La iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales fue turnada por el Ejecutivo al Congreso, pero su discusión se aplazará hasta 2026 y su entrada en vigor será gradual a partir de 2027. Aunque se presume como un avance histórico, el calendario legislativo convierte la propuesta en una promesa diferida, mientras millones de trabajadores seguirán bajo uno de los esquemas más extensos de América Latina