Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
En reacción al reportaje “Paga 4T a legisladores y dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) decenas de millones en contratos”, el diputado Jorge Álvarez Máynez asegura que ya no es accionista de la empresa Información para la Democracia (aunque da dos fechas de salida). Desde un principio se había consignado su postura en la nota de EMEEQUIS y se le había solicitado un documento que entregó dos días después.
Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
.svg){kind=small}
EMEEQUIS.– El diputado federal por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, asegura que ya no es accionista de la empresa Información para la Democracia, negocio que fundó en 2008 con otros políticos que han militado en dicho partido.
Lo anterior, en reacción al reportaje “Paga 4T a legisladores y dirigentes de Movimiento Ciudadano (MC) decenas de millones en contratos”, publicado por EMEEQUIS el viernes 26 de mayo.
El legislador hizo llegar, hasta la noche del viernes 26, una captura de pantalla de un documento notarial en el que se consigna su salida de la sociedad comercial, pero fue hasta la tarde de este sábado cuando envió el documento de manera formal a esta redacción, dos días después de que se le solicitó.
La nota publicada el viernes por EMEEQUIS (CLICK).
Es preciso señalar que, antes de la publicación del reportaje, EMEEQUIS solicitó al diputado el documento que probara su separación del negocio, como de hecho se consigna en la publicación, puesto que no es público.
No obstante, cabe insistir que, en la plataforma electrónica del Registro Público de la Propiedad y el Comercio no obraba dicho documento hasta el viernes 26 de mayo de 2023 y el legislador sigue reportado con estatus de “socio activo”.
En el documento recabado por EMEEQUIS aún aparece como socio activo.
INCONSISTENCIAS
Por otro lado, el acta compartida por Álvarez Máynez, en la que se consigna su salida del negocio, señala como fecha el 1° de septiembre de 2014.
Pero en respuesta a la solicitud de postura solicitada por EMEEQUIS, la cual se consigna en el reportaje, señaló a través de su staff de prensa que tenía 11 años de haber salido de la empresa, es decir, en 2012.
Además, informó que su porcentaje accionario “era de 100 mil pesos, cerca del 2% de la empresa en ese entonces”, pero tal como aparece en la plataforma electrónica del Registro Publico de la Propiedad y el Comercio, se trataba de una participación del 25%, como lo señaló EMEEQUIS y lo admite finalmente el documento aportado por el emecista.
Por otra parte, comunicó a través de su staff que donó su participación accionaria: “Nunca recibió utilidades de esa empresa y regaló las acciones que en su momento poseyó”.
Sin embargo, en el documento enviado este sábado por el diputado, se consigna: “Se instruye al presidente del Consejo de Administración para efectos de recoger y cancelar los títulos accionarios que amparan 125 acciones cada uno a favor de los C. Manuel Felipe Álvarez Calderón y Jorge Álvarez Máynez, y una vez hecho ello reintegrar el capital aportado por los mismos en cantidad de $125,000 para cada uno de ellos”.
Además, consigna: “Se acordó designar al C. Raymundo Cárdenas Hernández para que en su caso y momento oportuno acuda ante el notario público de su elección a protocolizar el acta que de esta reunión se origine”.
CARTA COMPLETA DE JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ (CLICK)
ACTA NOTARIAL COMPLETA (CLICK)
Cabe señalar que Álvarez envió a la redacción de EMEEQUIS una carta aclaratoria la hasta la tarde de este sábado 27, después de que se le insistiera para que ejerciera su derecho de réplica a través de un documento formal.
En ella reclama que se le achaque que recibió la cantidad global de los contratos públicos recibidos por emecistas señalados en el reportaje, y menciona de nuevo que salió de la firma en 2014.
Señala:
“Sin embargo, tal y como he señalado en dichas redes sociales desde que se publicó la nota, la información es falsa e imprecisa, en virtud de las siguientes consideraciones:
1. La nota refiere textualmente lo siguiente: “Legisladores y dirigentes del partido Movimiento Ciudadano han recibido más de 35 millones de pesos de gobiernos morenistas a través de contrataciones públicas, de 2019 a la fecha, de acuerdo con una revisión de asignaciones y documentos patrimoniales, realizada por EMEEQUIS.
En la lista de empresas está la editorial Información para la Democracia, de la que es cofundador el coordinador emecista en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, la cual ha recibido recursos de entidades como la Secretaría de Gobernación en la gestión obradorista, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dependencias del gobierno de David Monreal Ávila en Zacatecas.”
