Las Fuerzas Armadas irrumpieron en un predio de 30 hectáreas en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, donde detuvieron a seis personas y aseguraron un arsenal, logística de acampada y videovigilancia, consolidando las sospechas de que el sitio funcionaba como un centro clandestino de concentración y adiestramiento ligado a las redes de reclutamiento forzado que operan mediante falsas ofertas de empleo en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, punto estratégico donde las autoridades municipales han puesto a salvo a 87 personas en un periodo de 18 meses
La crisis por las irregularidades en el examen de admisión a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derivó en la salida de la secretaria general de la institución, Patricia Dávila Aranda, cuya remoción se formaliza este viernes tras ser solicitada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La decisión ocurre luego de que una auditoría revelara que el porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos se disparó del promedio histórico de 3.5% al 16.3% en la prueba remota para el ciclo 2026, obligando a la Rectoría a ofrecer una disculpa pública y a convocar a un examen presencial de control para garantizar la equidad. El caso escaló al plano político tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la falta de controles de seguridad en la evaluación, mientras la comunidad universitaria espera la confirmación oficial del relevo en el segundo cargo de mayor relevancia institucional
Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de 27 mil 968 millones de pesos en el primer semestre de 2026, revirtiendo las ganancias de 2025 a pesar de aumentar sus ingresos un 11.3%. Aunque en el segundo trimestre obtuvo una utilidad de 18 mil 023 millones de pesos impulsada por los precios internacionales del crudo, la ganancia cayó 69.7% interanual por volatilidad cambiaria y costos de importación. Con una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares y adeudos a proveedores por 21 mil 427 millones, la estatal sigue dependiendo de apoyos del Gobierno federal mientras busca alianzas privadas con empresas como Grupo Carso y Petrobras para elevar su producción
Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano del difunto “El Mencho”, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico internacional y posesión de armas de fuego. Tras haber sido extraditado en febrero de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que el capo operó durante más de dos décadas en el tráfico masivo de cocaína y metanfetaminas, pasando del Cártel del Milenio a asumir roles clave en el CJNG como la compra de precursores químicos, la gestión de laboratorios y el blanqueo de capitales. La sentencia definitiva fue programada para el 13 de noviembre de 2026, fecha en la que un juez federal determinará su condena, la cual podría ir desde un mínimo obligatorio de 15 años de prisión hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.
Las Fuerzas Armadas irrumpieron en un predio de 30 hectáreas en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, donde detuvieron a seis personas y aseguraron un arsenal, logística de acampada y videovigilancia, consolidando las sospechas de que el sitio funcionaba como un centro clandestino de concentración y adiestramiento ligado a las redes de reclutamiento forzado que operan mediante falsas ofertas de empleo en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, punto estratégico donde las autoridades municipales han puesto a salvo a 87 personas en un periodo de 18 meses
El futuro de la democracia en manos de la Suprema Corte
El foco de atención de la marcha fue el Plan B, una reforma que debilita al árbitro electoral del país, además del llamado ciudadano hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidarla.
Las Fuerzas Armadas irrumpieron en un predio de 30 hectáreas en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, donde detuvieron a seis personas y aseguraron un arsenal, logística de acampada y videovigilancia, consolidando las sospechas de que el sitio funcionaba como un centro clandestino de concentración y adiestramiento ligado a las redes de reclutamiento forzado que operan mediante falsas ofertas de empleo en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, punto estratégico donde las autoridades municipales han puesto a salvo a 87 personas en un periodo de 18 meses
EMEEQUIS.–La concentración a favor de la democracia fue un éxito. El Zócalo lució lleno pese a los pronósticos oficialistas. Y más de 100 ciudades del país y otras partes del mundo también fueron escenario de manifestaciones ciudadanas.
Como pocas veces, la agenda ciudadana dominó la narrativa, pese a los intentos oficialistas de “garcialunizar” el evento. Así lo confirmaron las primeras planas de los principales medios en México, incluso de otras partes del mundo. El foco de atención fue el Plan B, una reforma que debilita al árbitro electoral del país, además del llamado ciudadano hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidarla.
La marcha ciudadana del pasado noviembre afianzó el bloque opositor para rechazar la primera reforma electoral del presidente. Sin embargo, tras la nueva manifestación del domingo, ahora el escenario es distinto.
El primer paquete del Plan B, en materia de propaganda electoral, fue impugnado por partidos políticos y grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso. Recientemente fue suspendido por el ministro Alberto Pérez Dayán para que no se aplique en los procesos electorales de Coahuila y Estado de México.
Tras la publicación de segundo paquete del Plan B en el Diario Oficial de la Federación, cuyo proceso se detuvo unos días por “cuestiones técnicas”, de acuerdo con el diputado Santiago Creel, seguirá un nuevo periodo de 30 días para presentar acciones de inconstitucionalidad.
