En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
La decisión de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez de conceder un amparo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, para frenar su extradición a Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de resistencia judicial justo cuando México desafía las presiones internacionales por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En medio de acusaciones de narcotráfico y homicidio, la resolución refuerza el discurso de soberanía impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el país no aceptará subordinación sin pruebas irrefutables, marcando un punto de inflexión entre la independencia judicial mexicana y las exigencias de Washington
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
Bertha Alcalde, a un paso de ser la nueva fiscal de la CDMX
La Comisión de Administración y Procuración de Justicia decidió que Bertha Alcalde Luján sea la nueva fiscal, ahora sólo falta el pleno del Congreso CDMX.
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
El dictamen tiene que ser ratificado por el pleno. Foto: Cuartoscuro.com.
EMEEQUIS.– La Comisión de Administración y Procuración de Justicia decidió que Bertha Alcalde Luján sea quien ocupe la titularidad de la Fiscalía General de la Ciudad de México. Su designación fue respaldada por nueve votos a favor, tres en contra y cero abstenciones.
A partir del 10 de enero Bertha María Alcalde Luján asumirá como titular de la Fiscalía General de Justicia Capitalina tras la aprobación del dictamen por la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.
Al respecto, el diputado Alberto Martínez Urincho (Morena), presidente de esta comisión, aseguró que para este dictamen se consideraron las expresiones de todas las diputadas y diputados integrantes de la comisión, y se construyó a partir de las cédulas de evaluación de las personas aspirantes.
En su comparencia prometió autonomía.
“La procuración de justicia es una actividad notable, honorable y en favor de la protección más amplia de los derechos de las personas”, expresó el legislador.
“Cada una de las personas que integramos esta comisión hemos expuesto, mediante las cédulas de evaluación, nuestro parecer al respecto y la tendencia de nuestra apreciación ha favorecido notablemente a la aspirante Bertha Alcalde”, redondeó.
En un comunicado del Congreso se explica que, como parte de este proceso de designación, el Consejo Judicial Ciudadano de la Ciudad de México integró los expedientes personales de las personas aspirantes, verificó el cumplimiento de los requisitos formales, recibió las opiniones ciudadanas, examinó a las y los aspirantes, deliberó y votó por mayoría calificada la integración de la terna de personas aspirantes, la cual se remitió a la jefa de Gobierno que después de avalarla la envió al Congreso de la Ciudad de México.
Para la elaboración del dictamen, la comisión dictaminadora habilitó y procedió a sustanciar un procedimiento público y abierto, y atendió a las reglas aplicables en su régimen interno, respetando los principios de certeza, legalidad, transparencia, máxima publicidad, revisión de cuentas, interés social y el derecho a la buena administración, con carácter receptivo, eficaz y eficiente.
En votación nominal de las diputadas y diputados integrantes de esta comisión, el dictamen se aprobó con nueve votos a favor, tres en contra y cero abstenciones.
Los otros dos aspirantes eran Ulrich Richter Morales y Anaid Valero Manzano.
El dictamen pasará al pleno del Congreso capitalino, para ser votado en sesión ordinaria prevista para el lunes 23 de diciembre, en el que tendrá que ser aprobado por dos terceras partes de los legisladores.
En caso contrario, el Consejo Judicial Ciudadano deberá de integrar una nueva terna y repetir el proceso.
PROMETIÓ AUTONOMÍA
Previamente, en su comparecencia, Alcalde prometió que no cederá a presiones y será autónoma. “Hay que evitar presiones de todo tipo, presiones mediáticas, presiones de poderes constituidos, como el ejecutivo, de poderes como el Legislativo, de poderes económicos. Hay que entender la autonomía en todas sus dimensiones y eso es fundamental que se vea. Estoy realmente determinada a poder avanzar hacia allá. Se requiere para el tema de la autonomía se requiere poder tener ya lo decía criterios muy claros respecto”.
Bertha María Alcalde Luján se ha postulado para diversos cargos sin consolidarse en uno desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Primero buscó ser titular del Instituto Nacional Electoral (INE) y luego intentó convertirse en ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Finalmente, fue designada como titular del ISSSTE en sustitución de Pedro Zenteno Santaella.
