El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) ha escalado la crisis de derechos humanos en México al nivel de la Asamblea General, tras determinar que existen indicios fundados de crímenes de lesa humanidad y un patrón sistemático de colusión entre agentes del Estado y el crimen organizado. A través de la activación del Artículo 34, el organismo internacional denunció una “impunidad absoluta” y el uso de recursos públicos para cometer desapariciones, señalamientos que el Gobierno de México rechazó tajantemente al calificar el informe de “parcial y sesgado”