La explosión de una pipa en Iztapalapa dejó 31 muertos y la Fiscalía de la CDMX ha decidido reservar los videos del C5 y de particulares por tres años, pese a haber mostrado algunas imágenes inicialmente. Expertas en transparencia consideran que la medida carece de justificación legal y que el interés público debería prevalecer. Mientras tanto, las familias de las víctimas continúan esperando respuestas y la investigación oficial no aclara responsabilidades.