Las afirmaciones transcritas resultan erróneas en razón de que el suscrito dejó de tener participación accionaria en la persona moral “Información para la Democracia” desde hace 11 años, y que se formalizó mediante la Escritura Pública Mil Cuatrocientos Ochenta,otorgada ante la fe del Notario Público no. 43 de la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas el 1 de septiembre de 2014, donde consta mi salida formal como accionista”.
SU POSTURA YA VENÍA EN LA NOTA
Sin embargo, en el reportaje aludido, se aclara su condición de fundador desde la cuarta línea y se deja abierta su condición hasta que aportara el documento solicitado por EMEEQUIS.
Además, en su misiva incluye una referencia de un post de una usuaria de Twitter que comenta que no hay obligación legal de registrar la venta de acciones, pero los artículos 73 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (LGSM), a partir de 2018 las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y por acciones simplificada, se encuentran obligadas a hacer pública la inscripción y traspaso de partes sociales o acciones en el Sistema Electrónico de Publicaciones de Sociedades Mercantiles (PSM) de la Secretaría de Economía (SE).
Todo lo cual coincide con las decenas de miles de actas de traspaso de acciones que obran en la plataforma del registro público y que son consultadas todos los días.
También pidió por WhatsApp, a través de su equipo de prensa, que se publique una relación de contratos de la empresa Construcciones Fesler, también de la familia Álvarez Maynez, con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que demuestra que ese negocio ha ganado menos dinero en este sexenio que en los tres anteriores.
OTROS CONTRATOS DE GOBIERNO
El reportaje en cuestión aborda varias empresas de dirigentes y legisladores de MC que han recibido transferencias de dinero por contratos públicos de administraciones morenistas, e incluye, entre otras empresas y personajes:
La empresas Whole Services, del diputado Edurado Ron Ramos, que obtuvo contratos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en el primer año del gobierno obradorista; Inmobiliaria y Urbanizadora Duranguense, del senador Juan Quiñones Ruiz, que facturó a la misma dependencia en 2020, y más de un año después renunció a MC para sumarse a Morena; y la ya referida Construcciones Fesler, de Juan Quiñonez Ruiz, que facturó más de medio millón de pesos con la CFE bajo la gestión de Manuel Bartlett.
En EMEEQUIS tenemos como norma ética contrastar nuestros hallazgos con la versión de las personas aludidas, situación que se aplicó desde un principio en la nota referida.
SEGUNDA ACLARACIÓN DE ÁLVAREZ MÁYNEZ
@emeequis
Powered by Froala Editor
Rocha Moya deja temporalmente el gobierno de Sinaloa tras la postura de la FGR de que iniciará sus propias investigaciones de sus presuntos vínculos con el narco.
El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, puso en marcha el Programa de Drenaje y Saneamiento de Nogales, una iniciativa estratégica respaldada por el gobierno federal y organismos internacionales que ejercerá una inversión superior a los 763 millones de pesos y 9.5 millones de dólares. Mediante la rehabilitación y ampliación de las plantas tratadoras Los Alisos, Puerta de Anza y Lomas de Anza, el proyecto busca elevar en un 36% la capacidad de saneamiento en la frontera, garantizando justicia social para las familias sonorenses y asegurando el cumplimiento de tratados binacionales al eliminar las descargas de aguas residuales hacia los arroyos transfronterizos.
En entrevista con EMEEQUIS, el diputado federal Mario Zamora Gastélum sentenció que la justicia de Estados Unidos está confirmando, mediante procesos de extradición y la intervención de un Gran Jurado, la trama delictiva que permitió el ascenso de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa en 2021. El legislador priista denunció que el actual clima de violencia en el estado es consecuencia de haber ignorado la intervención del narcotráfico en las urnas —recordando la soledad política que enfrentó al impugnar la elección sin apoyo de abogados locales por miedo a represalias— y exigió a la administración de Claudia Sheinbaum que la FGR aclare el "montaje" en el asesinato de Héctor Melesio Cuén, advirtiendo que, ante la seriedad de las investigaciones internacionales y el retiro de visas a funcionarios, el gobierno mexicano debe actuar bajo la premisa de "tope donde tope"
El titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Raúl Armando Jiménez Vázquez, ha frenado la detención provisional con fines de extradición del gobernador Rubén Rocha Moya, argumentando una absoluta falta de evidencias y fundamentos que justifiquen la urgencia del pedimento estadounidense. Mientras la FGR exige a la Cancillería solicitar pruebas "contundentes" a Washington bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, voces críticas como la del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet denuncian una falta de autoridad moral y jurídica del Gobierno de México, señalando que se busca una secrecía inexistente en los tratados y recordando la entrega previa de 92 presuntos delincuentes a Estados Unidos sin el debido apego a los marcos legales
