En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
Un sacerdote legionario, Antonio María Cabrera Cabrera, fue detenido en el AICM por violación reiterada de un menor. Aunque la Iglesia minimizó los abusos —incluso calificándolos como "atracción puntual"—, la víctima, tras años de silencio, logró que la justicia civil actuara. Ahora, el religioso enfrenta prisión preventiva en el penal de Barrientos, mientras el caso expone el encubrimiento de los Legionarios de Cristo
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En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
Violencia sin freno: mandan otros 1,600 efectivos a Sinaloa y la estrategia sigue en entredicho
En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
EMEEQUIS.- A casi un año de que estallara una nueva ola de violencia en Sinaloa, las autoridades federales vuelven a apostar por la militarización como solución inmediata, aunque los resultados hasta ahora no acompañen la estrategia.
Con más de mil homicidios registrados desde septiembre de 2024, y tras una creciente presión social por la inseguridad, el gobierno federal anunció esta semana el envío de mil 600 elementos más a territorio sinaloense, en un esfuerzo por contener una violencia que parece haber rebasado cualquier despliegue logístico.
La medida fue anunciada tras una reunión en Culiacán entre el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), General Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador Rubén Rocha Moya. Según informaron, los 400 nuevos elementos de la SSPC y mil 200 militares adicionales tienen la misión de reforzar los “polígonos prioritarios” de violencia en la entidad.
Aunque el anuncio fue presentado como una nueva etapa de reforzamiento, lo cierto es que Sinaloa ya contaba con una fuerte presencia militar desde abril de 2025, cuando se estimaba el despliegue de al menos 2,600 elementos federales (incluyendo Fuerzas Especiales y Guardia Nacional). Con los nuevos refuerzos, la cifra superaría los 4,200 efectivos en total.
Sin embargo, esa presencia no evitó la muerte de más de mil personas en los últimos nueve meses, ni frenó los enfrentamientos armados, ni desarticuló las estructuras criminales que mantienen en vilo a municipios como Culiacán, Mazatlán, Guasave y Salvador Alvarado.
La violencia en la región está vinculada, según informes de inteligencia, a una disputa interna entre dos facciones del Cártel de Sinaloa: “Los Chapitos” y “La Mayiza”, cuyos enfrentamientos han dejado un saldo creciente de ejecuciones, desapariciones y comunidades atemorizadas.
Además del envío de tropas, el gobierno local y federal anunciaron medidas complementarias: más cámaras de videovigilancia, ampliación del alumbrado público y un mayor esfuerzo en inteligencia operativa. Pero ni los operativos, ni las conferencias de prensa, ni las fotos oficiales han logrado revertir la percepción —y la realidad— de que el crimen sigue marcando el pulso del estado.
“Nos estamos enfocando en los puntos críticos para reducir los delitos de alto impacto”, declaró Rocha Moya al término de la reunión, y agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Estamos trabajando de forma coordinada por el bienestar de las y los sinaloenses”, insistió.
No obstante, los resultados aún no acompañan la narrativa oficial. La estrategia nacional de seguridad, basada en la contención y militarización, ha mostrado límites estructurales frente a la diversificación y poder económico de los grupos criminales.
UN DEBATE POSTERGADO
La insistencia en enviar más militares para contener la violencia en estados como Sinaloa abre nuevamente el debate: ¿puede la seguridad depender exclusivamente de fuerzas armadas, sin fortalecer policías locales, justicia civil y programas sociales sólidos?
Mientras ese debate sigue sin abordarse con profundidad en la esfera pública y política, las familias sinaloenses siguen viviendo con miedo, los homicidios se acumulan y los mismos rostros aparecen cada seis meses prometiendo “revisar la estrategia” sin que haya cambios de fondo.
En medio de una creciente ola de violencia que ha dejado más de mil homicidios en nueve meses, el gobierno federal y estatal acordó enviar 1,600 elementos más de fuerzas federales a Sinaloa, sumando ya 4,200 efectivos desplegados. La estrategia de seguridad fue revisada en Culiacán por Omar García Harfuch, el titular de la Defensa y el gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque se anunció mayor presencia militar, cámaras y luminarias, persisten dudas sobre la efectividad de la militarización en un estado sumido en una disputa interna del Cártel de Sinaloa
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