La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.
La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dará este viernes detalles sobre la explosión en Iztapalapa que dejó 31 muertos, en medio de una controversia por la reserva de videos y registros del caso. EMEEQUIS ha cuestionado la versión oficial y evidenciado que la FGJ-CDMX decidió mantener la información oculta hasta 2027, generando dudas sobre la transparencia y la verdad sobre la velocidad de la pipa y la responsabilidad del chofer.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
EMEEQUIS.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) enfrenta sus últimos días con un presupuesto reducido casi a la mitad. En una sesión extraordinaria celebrada el pasado 30 de diciembre, la Comisionada Julieta del Río Venegas informó que el organismo contará con apenas 499 millones 990 mil 582 pesos para operar durante su tramo final en 2025, una cifra que representa el 49% de los 994 millones solicitados inicialmente.
Esta drástica reducción presupuestaria no es casualidad, sino el resultado de una decisión política que, bajo el argumento de una transición ordenada, limita el margen de acción de un organismo clave para la rendición de cuentas y la protección de datos personales en el país, según denunció el organismo de transparencia.
El comunicado denuncia que los recursos asignados apenas alcanzarán para cubrir la nómina de sus 759 trabajadores por cuatro meses, el arrendamiento de sus instalaciones y los costos básicos de operación.
Julieta del Río subrayó que se priorizará la seguridad perimetral de la Plataforma Nacional de Transparencia, un sistema que resguarda casi 15 mil millones de registros de obligaciones de transparencia y que ha enfrentado más de 389 millones de intentos de ciberataques en 2024. Sin embargo, la incertidumbre sobre el destino de esta infraestructura digital crece ante la falta de claridad en las leyes reglamentarias que definirán el futuro de las funciones del INAI.
La sesión extraordinaria también dejó ver la preocupación por la liquidación de los trabajadores y el respeto a los contratos plurianuales. Aunque la Comisionada asegura que se trabajará hasta el último día para garantizar una transición ordenada, lo cierto es que la falta de presupuesto adecuado limitará la capacidad de respuesta del organismo en este tramo final.
Comisionados en lucha por rescatar datos públicos.
El desmantelamiento presupuestario del INAI es un síntoma de una crisis más profunda: la regresión en materia de transparencia y acceso a la información. Más allá de los discursos institucionales, la realidad es que el derecho a saber y la protección de datos personales en México están en riesgo. El escenario actual deja entrever una transición opaca, donde la vigilancia ciudadana sobre los recursos públicos podría quedar gravemente debilitada.
Julieta del Río concluyó su intervención reiterando su compromiso con la ciudadanía y con el mandato constitucional que le fue conferido, pero el mensaje es claro: el INAI se apaga, no por falta de voluntad, sino por un presupuesto que lo condena a una extinción anticipada.
CIUDAD DE MÉXICO, 20NOVIEMBRE2024.- Adrián Alcalá, consejero presidente del INAI, Blanca Ibarra, Josefina Román y Norma Julieta del Río, comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, durante la Sesión Ordinaria en el Pleno del Instituto.
FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM
LA DISOLUCIÓN DEL INAI
El pasado 28 de noviembre, con 86 votos a favor y 42 en contra, el Senado aprobó en lo general y lo particular (86-40) desaparecer el INAI, IFT, Cofece,, CRE, CNH, Coneval y Mejoredu, los cuales serán transferidos a distintas secretarías. El dictamen pasa a congresos estatales para ser aprobado en al menos 17 y luego promulgar la ley.
La Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno asumirá las funciones del INAI, pero hasta ahora no se ha ofrecido una solución concreta para los empleados que han quedado en el limbo.
La fiscal Bertha Alcalde presentó avances de la investigación del accidente de la pipa en La Concordia, que dejó 31 muertos, sin responder si existía un historial de accidentes previo. La FGJCDMX concluyó que el conductor excedió la velocidad, incumplió exámenes de seguridad y descansos obligatorios, y fincó responsabilidades a la empresa Silza, mientras se usó el video del C5 como evidencia principal.
Santiago Alamilla, vocal del colectivo, dijo que de 833 solicitudes de información, el 35% fueron incompletas o insuficientes. Se detectaron evasivas, negativas injustificadas, desigualdades regionales y fallas técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia. El 78% de los periodistas reportó afectar su trabajo por falta de acceso a datos, y la calificación global del sistema actual es de 5.7/10, reflejando un marcado retroceso
La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.
La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, dará este viernes detalles sobre la explosión en Iztapalapa que dejó 31 muertos, en medio de una controversia por la reserva de videos y registros del caso. EMEEQUIS ha cuestionado la versión oficial y evidenciado que la FGJ-CDMX decidió mantener la información oculta hasta 2027, generando dudas sobre la transparencia y la verdad sobre la velocidad de la pipa y la responsabilidad del chofer.
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