Decía un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, que estaríamos frente a la reforma más impugnada en la historia de México. Y no es para menos. Se trata de un cambio de las reglas de juego un año antes de la elección presidencial de 2024, con claras ventajas hacia el oficialismo y sus candidatos.
El éxito de la concentración del 26 de febrero obliga a la oposición a no quedarse pasmados. En esta etapa, no sólo deben impugnarla partidos políticos y grupos parlamentarios. También deben involucrarse gobiernos estatales y municipios, pues también afectarán los derechos político-electorales a nivel local.
A partir de ahí, la SCJN se convertirá en otro campo de batalla. Actualmente la ley no establece plazos para resolver. Aunque es facultad de la presidenta de la SCJN (Norma Piña) atender solicitudes de resolución prioritaria que le hagan las Cámaras del Congreso, o el Poder Ejecutivo. Hasta el momento, Santiago Creel, como presidente de la Cámara de Diputados, anunció que lo solicitará haciendo uso de su facultad establecida en el artículo 94 constitucional.
En el caso del Plan B, el tiempo apremia. El artículo 105 constitucional establece que no se pueden realizar cambios a las normas electorales a 90 días del proceso electoral, es decir, las elecciones serán a principios de junio. Si el Presidente publica el Plan B en estos días, eso daría a la oposición el mes de marzo para impugnar. El problema sería para la SCJN, que solo tendría algunas semanas antes de junio para resolver con la finalidad de “preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país”, de acuerdo al estudio del IBD.
LOS 8 VOTOS DE LA CORTE
Otro tema que nos debe (pre)ocupar, es que se necesita mayoría calificada en el pleno de la SCJN para invalidar las normas impugnadas. Es decir, ocho votos de ministras y ministros. O, dicho de otra forma, con cuatro votos en contra no será posible la invalidación.
En la reciente discusión de la reforma que reestructura el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), no se logró la mayoría calificada en el pleno de la SCJN para invalidarla. Los votos de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Arturo Zaldívar y Margarita Ríos-Farjat fueron determinantes.
Así que el futuro de la democracia estará en manos de cuatro ministras y ministros de la Suprema Corte.
Las Fuerzas Armadas irrumpieron en un predio de 30 hectáreas en San Francisco de Ixcatán, Zapopan, donde detuvieron a seis personas y aseguraron un arsenal, logística de acampada y videovigilancia, consolidando las sospechas de que el sitio funcionaba como un centro clandestino de concentración y adiestramiento ligado a las redes de reclutamiento forzado que operan mediante falsas ofertas de empleo en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque, punto estratégico donde las autoridades municipales han puesto a salvo a 87 personas en un periodo de 18 meses
La crisis por las irregularidades en el examen de admisión a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) derivó en la salida de la secretaria general de la institución, Patricia Dávila Aranda, cuya remoción se formaliza este viernes tras ser solicitada por el rector Leonardo Lomelí Vanegas. La decisión ocurre luego de que una auditoría revelara que el porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos se disparó del promedio histórico de 3.5% al 16.3% en la prueba remota para el ciclo 2026, obligando a la Rectoría a ofrecer una disculpa pública y a convocar a un examen presencial de control para garantizar la equidad. El caso escaló al plano político tras los señalamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la falta de controles de seguridad en la evaluación, mientras la comunidad universitaria espera la confirmación oficial del relevo en el segundo cargo de mayor relevancia institucional
Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó una pérdida neta de 27 mil 968 millones de pesos en el primer semestre de 2026, revirtiendo las ganancias de 2025 a pesar de aumentar sus ingresos un 11.3%. Aunque en el segundo trimestre obtuvo una utilidad de 18 mil 023 millones de pesos impulsada por los precios internacionales del crudo, la ganancia cayó 69.7% interanual por volatilidad cambiaria y costos de importación. Con una deuda financiera de 77 mil 500 millones de dólares y adeudos a proveedores por 21 mil 427 millones, la estatal sigue dependiendo de apoyos del Gobierno federal mientras busca alianzas privadas con empresas como Grupo Carso y Petrobras para elevar su producción
Antonio Oseguera Cervantes, alias “Tony Montana”, cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y hermano del difunto “El Mencho”, se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico internacional y posesión de armas de fuego. Tras haber sido extraditado en febrero de 2025, el Departamento de Justicia de EE. UU. sostiene que el capo operó durante más de dos décadas en el tráfico masivo de cocaína y metanfetaminas, pasando del Cártel del Milenio a asumir roles clave en el CJNG como la compra de precursores químicos, la gestión de laboratorios y el blanqueo de capitales. La sentencia definitiva fue programada para el 13 de noviembre de 2026, fecha en la que un juez federal determinará su condena, la cual podría ir desde un mínimo obligatorio de 15 años de prisión hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.
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