Acusan a Andrea Chávez de promoverse ilegalmente para la gubernatura de Chihuahua

Las 15 denuncias se basan en presuntos actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos en Chihuahua. Fotos: Victoria Valtierra / Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– El PAN acusó a Andrea Chávez ante la FGR por supuestos actos anticipados de campaña y uso indebido de recursos. 

El presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la senadora de Morena, Andrea Chávez.  

El asunto se basa en presuntos actos anticipados de campaña y el uso indebido de recursos públicos en Chihuahua. Esto por el empleo de ambulancias con su imagen en el estado. 

Las unidades están rotuladas con el nombre e imagen de Andrea Chávez, lo que ha llevado a que se le acuse de usarlas como herramienta de autopromoción electoral, un acto considerado ilegal si se realiza con fines políticos fuera de los plazos establecidos. 

Romero afirmó que la denuncia contempla la probable comisión de al menos 15 delitos relacionados con los donativos que ha recibido la legisladora para la iniciativa “Caravanas de la Salud” en el estado. 

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“Venimos a denunciar todo lo contrario a eso que ofrecían por actos que son ilegales por parte de una legisladora federal de Chihuahua, Andrea Chávez, en donde estamos absolutamente convencidos que está haciendo una campaña anticipada. ¿Está mal que ella tenga una aspiración? Pues que va a estar mal, pues cada quien tiene derecho a su aspiración. Nada más que lo que está pasando es ilegal”, declaró el dirigente panista.

Por su parte, Daniela Álvarez, presidenta de la Comisión Estatal del PAN en Chihuahua, también se pronunció sobre el caso, asegurando que Chávez está consciente de que sus acciones podrían constituir delitos.

“La senadora sabe que está haciendo mal, y tan sabe que está haciendo mal que esas unidades de salud prácticamente las tiene escondidas, además de haberles retirado las placas de circulación. ¿Por qué retiró las placas? Porque esas placas no eran del estado de Chihuahua.

Hay una evidente manipulación y un evidente uso de recursos descarado y desproporcionado. No hay manera de que la senadora tenga acceso legal a la cantidad de recursos que maneja en el estado de Chihuahua. No nada más las unidades de salud, también el dispensario y las carteleras.

Si ustedes acuden al estado de Chihuahua, podrán darse cuenta de que, desde que era diputada federal hasta la fecha, de manera permanente hay anuncios espectaculares a lo largo y ancho del territorio estatal. Por eso estamos hoy aquí”, señaló Álvarez.

Además, el abogado Roberto Gil Zuarth, representante legal de la denuncia, calificó la situación como “probablemente el mayor escándalo de corrupción política de la que tengamos memoria”. Además, especificó los delitos por los que se acusa a la senadora: defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita, apropiación indebida de recursos públicos y privados, y esquema de delincuencia organizada.

CADA UNIDAD VALE 10 MILLONES DE PESOS MENSUALES 

El foco de las acusaciones está en el origen y financiamiento de estas ambulancias y camiones médicos, que ofrecen servicios de salud gratuitos en comunidades vulnerables. 

Según reportes,estas unidades pertenecen a la empresa privada FMedical, propiedad de Fernando Padilla Farfán, un empresario supuestamente cercano a Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena en el Senado. 

Se estima que el costo mensual de operar estas caravanas asciende a unos 10 millones de pesos por unidad, y Chávez ha reconocido tener varias, lo que elevaría el gasto a decenas de millones de pesos mensuales. 

La oposición y críticos cuestionan de dónde provienen estos recursos, ya que el salario de una senadora no podría cubrir tales montos, sugiriendo posibles irregularidades como lavado de dinero, peculado o financiamiento ilegal, actos señalados en la demanda del PAN. 

Chávez, por su parte, ha defendido las caravanas como una iniciativa de gestión social, afirmando que los recursos provienen de donativos o convenios con el sector empresarial, aunque no ha presentado documentación clara que respalde esta versión, lo que ha generado contradicciones y más sospechas. 

Ella sostiene que las acusaciones son parte de una persecución política por parte del gobierno estatal de Chihuahua, liderado por el PAN, y de figuras de la oposición.

@emeequis