La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.
La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dará este viernes detalles sobre la explosión en Iztapalapa que dejó 31 muertos, en medio de una controversia por la reserva de videos y registros del caso. EMEEQUIS ha cuestionado la versión oficial y evidenciado que la FGJ-CDMX decidió mantener la información oculta hasta 2027, generando dudas sobre la transparencia y la verdad sobre la velocidad de la pipa y la responsabilidad del chofer.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Videos de explosión de Iztapalapa deberían ser públicos: expertas
La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Por Maricarmen Gutiérrez Romero, Natalia Ortiz y Miguel Ángel Teposteco Rodríguez
EMEEQUIS.- La volcadura y explosión de una pipa de gas en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre estremeció a la Ciudad de México. Aunque la ciudadanía exige conocer qué pasó, la Fiscalía de la CDMX insiste en no mostrar los videos de aquel día.
La dependencia argumenta que revelar las imágenes podría afectar la investigación y los derechos de las víctimas. Sin embargo, se contradice, ya que había mostrado videos del C5 en las primeras horas tras la tragedia.
Las imágenes revelaban cómo la pipa avanzaba unos metros, desaparecía del ángulo de la cámara y, segundos después, una densa nube blanca de combustible se extendía hasta cubrir árboles, autos y edificios, seguida de una explosión que consumió todo a su paso.
Semanas después, EMEEQUIS solicitó a la Fiscalía, mediante la solicitud de transparencia número 092453825002424, el acceso a todos los videos disponibles del C5 y de particulares. La respuesta fue negativa, alegando que el material forma parte de la carpeta de investigación, por lo que está clasificado por tres años.
“Buenas tardes. Quisiera una copia de todos los videos de la explosión de Santa Marta del 10 de septiembre, tanto de cámaras del C5 como de privados que hayan sido proporcionados por civiles”, fue la solicitud enviada por este medio.
“EL INTERÉS PÚBLICO ESTÁ POR ENCIMA”: JULIETA DEL RÍO
En entrevista para EMEEQUIS, Julieta del Río Venegas, excomisionada del extinto INAI, señaló que, aunque la ley permite clasificar información de una carpeta de investigación, la Fiscalía debió justificar la “prueba de daño”, demostrando por qué la difusión de esos videos afectaría el proceso judicial o los derechos de las víctimas, algo que no ha ocurrido.
“Ellos dicen que lo hacen por respeto a las personas involucradas, pero no se visualiza si el Comité de Transparencia valoró la prueba de daño. Eso es fundamental, pues así lo marca la ley”, explicó.
Del Río agregó que la fiscal Bertha Alcalde incurre en contradicciones:
“Ella dijo que clasificaron la información porque así lo hacen en todos los expedientes, pero al mismo tiempo convocó a una conferencia el 10 de octubre para mostrar algunos videos. Quieren reservar la información, pero solo mostrar una parte. Desde mi perspectiva, está mal fundamentado, porque el interés público prevalece”.
“NO HAY RAZÓN JURÍDICA PARA RESERVARLOS”: MARÍA MARVÁN
María Marván Laborde, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y excomisionada presidenta del entonces IFAI, coincidió en que la reserva carece de justificación legal.
“Ciertamente los videos forman parte de la carpeta de investigación, pero eso no significa que deban reservarse. Ya hicieron públicos algunos; como mínimo deberían entregarlos. Además, las imágenes no revelan hipótesis, imputaciones o datos personales sensibles.”
La Fiscalía informó que no podía proporcionar ningún video, pese a que se corroboró que solicitó imágenes a particulares. Marván señaló que el material tampoco puede considerarse de seguridad nacional, ya que la hipótesis oficial es un accidente con el chofer como único posible responsable.
“Si hubiera indicios de terrorismo, podría haber una razón para reservarlos. Pero no es el caso. Entonces, no hay razón jurídica válida para mantenerlos ocultos.”
Sobre el plazo de tres años, la especialista lo consideró excesivo:“Si la investigación está bajo la hipótesis de accidente, la reserva debería concluir antes. Al hacerlo así, alimentan las sospechas públicas: si fue un accidente, ¿por qué censurar los videos? ¿Qué se está viendo que no quieren mostrar?”
“Al reservarlos hacen más daño a la opinión pública que entregando la información completa. Generan el famoso sospechosismo”.
IMÁGENES CLAVES Y FALTA DE TRANSPARENCIA
La reserva de los videos podría esclarecer detalles cruciales: velocidad del vehículo, estado de la carretera o posibles fallas mecánicas. Sin embargo, se suma a la larga lista de baches en el proceso de la Fiscalía: incongruencias, retrasos y falta de comunicación con las víctimas.
Por ahora, las imágenes que millones vieron en redes sociales siguen siendo las únicas pistas visibles de una tragedia que, más allá de su dimensión humana, ha puesto a prueba los límites de la transparencia y el derecho a la información en la CDMX.
Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas. A casi un mes del siniestro, no hay conclusiones periciales definitivas ni claridad sobre las responsabilidades de la empresa de gas ni de las autoridades encargadas del transporte de combustibles.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.
La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dará este viernes detalles sobre la explosión en Iztapalapa que dejó 31 muertos, en medio de una controversia por la reserva de videos y registros del caso. EMEEQUIS ha cuestionado la versión oficial y evidenciado que la FGJ-CDMX decidió mantener la información oculta hasta 2027, generando dudas sobre la transparencia y la verdad sobre la velocidad de la pipa y la responsabilidad del chofer.
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