estas cifras son indicativas tanto de una mayor disposición a denunciar como de la persistencia de este tipo de violencia.
En el ámbito nacional, la Ley Olimpia fue aprobada por la Cámara de Diputados el 29 de abril de 2021. Actualmente ha sido implementada en 29 estados.
A pesar de las reformas legales, la efectividad de la Ley Olimpia enfrenta barreras importantes. Según la investigadora Elvia González del Pliego, de la Universidad Iberoamericana, la falta de capacitación en las fiscalías y el desconocimiento de la gravedad de la violencia digital entre servidores públicos limitan el acceso a la justicia. Este tipo de violencia sigue siendo tratado como un problema menor, y muchas denuncias quedan en la etapa inicial de las investigaciones.
Además, la complejidad de integrar adecuadamente las carpetas de investigación para judicializar los casos afecta la percepción de justicia entre las víctimas. Por ejemplo, aunque existen herramientas legales para eliminar contenido íntimo de plataformas digitales en plazos breves, no siempre se cumplen los procedimientos de forma eficiente. La investigadora destaca la necesidad de formar al personal que atiende estos casos y de implementar políticas públicas que combinen la prevención con acciones sancionatorias.
La Ley Olimpia no solo busca sancionar, sino también transformar el discurso en torno a la violencia digital. Colectivas feministas y activistas que impulsaron esta iniciativa subrayan que el mayor logro ha sido visibilizar un problema antes relegado al ámbito privado y tabú. Con estas reformas, México se une a los esfuerzos internacionales por garantizar el derecho a la privacidad y la dignidad en el entorno digital.
Sin embargo, expertos coinciden en que el marco legal debe complementarse con un cambio cultural y educativo. Según el Módulo sobre Ciberacoso del INEGI, el 65% de las víctimas de violencia digital en México son mujeres, lo que refleja una profunda desigualdad de género también en el ámbito virtual. En este sentido, es crucial seguir fortaleciendo las estrategias para prevenir y sancionar este tipo de violencia, garantizando así una verdadera justicia para las víctimas.
@Sandra_Romandia
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