Aunque el nombramiento se otorgó el 19 de febrero, la información se hizo oficial hasta el 28 del mismo mes y versiones apuntaron a que se trataba de un premio de consolación por parte del presidente López Obrador, debido a que no había quedado ni en el INE ni como ministra.
En 2023, Alcalde Luján formó parte de los finalistas para convertirse en titular del INE, sin embargo, ese cargo lo obtuvo la actual consejera presidenta Guadalupe Taddei. Meses después fue parte de la terna propuesta por el expresidente López Obrador para ocupar un lugar en la SCJN. Sin embargo, declinó a favor de Lenia Batres, quien finalmente fue nombrada ministra. Este acto provocó que el expresidente expresara su conmoción y diera a entender que buscaría un puesto en el que Alcalde Luján pudiera desempeñarse.
Bertha María Alcalde Luján proviene de una familia cercana a la Cuarta Transformación (4T). Su hermana, Luisa María Alcalde, es la actual presidenta nacional de Morena y, durante el sexenio pasado, se desempeñó como secretaria del Trabajo y después como Secretaria de Gobernación. Por su parte, su madre, Bertha Luján Uranga, fue una de las fundadoras y dirigentes históricas de Morena, además de ser cercana al presidente López Obrador.
Alcalde Luján es licenciada en Derecho por la UNAM y maestra por la Universidad de Nueva York. Se ha especializado en Derecho Penal y Derecho Comparado.
En la conferencia matutina del 1 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura de firme defensa de la soberanía nacional, rechazando cualquier subordinación ante las presiones de Estados Unidos derivadas de las acusaciones de narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Al afirmar que "en México decidimos los mexicanos", la mandataria desestimó encontrarse en una posición de debilidad y condicionó la actuación de su gobierno a la presentación de pruebas y al debido proceso de la Fiscalía General de la República, amparando a Rocha Moya bajo la presunción de inocencia. No obstante, este espaldarazo oficial ocurre en un clima de alta tensión diplomática y ante revelaciones periodísticas que señalan una presunta red financiera de la familia del gobernador que habría desviado cientos de millones de pesos en recursos públicos.
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, abre un escenario complejo para México en distintos frentes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum sostiene que no actuará sin pruebas y rechaza estar bajo condicionamientos externos; analistas como Odracir Espinoza advierten que el caso se elevó a tema de seguridad nacional con posibles sanciones y efectos en la relación bilateral, mientras Jeanette Leyva señala riesgos inmediatos para el sistema financiero, que ya enfrenta mayores controles tras antecedentes recientes, en un contexto que también podría impactar la relación comercial y el escenario político interno
La salida de Ariadna Montiel Reyes de la Secretaría de Bienestar para integrarse a la dirigencia de Morena marca un punto de inflexión en la administración de Claudia Sheinbaum, provocando un intenso debate sobre la delgada línea entre la política social del Estado y la estrategia electoral del partido oficialista. Mientras el Gobierno justifica el movimiento como una transición natural de una "organizadora extraordinaria" hacia tareas del movimiento, la oposición y diversos críticos advierten sobre un posible conflicto de interés y el uso de los padrones de beneficiarios como herramientas de movilización política. Este relevo, que culminará formalmente en la próxima Asamblea Nacional, pone a prueba la ética de la "Cuarta Transformación" frente a las acusaciones de fusionar las estructuras gubernamentales con la maquinaria partidista para consolidar su hegemonía territorial.
La decisión de la jueza Azucena Lazalde Íñiguez de conceder un amparo a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, para frenar su extradición a Estados Unidos, se convirtió en un símbolo de resistencia judicial justo cuando México desafía las presiones internacionales por el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En medio de acusaciones de narcotráfico y homicidio, la resolución refuerza el discurso de soberanía impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien advirtió que el país no aceptará subordinación sin pruebas irrefutables, marcando un punto de inflexión entre la independencia judicial mexicana y las exigencias de Washington
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