La autonomía municipal en México enfrenta una crisis sistémica debido a una ofensiva centralista que ha asfixiado financieramente a los ayuntamientos y los ha dejado vulnerables ante el crimen organizado. A través de la eliminación de fondos estratégicos como el FORTASEG y el Fondo Minero, así como la imposición de reformas como el Plan B que limitan la integración de cabildos desde la Federación, se ha debilitado el nivel de gobierno más cercano a la ciudadanía. Mientras el debate legislativo se concentra en la reducción de regidurías bajo un discurso de austeridad, los municipios operan con servicios públicos deficientes y sin blindaje institucional contra la violencia político-criminal, lo que compromete la gobernabilidad local y la seguridad territorial del país.