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Rancho Izaguirre: las contradicciones del fiscal Gertz

Las contradicciones del fiscal Gertz no sólo abren dudas sobre lo ocurrido en el Rancho Izaguirre, sino también sobre la narrativa oficial que pretende imponerse frente a lo que colectivos, periodistas y evidencia pública documentan desde hace meses. #CuálEsLaHistoria

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Lejos de proporcionar claridad, la exposición del fiscal estuvo marcada por contradicciones, omisiones y un tono evasivo.

¿CUÁL ES LA HISTORIA?

EMEEQUIS.– Este martes, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ofreció una conferencia de prensa largamente anunciada. El motivo: esclarecer lo sucedido en el Rancho Izaguirre, un predio ubicado en Teuchitlán, Jalisco, que desde marzo pasado ha sido señalado por colectivos de búsqueda como un sitio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el adiestramiento forzado, retención y presunto asesinato de personas. Sin embargo, lejos de proporcionar claridad, la exposición del fiscal estuvo marcada por contradicciones, omisiones y un tono evasivo que impiden hablar de verdad institucional sólida.

La primera contradicción sustantiva tiene que ver con la presencia —o no— de restos humanos en el lugar. El fiscal afirmó de forma tajante: “Se hizo un análisis […] no se encontraron cadáveres, huesos, hablo de osamentas completas o parciales. No se encontraron”. Esta declaración no sólo contradice lo que miles de personas observaron en las transmisiones en vivo realizadas por los colectivos de madres buscadoras —donde se documentaron piezas óseas humanas, incluyendo molares y restos con placas quirúrgicas visibles—, sino que desconoce material registrado públicamente que aún permanece disponible en plataformas como Facebook Live.

Otra de las inconsistencias notables fue su explicación sobre una vasija con fragmentos óseos, mostrada durante la conferencia. Gertz aseguró que ese recipiente fue encontrado en septiembre de 2024 por la Guardia Nacional y casi dijo que eran tan pequeños los restos que no estaban en condiciones de saber qué eran.  Cuando la periodista Marcela Turati preguntó si esa vasija era la misma que las madres presentaron públicamente en marzo de este año, el fiscal respondió: “Yo no tengo el dato concreto de cuál fue la que encontró la Guardia Nacional en septiembre y esta. Voy a hacer la investigación y con mucho gusto se lo informo”.

La ausencia de una respuesta clara sobre un hallazgo central genera inquietud: ¿cómo puede hablarse de rigor pericial si no se tiene claridad sobre la procedencia de pruebas físicas elementales?

En el mismo tono, Gertz sostuvo que en septiembre de 2024 no se encontraron prendas, maletas ni mochilas. Afirmó: “Miren lo que había. Nada. Ahí están [las fotos]”. Pero esta versión se contrapone con lo dicho por él mismo en una conferencia anterior, el 19 de marzo de 2025, cuando afirmó que una de las anomalías que detectaron fue que la autoridad “no hizo registro de prendas, sobre todo lo que quedó abandonado en ese sitio”. ¿Cómo se puede sostener que no había ropa si, según su versión anterior, simplemente no se había registrado?

La cuarta contradicción gira en torno a la invitación a medios de comunicación a ingresar al rancho. Hoy, Gertz deslindó su responsabilidad: “Nosotros ayudaríamos para su presencia si la Fiscalía de Jalisco lo permitía. Ellos lo permitieron”. Sin embargo, hay evidencia de que fue él mismo quien anunció públicamente esa invitación: “Le voy a pedir al área de control regional […] que mañana la Fiscalía del Estado y nosotros abramos a los medios esas instalaciones”. Esto fue dicho de forma textual durante la conferencia del 19 de marzo.

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Más allá del detalle operativo, lo que preocupa es que el ingreso ocurrió cuando aún había indicios y evidencias sin procesar, una situación que pone en duda la cadena de custodia de la escena y vulnera los estándares básicos de una investigación criminal seria, y que la misma Fiscalía General de la República habría propiciado. 

La defensa del fiscal sobre la supuesta inexistencia de cremación en el lugar se basa en análisis de peritos y un dictamen de la UNAM que concluyó que no hubo temperaturas superiores a 200 grados Celsius cuando lo necesario para incinerar son al menos 800. Según él, eso descarta la posibilidad de incineración. Pero incluso si se acepta ese dictamen como válido, la presencia de restos calcinados o manipulados químicamente no se limita a cremaciones tradicionales, se ha hablado de la posible utilización de ácidos o quemas parciales. En lugar de profundizar en esta línea de investigación, Gertz optó por desacreditarla indirectamente mediante tecnicismos.

Uno de los temas que generaban mayor expectativa era saber si en ese rancho operaba un mecanismo de reclutamiento forzado de jóvenes. Existen testimonios y declaraciones oficiales que apuntan en esa dirección. El propio secretario de Seguridad Ciudadana federal, Omar García Harfuch, ha señalado que “El Lastra”, detenido el 20 de marzo pasado, declaró que cuando alguien se negaba a trabajar para el CJNG, simplemente lo mataban. Las madres buscadoras han denunciado que jóvenes desaparecidos tras acudir a supuestas entrevistas de trabajo terminaron ahí, forzados a adiestrarse como sicarios.

Y sin embargo, a 35 días de haber atraído el caso, la FGR se limita a decir que era un “campo de adiestramiento”, sin poder confirmar si hubo o no reclutamiento forzado. “No tenemos todavía esa información”, dijo Gertz hoy. El vacío informativo sobre este punto clave no es menor, porque implica definir si ahí se cometieron crímenes de lesa humanidad.

La afirmación de que no hubo colusión federal ni omisión grave antes del operativo de septiembre se sostiene débilmente frente a sus propias declaraciones. El fiscal reconoció que desde 2021 la Comisión Estatal de Derechos Humanos informó a autoridades locales sobre lo que ocurría en el rancho, pero aclaró que “la FGR no podía intervenir” porque no hubo denuncia formal ante el fuero federal. Esta respuesta, más allá de su legalidad constitucional, muestra una falta de voluntad de acción frente a indicios contundentes de un posible centro de exterminio.

El caso del Rancho Izaguirre se ha convertido en un punto crítico para evaluar la capacidad —y la intención— del Estado mexicano de esclarecer crímenes vinculados con el crimen organizado y la desaparición forzada. Las contradicciones del fiscal Gertz no sólo abren dudas sobre lo ocurrido en ese lugar, sino también sobre la narrativa oficial que pretende imponerse frente a lo que colectivos, periodistas y evidencia pública documentan desde hace meses.

Este país ya carga con demasiadas verdades a medias como para sumar una más.

@Sandra_Romandia



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