La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
Los Inzunza, acusados de terrorismo, están ligados a decomiso histórico de fentanilo
El Departamento de Justicia de Estados Unidos utilizó la figura de narco-terrorismo para acusar a Pedro Inzunza Noriega y a su hijo, Pedro Inzunza Coronel, por tráfico de drogas. Están detrás del decomiso de más de una tonelada de fentanilo de diciembre pasado.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
EMEEQUIS.– Por primera vez, el Departamento de Justicia de Estados Unidos utilizó la figura de narco-terrorismo para acusar a Pedro Inzunza Noriega y a su hijo, Pedro Inzunza Coronel, ambos del Cártel de Sinaloa (de la facción Beltrán Leyva).
La acusación se basa por los delitos de tráfico de fentanilo, metanfetamina y heroína, de acuerdo con Adam Gordon, fiscal general del distrito sur de California.
Estos personajes fueron mencionados en el decomiso histórico de más de una tonelada de fentanilo que fue anunciado por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch el 3 de diciembre pasado.
Según se publicó en varios medios en ese entonces, los detenidos en ese operativo pertenecían a una célula del narcotráfico vinculada al Cártel de los Beltrán Leyva, una facción del Cártel de Sinaloa.
Se trata de dos integrantes que fueron identificados como Elier Jassiel Esquerra Félix y Javier Alonso Vázquez Sánchez, que a su vez pertenecen a la célula de Fausto Isidro Meza Flores “El Chapo Isidro” que opera en la región de Guasave, Sinaloa.
Dicha célula criminal estaría liderada precisamente por Pedro Inzunza Coronel “El Pichón”, con presencia en la ciudad de Los Mochis, en el norte de la entidad. Inzunza Coronel es hijo de Pedro Inzunza Noriega alias “Sagitario”, quien fuera capo de los hermanos Beltrán Leyva.
Los acusan de tráfico masivo de fentanilo, cocaína y metanfetamina, terrorismo y narcotráfico.
El comunicado del Departamento de Justicia dice que Pedro Inzunza Noriega y su hijo, Pedro Inzunza Coronel, están acusados de narcotráfico, narcotráfico y lavado de dinero como líderes clave de la Organización Beltrán Leyva (OBL), “una facción poderosa y violenta del Cártel de Sinaloa, considerada la red de producción de fentanilo más grande del mundo”.
Pedro Inzunza Noriega.
Otros cinco líderes de la OBL están acusados de narcotráfico y lavado de dinero. La acusación formal es consecuencia directa de la Orden Ejecutiva 14157 del presidente Trump, que designó al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera, y de la posterior designación de la misma por parte del Secretario de Estado el 20 de febrero de 2025.
“El Chapo Isidro”.
“El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista compleja y peligrosa, y desmantelarlo exige una respuesta legal innovadora y contundente”, declaró la fiscal general, Pamela Bondi. “Se acabaron sus días de brutalizar al pueblo estadounidense sin consecuencias; buscaremos cadena perpetua para estos terroristas”.
En el despacho para la prensa del Departamento de Justicia también se hace mención a las ligas de ambos Inzunza con el decomiso histórico realizado el 3 de diciembre:
“Pedro Inzunza Noriega colabora estrechamente con su hijo, Pedro Inzunza Coronel, para producir y traficar agresivamente fentanilo a Estados Unidos, según ha alegado el gobierno. Documentos judiciales indican que, juntos, padre e hijo lideran una de las redes de producción de fentanilo más grandes y sofisticadas del mundo. En los últimos años, han traficado decenas de miles de kilogramos de fentanilo a Estados Unidos. El 3 de diciembre de 2024, las autoridades mexicanas allanaron varios lugares en Sinaloa controlados y administrados por padre e hijo, e incautaron 1,500 kilogramos (más de 1.65 toneladas) de fentanilo, la mayor incautación de fentanilo del mundo”.
La gestión de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) entre 2019 y 2026 se ha caracterizado por el nombramiento de perfiles con nula experiencia técnica en materia energética, priorizando el amiguismo y la lealtad política sobre el profesionalismo. Desde el inicio del sexenio de López Obrador con Ángel Carrizales hasta las designaciones de Claudia Sheinbaum, la dirección de este organismo clave ha sido ocupada por exintegrantes de la ayudantía presidencial, abogados de atención a víctimas y exfuncionarios de turismo o de la Profeco, una falta de especialización que hoy cobra relevancia ante crisis ambientales como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México
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La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.
La carrera por Hermosillo en 2027 plantea un dilema entre la nostalgia de lo conocido y el potencial de lo nuevo, enfrentando el "techo de cristal" de Alejandro López Caballero —quien posee un alto reconocimiento pero nulo margen de crecimiento y pesados negativos— contra la proyección estratégica de Flor Ayala, cuyo perfil en construcción le permite conectar con el robusto sector de votantes independientes. Mientras el exalcalde parece limitado por una historia política ya juzgada y un apoyo fraccionado, Ayala surge como una opción con margen de maniobra y capacidad de respuesta para un electorado crítico que, más allá de recuerdos, busca posibilidades reales de futuro.
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