El caso de la regidora de Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, exhibe un grave ejemplo de posesión ilegal de fauna silvestre y posible tráfico de especies en peligro de extinción. Tras viralizarse un video donde golpea a un mono araña, la funcionaria negó ser la propietaria del animal, pero imágenes y publicaciones previas la contradicen. Expertos advierten que al mentir a la Profepa agravó su situación jurídica, pasando de una infracción administrativa a posibles delitos federales de posesión, transporte y tráfico de fauna silvestre, con penas que podrían alcanzar hasta nueve años de prisión. El caso, que involucra a un animal catalogado en peligro de extinción, refleja tanto la impunidad con la que operan servidores públicos como las fallas estructurales en la vigilancia ambiental en México.