Ante la creciente polémica por la “Ley Serrano” en San Luis Potosí —un marco legal que ha derivado en el acoso judicial, la investigación de siete periodistas y el encarcelamiento de comunicadores bajo la premisa de usar inteligencia artificial para generar “caos social”—, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo urgió a abrir un debate nacional para regular esta tecnología, pero advirtió sobre el grave riesgo de recurrir a la vía penal, señalando que existe una línea muy delgada entre el castigo y la censura. Aunque la mandataria federal admitió no conocer los detalles específicos de la reforma potosina, rechazó que el Estado sea omiso ante la rapidez del avance tecnológico y llamó a construir una regulación social conjunta que proteja la libertad de expresión