El gobierno de la CDMX contrató a tres empresas con el mismo domicilio fiscal y representante legal para realizar diversas obras, incluyendo la demolición del edificio siniestrado del PCC I del Metro. Entre 2019 y 2024, estas empresas recibieron adjudicaciones directas por millones de pesos, a pesar de compartir vínculos que generan dudas sobre la transparencia en los procesos