A pesar de que las plataformas de movilidad han implementado medidas de seguridad, diversas fiscalías estatales en México reportan una persistente incidencia de violencia de género y agresiones sexuales en estos servicios, destacando casos en Jalisco, Sinaloa y Sonora. Mientras entidades como la CDMX transparentan agresiones en taxis tradicionales pero mantienen opacidad sobre las cifras específicas de las aplicaciones, colectivas feministas y casos emblemáticos como los de Mara Castilla y Debanhi Escobar subrayan la vulnerabilidad de las usuarias. Ante este panorama, aunque empresas como Uber e inDrive defienden sus protocolos de colaboración policial y monitoreo tecnológico, la falta de registros unificados y la recurrencia de denuncias públicas exponen una “realidad silenciosa” que aún queda lejos de ser resuelta por la justicia y la tecnología.