Gertz fue mal informado sobre Rancho Izaguirre: Indira Navarro

Navarro sostuvo una charla con Gertz tras su presentación. Foto: Especial.

EMEEQUIS.– El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, no tenía información completa ni precisa sobre el caso del Rancho Izaguirre cuando declaró públicamente que no existían pruebas que acreditaran el hallazgo de restos humanos. Así lo señaló Indira Navarro, líder del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, en entrevista exclusiva con EMEEQUIS.

Navarro, quien tuvo comunicación directa con el fiscal tras sus declaraciones, detalló que fue a raíz del malestar social y de un comunicado del colectivo que Gertz se puso en contacto con ella. Durante la conversación, el titular de la FGR reconoció que no había recibido información completa sobre la carpeta de investigación y solicitó que se le compartieran los hallazgos que los colectivos han documentado desde el hallazgo del predio en Teuchitlán, Jalisco.

“Nos dijo: ‘te doy mi palabra de que así va a ser, hay que trabajar juntos y hay que sacar la verdad y hacer justicia’”, relató Navarro -quien fue la primera en denunciar públicamente la existencia del Rancho Izaguirre y la relatoría de lo que pudo haber ocurrido ahí-. La activista aclaró que fue la primera ocasión en que una víctima directa tuvo comunicación con el fiscal general y que, tras el diálogo, se le entregó información adicional sobre restos, prendas y testimonios de otras víctimas, que hasta entonces no habían llegado a sus manos.

Tras ese encuentro, persisten los temores entre familiares de desaparecidos respecto a la integridad del material que ya había sido entregado a la FGR por parte de la Fiscalía de Jalisco. Navarro afirmó que las evidencias podrían haber sido manipuladas o contaminadas antes de ser remitidas a la autoridad federal.

“Las evidencias que entregó la Fiscalía pudieron ser manipuladas. Fue muy pobre la información, y además, a cuenta gotas”, dijo. Agregó que dentro de la propia FGR había áreas que manejaban datos parciales, lo que derivó en una comprensión limitada del caso por parte del fiscal.

El Rancho Izaguirre fue localizado en marzo pasado por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes señalaron que el sitio funcionaba como un centro de desaparición, cremación y presunto reclutamiento forzado ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahí han sido localizados restos óseos calcinados, prendas, mochilas, estructuras que podrían haber funcionado como centro de adiestramiento y otros indicios de actividades criminales.

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Navarro denunció que, pese a la gravedad de los hallazgos, hubo resistencia institucional desde el inicio: “Hay intereses ahí dentro de la FGR. Pienso que no llegaba la información tal cual era. Otras áreas se estaban adjudicando la carpeta y no la estaban entregando como debía ser”.

La activista también señaló que el caso ha sido politizado y que ha habido presiones externas para frenar la investigación.

Desde el colectivo, reiteran que no buscan que el caso se convierta en un instrumento de golpeteo partidista. Navarro insistió en que su única motivación es la justicia y que han pedido a todas las instancias mantenerse al margen de la politización: “Nosotros ni nos interesa temas políticos, me he cansado de repetir que somos totalmente apartidistas”, dijo.

Mencionó que tiene información de que en la audiencia para la vinculación a proceso del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión Murguía, —acusado de participar en los hechos— el imputado llamó a personas cercanas al gobernador para pedir mejores abogados.

Como se expuso esta semana en una columna publicada en Opinión 51 por esta periodista, el alcalde detenido no es un actor menor: ha sido presidente municipal de Teuchitlán en tres periodos, dos de ellos bajo las siglas de Movimiento Ciudadano. El rancho operó durante más de una década a menos de tres kilómetros de la cabecera municipal, sin que las autoridades actuaran, pese a que ya existía una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos desde 2021 por omisiones frente a desapariciones forzadas.

Además, uno de los objetos encontrados por los colectivos en el predio fue una toalla oficial de la Policía Municipal de Teuchitlán, con el escudo de la pirámide de Guachimontones. Este hallazgo, citado también en la columna, ha sido interpretado como una señal de la posible complicidad de autoridades locales. “El hallazgo de esa toalla, más que un rastro textil, es una prueba simbólica. Como si el horror hubiese tenido uniforme oficial”.

En cuanto al acceso a las pruebas, Navarro indicó que las víctimas ya pueden solicitar revisar las prendas u objetos localizados, pero deben hacerlo a través de la FGR. “Nos confirmaron que las víctimas que reconozcan alguna prenda pueden ir a la delegación regional o a la Ciudad de México y solicitar acceso”, explicó.

No obstante, también denunció que hay inconsistencias en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se ha negado el acceso a víctimas bajo el argumento de que los indicios ya fueron enviados a la FGR. “Es ilógico. Se llevan los indicios físicos, pero no deberían desaparecer del sistema ni las fotografías. Borrar del sistema es un delito”, subrayó.

En reunión con Segob.

El colectivo Guerreros Buscadores ha solicitado que, pese a lo delicado de los temas, las audiencias sean en lo posible públicas. “Hablamos de tráfico de órganos, cremaciones, reclutamiento forzado. Es fuerte, pero ocultarlo no ayuda a que haya justicia”, concluyó Navarro.

Los testimonios presentados por la FGR durante la audiencia del alcalde refuerzan el señalamiento de que no se trató de un predio común: según lo narrado, algunas víctimas habrían sido obligadas a consumir carne humana y a participar en la elaboración de droga bajo amenaza de muerte.

@Sandra_Romandia